El Congreso de los Diputados acaba de aprobar, tras una larga tramitación parlamentaria, el Proyecto de Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal anunciada ya en 2019, un texto que supondrá un importante refuerzo en la lucha contra el fraude y que contribuirá a aumentar la recaudación tributaria.
Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) considera que el texto aprobado por el Congreso es muy positivo porque reducirá el fraude, y se congratula, por tanto, de que esta ley recoja importantes modificaciones, muchas de ellas ya solicitadas por la Asociación de IHE desde hace muchos años.
Por su importancia destacan algunas de fuerte calado en la lucha contra el fraude, como la prohibición de software de doble uso para ocultar ingresos, o la prohibición de nuevas amnistías fiscales, como la promulgada en 2012 y declarada inconstitucional en 2017.
También la actualización de la lista de paraísos fiscales o la devolución a la Agencia Tributaria de las competencias plenas para comprobar el régimen fiscal las SICAV.
Por su parte, la inclusión del valor catastral de referencia para las valoraciones en los impuestos cedidos, reducirá la alta litigiosidad en estos impuestos; la regulación de las autorizaciones judiciales para entrar en el domicilio de un contribuyente permitirá este acceso con seguridad jurídica y respeto a los derechos del contribuyente; y moderar las penalizaciones a los contribuyentes que presenten fuera de plazo sus declaraciones es una vía muy apropiada para fomentar el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales. Por ello IHE valora positivamente estas medidas.
De especial relevancia también es el descenso del umbral de deuda para aparecer en la lista de morosos de Hacienda, que baja a 600.000 euros, o la obligatoriedad para los contribuyentes que cuenten con criptomonedas de informar de sus cuentas y de sus saldos, tanto en España como en el extranjero.
Paraísos fiscales
No obstante, el nuevo texto no profundiza en dotar de mejores potestades a la Agencia Tributaria. En este sentido, desde Inspectores de Hacienda del Estado se echan en falta medidas como regular la posibilidad de realizar actuaciones de incógnito, el pago a confidentes, la creación de una policía fiscal.
Por lo que se refiere a paraísos fiscales, la nueva ley es poco ambiciosa, ya que no se reflejan medidas activas, como la de obligar a los bancos y entidades españolas radicadas en paraísos fiscales a proporcionar información de la identidad de los clientes de sus filiales en dichos territorios; o la de no reconocer personalidad jurídica a las sociedades constituidas en paraísos fiscales para intervenir en el tráfico mercantil español.
En el ámbito de las competencias sobre delito fiscal, IHE cree que se ha perdido la oportunidad, reclamada desde hace mucho tiempo, de dotar a la AEAT de competencias más amplias para investigar los delitos fiscales, que evitaría que en supuestos como los referidos al Rey emérito se garantice la coordinación y eficacia contra estos delitos.
Asimismo, la Asociación de Inspectores de Hacienda lamenta que no se hayan adoptado reformas más profundas en la Ley General Tributaria (LGT) en materia de tramitación de solicitudes de suspensión vinculadas a recursos y reclamaciones, ya que existen muchos casos de suspensiones fraudulentas, con el único ánimo de paralizar las actuaciones de gestión de cobro y dilatar los procedimientos, sin intención alguna de pago posterior.
Ello es especialmente grave por los elevados plazos de resolución que mantienen los Tribunales económico-administrativos, lo que obliga a esperar meses y años para poder continuar actuaciones.
Otras medidas a incluir
En lo referente a las modificaciones específicas de las normas de los impuestos, se echa en falta una apuesta firme por la supresión escalonada de los sistemas de módulos, tanto en el IRPF como en el IVA.
También la nueva norma carece de estímulos positivos como permitir la posibilidad de deducir determinados gastos personales en el IRPF como los de empleadas domésticas o servicios de reparaciones, en los cuales la economía sumergida campa a sus anchas y que propiciarían el afloramiento de actividades e ingreso ocultos.
Todas estas medidas han sido propuestas por la Asociación de Inspectores de Hacienda al menos desde 2014 y se incluyeron en un amplio informe sobre propuestas antifraude de amplia difusión pública.
Sin embargo, Inspectores de Hacienda confía que en sucesivas iniciativas legislativas se vaya complementando esta ley, con al menos, algunas de las medidas que llevan reclamando desde hace años los Inspectores de Hacienda.
En este sentido, Inspectores de Hacienda del Estado ha comunicado a los responsables del Ministerio de Hacienda que se está ultimando un nuevo "libro blanco" sobre el fraude fiscal que en cuanto esté terminado será remitido tanto al Ministerio de Hacienda como al equipo de expertos fiscales nombrado por el Gobierno.
La Asociación de Inspectores de Hacienda considera que para garantizar el cumplimiento de las normas tributarias es necesario contar con una Administración tributaria fuerte, moderna y equilibrada, con amplias competencias y facultades para luchar contra el fraude fiscal, contrapesadas con normas de garantía de los procedimientos y seguridad jurídica. Por ello, es imprescindible que se dote a la Agencia Tributaria de una Estatuto orgánico, como establece su ley de creación en enero de 1992.
Por otra parte, los grandes fraudes tributarios se deben perseguir en sede penal, por lo que se deberían modificar tanto el código penal como las normas procesales para permitir que las defraudaciones más grandes tengas consecuencias más graves, o que se tipifique como delito el ofrecimiento el ofrecimiento de productos o servicios destinados al fraude.
En conclusión, las medidas de la norma aprobada por el Congreso de los Diputados son todas positivas, pero claramente faltan otras; si bien, en el Senado aún se podrían modificar.
Es necesario tener en cuenta que la Ley antifraude es una de los claves para mejorar el cumplimiento fiscal, pero no es la única.
Desde IHE se anima al Gobierno a continúe las reformas legislativas, en todos los ámbitos fiscales, para asegurar el mandato constitucional del artículo 31 conforme "todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio".
