La Comisión Europea trabaja en la taxonomía social, que sentará las bases de qué activos financieros son elegibles y cuáles no desde el punto de vista de la inversión con fines sociales (la S del acrónimo ASG, que alude a los aspectos ambientales, sociales y de buen gobierno).
Se trata de la segunda taxonomía en la que trabaja la institución, que ya ha sacado adelante la verde. Y será, previsiblemente, antes del final de 2021 cuando publicará el primer informe sobre ella, según señalaron fuentes de la Comisión Europea en un reciente webinar. Ese documento no será un reglamento, sino un informe explicativo de cómo se estructurará y cómo funcionará esta taxonomía social, elaborado por el Grupo Técnico de Expertos (TEG) de la Comisión; y en él se basará la propuesta que realicen esos expertos a la institución, igual que se hizo anteriormente con su homóloga verde, con el estándar europeo de bono verde, o con el de índices climáticos de la UE.
Con esta segunda pata quedarían resueltas dos letras del acrónimo ASG, la A y la S, pero seguiría sin abordarse la G (el buen gobierno). De hecho, está en el aire si la Comisión se decidirá a dedicarle una taxonomía propia a la gobernanza, o si lo limitará a un reglamento, ya que parte de los aspectos de gobierno corporativo (brecha salaria, corrupción...) pueden entremezclarse con los sociales.
Contar con una taxonomía social es un aspecto relativamente urgente, ya que es necesario para que pueda aplicarse el llamado nivel 2 del Reglamento de Divulgación de Finanzas Sostenibles de la Comisión (el nivel 1 entró en vigor el pasado 10 de marzo). Ese nivel 2 –que debería entrar en vigor el próximo enero de 2022- definirá al detalle la información que es obligatorio reportar, y para ello es preciso que esta pata social, así como la de gobernanza, estén definidas. Pero es cierto que, en buena parte debido al efecto de la pandemia, el calendario inicial de la UE en su Plan de Acción sobre Finanzas Sostenibles ha ido retrasándose de forma reiterada.
Estandarizar los datos sociales es un desafío: "¿Qué se debe medir? ¿Quién debe medirlo y cómo? ¿Debe ser obligatorio o voluntario?", comenta Pablo Esteban, experto de la Uned
Precisamente este martes, en un evento virtual organizado por Spainsif, plataforma española que promueve la información sostenible, una batería de expertos han puesto de relieve los desafíos que supone estandarizar los aspectos sociales. "La taxonomía social presenta un problema que la verde no tenía; la verde se basa en ciencia, algo que no ocurre en aspectos sociales", ha señalado Verónica Sanz, responsable de Análisis de Spainsif. Por ahora, la Comisión Europea se está centrando en cuestiones como los derechos humanos, el acceso a la salud, el empleo decente, la igualdad y la no discriminación.
Por su parte, Pablo Esteban, que forma parte del Grupo de investigación Finres de la Uned, destacó que la labor de crear una taxonomía social "no es nada sencilla, e incluye retos de muchísima complejidad; por ejemplo, qué medir, quién debe medirlo, cómo divulgarlo, ¿de forma voluntaria u obligatoria? ¿Por parte de empresas grandes, o también medianas y pequeñas? ¿Qué métricas utilizar? Me parece importante lograr un esfuerzo para consensuar una batería de métricas que esté alineada con los objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas y con el Acuerdo de París", ha reflexionado.
Por parte del Instituto de Crédito Oficial (ICO) intervino Alfonso Noriega, director de relaciones institucionales del Instituto, ha explicado que hasta la fecha el organismo ha emitido 9 bonos sostenibles, 2 verdes y 7 sociales, por un total de 4.550 millones de euros. "2020 fue un año especialmente interesante por el lanzamiento del primer bono social Covid, para mitigar el impacto social y económico de la pandemia, por un importe de 500 millones y una demanda de 3.500", ha señalado.
Lo más fácil de medir
Por su parte, Lluís Peralta, gestor de fondos en GVC Gaesco, explica a elEconomista que "los indicadores sociales son, por definición, más complejos que los ambientales. Por ejemplo, solo en lo relativo a las prácticas laborales, GRI [la Global Reporting Initiative, organización que impulsa la elaboración de memorias de sostenibilidad] identifica 15 indicadores. Algunos son medibles, como la ratio de accidentes en el trabajo, pero otros requieren un esfuerzo significativo para ser identificados y medidos de forma homogénea (por ejemplo, identificar los proveedores en los que se haya violado el ejercicio de libertad de asociación y negociación colectiva)", señala. La tarea se complica para las pequeñas empresas, por los recursos necesarios para calcularlos.
Las ratios más "medibles", serían, según Peralta, "el CEO pay ratio [relación entre el sueldo del consejero delegado y el del empleado medio], las ratios de accidentes laborales, o los porcentajes de mujeres en el consejo". Además, los indicadores tipo checklist permiten cuantificar si una empresa realiza auditorías a sus proveedores, si tiene auditor de sostenibilidad, si cuenta con un protocolo anticorrupción...
