El Gobierno de Vladimir Putin prepara un nuevo golpe contra los inversores internacionales que no han podido deshacerse de su apuesta en Rusia. Según ha reconocido esta semana el ministro de finanzas, Ivan Chebeskov, el Kremlin está preparando un decreto presidencial que incluirá una polémica medida, el 'super derecho de preferencia'. Esta nueva figura legal permitirá al Gobierno comprar acciones de compañías a inversores extranjeros sin que estos tengan la opción de negarse, marcando el precio.
De este modo Rusia planea adquirir una gran cantidad de títulos en el mercado bursátil con los que reforzaría el control sobre las industrias clave del país con un gran descuento, con el que incluso podrían sacar partido a través de una reventa. Las estimaciones como las de Kaiser Consulting hablan de que esperan por lo menos una rebaja del 50% sobre el valor de mercado de las adquisiciones que emprendería el Kremlin en el mercado de valores.
Putin lleva desde principios de año sondeando esta opción para compensar, al menos en parte, el golpe económico de una guerra que sigue lastrando de forma clara su presupuesto. Este verano, la agencia de noticias Interfax ya hablaba de este decreto, que estaría planeado desde 2022 y buscaría a través de esto recaudar fondos vendiendo parte de las mismas acciones a precio de mercado.
El PIB de Rusia creció un 4,9% el último trimestre apoyado por el petróleo. El país llevaba cuatro trimestre consecutivos de retrocesos, que marcaron una clara recesión. Sin embargo, la inflación sigue campando a sus anchas por el país euroasiático, encontrándose actualmente en el 6,7% a pesar de que a principios de año parecía controlada. Esta situación ha llevado a su banco central a subir los tipos de interés hasta el 15%. Con todo este caldo de cultivo, Putin pretende gastar un 70% más en Defensa para sufragar la guerra de Ucrania, hasta los 106.000 millones de euros. Por ello encontrar nuevas fuentes de financiación es clave para los planes de Rusia a corto y medio plazo.
Con esta medida, el Kremlin da un paso más en una serie de movimientos que han ido sucediéndose desde el comienzo del conflicto para utilizar a las empresas occidentales para pagar parte de la guerra. Las más comunes han sido tomar directamente el control de activos de estas firmas en Rusia. El último caso ha sido la integración de Carlsberg dentro de una agencia de propiedad pública vía decreto. Hizo lo propio este verano con Danone y en abril con la finlandesa Fortum y Unipro.
Pero volviendo al 'superderecho preferente', el ministro de Finanzas del país quiso matizar que esta medida solo se aplicará en empresas estratégicas, en sectores clave. "La idea es que esto solo fuera para empresas en las que el Estado tiene participación, una lista concreta de firmas". El problema es que, según Anders Aslund, investigador del Instituto Peterson de Economía Internacional, un tercio de la capitalización bursátil rusa es propiedad del Estado. Esta propiedad se concreta solo en cuatro industrias, la energética, la banca, el transporte y la industria energética.
El 27% del capital flotante de Rusia es de inversores 'hostiles'
Además, la mayoría de los inversores extranjeros se concentraron en dichas compañías, como Lukoil, Rosneft, Sberbank, Russian Railways o VTB porque son las empresas más grandes del principal índice del país. Los datos más recientes del banco central de Rusia muestran que el 27% de los inversores en el capital flotante pertenecen a lo que califican como "inversores no residentes hostiles". Es decir, compradores europeos, norteamericanos y japoneses.
Aunque no hay datos oficiales, antes de la guerra los inversores extranjeros suponían cerca de 150.000 millones de dólares en el mercado ruso a través de acciones y bonos y, a pesar de una posible fuga inicial, buena parte de los inversores se han quedado atrapados en el país debido a que el Gobierno prohibió la venta de títulos para evitar un colapso bursátil. Los inversores están intentando salir de Rusia a través de los mecanismos que el gobierno va permitiendo, pero la realidad es que muchos inversores se enfrentarán a una venta obligada de acciones que tenían bloqueadas desde hace ya dos años.
Una bomba que amenaza a Rusia
Los inversores internacionales llevan 'bloqueados' desde que comenzó la guerra. Después de que la bolsa fuera cerrada en varios momentos ante las frenéticas caídas que se estaban viviendo. Desde entonces estos activos han sido completamente congelados, a excepciones de 'ventas controladas' que se han ido realizando a través de recompras. Sin embargo, numerosos inversores se han encontrado con acciones que no pueden tocar desde que comenzó el conflicto. El 'superderecho de preferencia' se plantea en ese sentido como una amenaza.
Con los mercados del mundo cerrados y una inflación galopante, los rusos se han parapetado en la renta variable, y en particular en las grandes y estratégicas compañías. Esto, sumado a que los extranjeros no podían vender, llevaron al principal índice del país, el MOEX, a subir con fuerza tras el desplome inicial de la guerra. Desde sus mínimos de 2022 en septiembre, las subidas se han mantenido y ya se revaloriza un 67%, en los 3.203 puntos, todavía por detrás de los 3.600 previos al conflicto, pero muy lejos de los 1.900 que llegó a marcar en sus peores momentos.
Sin embargo, la presencia de acciones occidentales y japonesas en su mercado es algo que inquieta a Rusia. De hecho, llevan meses intentando 'purgar' su mercado poco a poco para desactivar lo que consideran una bomba que puede estallar en el momento que abran la mano. "Tres cuartas partes de las acciones de libre circulación podrían ponerse a la venta de golpe" comentaban desde el Consejo de Supervisión de la bolsa de Rusia, Serguéi Shvetsov. "Tal 'shock' significaría una potente pérdida de valor de las acciones y, para proteger a los intereses de los inversores rusos, asi como indirectamente a los extranjeros, no podemos permitir esta venta masiva". En última instancia, esta compra obligatoria podría también contribuir a protegerse contra los temores de esta sacudida en la renta variable.
Debido a este problema y desde el propio mes de febrero, Rusia dividió a los inversores internacionales en dos partes, ambas sin derecho inicial a vender títulos. Los extranjeros 'amigables' y los 'hostiles'. A los primeros rápidamente se les permitió volver a operar, mientras que a los segundos se intentó permitir abandonar la bolsa rusa a partir de operaciones concretas.
Magnit y Lukoil han empredido grandes recompras para extranjeros 'hostiles' con descuentos del 50%
Entre las fórmulas para lograr estas salidas destacan las grandes recompras en momentos favorables de mercado para las compañías. La última ha sido Magnit, el operador minorista líder en Rusia, que lanzó un programa de recompras por el 21,5% del capital por 507 millones de dólares. La empresa sacó una gran tajada de esta operación al lograr estos títulos con un descuento del 50% sobre su valor bursátil. "En total, se llegó a un acuerdo con 189 vendedores de 21 países, incluidos Italia, los países nórdicos, Singapur, Japón, Canadá, Australia, Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y otras jurisdicciones", dijo Magnit en un comunicado.
Una operación prácticamente idéntica es la que está planeando Lukoil. La petrolera anunció una fórmula calcada, con la que busca adquirir el 25% de su capital a los inversores extranjeros con un descuento del 50%. De momento, aún no se ha ejecutado esta opción a pesar de que el segundo mayor productor de Rusia habló públicamente de ella desde agosto. En ese sentido, los planes de Putin de dar al estado el derecho a una compra obligatoria acelerarían con creces el plan del Kremlin para lograr un camino plácido hacia unos mercados sin inversores 'hostiles'.
