El Senado ha aprobado hoy, definitivamente, el Proyecto de Ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público. Su objetivo es reducir la temporalidad en las Administraciones por debajo del 8%, lo que se cumple la Administración del Estado, pero no otros ámbitos.
La Ley busca cumplir con las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y del Tribunal Supremo (TS). Además, forma parte del compromiso del Gobierno con Bruselas en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Las Administraciones Públicas deberán ofertar, antes del 1 de junio de 2022, las plazas de trabajadores temporales que están ahora ocupadas y los procesos selectivos deberán finalizar antes del 31 de diciembre de 2024.
La fase de concurso ponderará un 40% y la experiencia será el elemento determinante. Los ejercicios de la fase de oposición podrán considerarse no eliminatorios. Asimismo, las diferentes Administraciones podrán adaptar el temario y el tipo de pruebas para la estabilización del empleo, según consideren más apropiado para cada ámbito.
Las plazas que ocupadas con carácter temporal de manera ininterrumpida desde antes del 1 de enero de 2016 se convocarán por concurso de manera excepcional.
Quienes no superen la prueba tendrá derecho a indemnización de 20 días por año trabajado hasta un máximo de 12 meses y se incorporarán a una bolsa de empleo específica.
Los Presupuestos Generales del Estado, asimismo, incluyen una reposición del 110% como tasa general; del 120% para los sectores prioritarios (sanidad, educación, ciencia…); y del 125% para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, policías autonómicas y locales.
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