Ecoley

La Abogacía reclama la suspensión cautelar del nuevo reglamento que les obliga a denunciar a sus clientes a Hacienda

  • El recurso presentado por el Consejo General solicita la derogación de aquellos aspectos que colisionan con el principio del secreto profesional de la abogacía
Foto: Istock

La Abogacía Española ha solicitado al Tribunal Supremo la suspensión cautelar del Real Decreto 243/2021, de 6 de abril, que modifica los procedimientos de gestión e inspección tributaria, porque considera que vulnera gravemente el principio del secreto profesional de los profesionales de la abogacía que trabajan en materia de asesoramiento fiscal.

El citado decreto modifica el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, en transposición de la Directiva (UE) 2018/822 del Consejo, de 25 de mayo de 2018, que modifica la Directiva 2011/16/UE, en lo que se refiere al intercambio automático y obligatorio de información en el ámbito de la fiscalidad en relación con los mecanismos transfronterizos sujetos a comunicación de información.

Mediante un recurso presentado ante la Sala de los Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, el Consejo General de la Abogacía solicita la inaplicación cautelar de citado reglamento y los actos dictados en aplicación del mismo.

La Abogacía española entiende que dicha suspensión cautelar es necesaria y oportuna para evitar la posible vulneración del principio del secreto profesional recogido en la Constitución y sus ulteriores consecuencias.

Por contra, la inaplicación del nuevo reglamento en tanto en cuanto el Tribunal Supremo resuelve sobre el fondo del asunto no tendría consecuencias prácticas, pues únicamente daría continuidad a la situación previa.

Según el recurso presentado, en el nuevo decreto "se impone un deber de información a los denominados "intermediarios", figura que incluye a los abogados".

El Consejo señala que "no es admisible limitar el secreto profesional del modo en que lo hace el RD 243/2021", pues es algo que "no tiene respaldo ni en Derecho de la Unión Europea, ni en Derecho interno".

El Consejo recuerda también en el recurso que "los abogados son titulares del secreto profesional en cualquier ámbito de actuación". Y señala que "esto no quiere decir que los abogados puedan negarse, siempre y de modo absoluto, a colaborar con la Administración tributaria esgrimiendo injustificadamente su secreto profesional, sino que habrá de considerarse cada caso".

El recurso interpuesto por el Consejo General de la Abogacía Española considera que el texto finalmente aprobado por el Consejo de Ministros va mucho más allá de las imposiciones recogidas en la propia Directiva Europea.

La norma emanada del Consejo Europeo apunta en efecto una serie de obligaciones sobre los intermediarios de las operaciones tributarias intraeuropeas, pero deja a cada país la aplicación concreta conforme a su propia normativa en materia de secreto profesional.

La Abogacía Española sostiene que la transposición llevada a cabo por el Gobierno español, sin embargo, sobrepasa el principio del secreto profesional recogido en la legislación española, pudiendo generar indefensión en el patrocinado por el profesional de la abogacía al quebrarse el principio de tutela judicial efectiva.

Es por ello, que el Consejo General de la Abogacía solicita al Tribunal Supremo la supresión de aquellos enunciados que colisionan con el principio de secreto profesional y que protegen el trabajo que los abogados y las abogadas realizan en materia de asesoramiento y ejecución de operaciones tributarias de sus patrocinados.

comentariosforum2WhatsAppWhatsAppFacebookFacebookTwitterTwitterLinkedinlinkedin
forum Comentarios 2
Deja tu comentario
elEconomista no se hace responsable de las opiniones expresadas en los comentarios y los mismos no constituyen la opinión de elEconomista. No obstante, elEconomista no tiene obligación de controlar la utilización de éstos por los usuarios y no garantiza que se haga un uso diligente o prudente de los mismos. Tampoco tiene la obligación de verificar y no verifica la identidad de los usuarios, ni la veracidad, vigencia, exhaustividad y/o autenticidad de los datos que los usuarios proporcionan y excluye cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios de toda naturaleza que pudieran deberse a la utilización de los mismos o que puedan deberse a la ilicitud, carácter lesivo, falta de veracidad, vigencia, exhaustividad y/o autenticidad de la información proporcionada.

El triumbirato
A Favor
En Contra

Los que ayudan a los ladrones piden seguir ayudándoles sin que ellos tengan problemas.

La pregunta es: ¿Quiénes son realmente los ladrones?. La respuesta es muy simple, si no comienzan a adornarla de florituras, ¡LOS TRES!. Los inductores, los actores y los ladrones físicos.

Puntuación 0
#1
John
A Favor
En Contra

PRONTO...LOS CURAS Y EL SECRETO DE CONFESIÓN.

Sentados desde su sillón van pasando os delincuentes y pecadores sin el más mínimo esfuerzo. La tecnología aplicada contra el ciudadano y las leyes mordaza (para el ciudadano) señalando a quien deben ejecutar recuerda los tiempos de guerra en que se daba el paseo.

Añade la patada en la puerta y estaremos en tiempos de guerra.

Ya no es un país para vivir.

Puntuación 3
#2