La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado alerta del colapso de los Tribunales Económico Administrativos (TEA) y del peligro que existe de que prescriban los expedientes atascados.
En un comunicado, los inspectores explican que a partir de 2017 se empiezan a resolver más reclamaciones de las que se presentan, tan solo 20.000 más por año, lo que quiere decir que, de seguir este ritmo de resolución, hasta el 2024 "habrá que afrontar demoras intolerables para que los contribuyentes obtengan su resolución, lo que implica un enorme problema recaudatorio y financiero para Hacienda ante la magnitud monetaria de muchas de las reclamaciones pendientes".
El problema, señalan los funcionarios de Hacienda, es que entre 2010 y 2016 se acumularon 155.062 reclamaciones que no fueron resueltas (algo más del 10%), lo que supone una rémora en el funcionamiento de este organismo en la actualidad.
Más de 300.000 pendientes
El anterior ejecutivo, en una respuesta parlamentaria, reconoció que los TEA arrastraban 318.629 reclamaciones pendientes, que eran una parte de los 42.365 millones de euros pendientes de cobro por la Agencia Tributaria a 31 de diciembre de 2017.
En el comunicado denuncian que Pese a esta situación de incapacidad de resolver las reclamaciones que se presentan año a año, el número de funcionarios que trabajan en los TEA ha permanecido prácticamente invariable en el periodo 2010 a 2018: 234 técnicos de Hacienda (A2) y 150 inspectores de Hacienda (A1).
En los últimos años, como medida de refuerzo, la Agencia Tributaria "presta" a los TEA temporalmente a inspectores de Hacienda que acaban de aprobar la oposición. El balance de la llegada de este personal es positivo pues son unas de las razones del porqué se resuelven más reclamaciones que las que entran. Pero el hecho de que dichos inspectores, al término de su adscripción provisional, abandonen mayoritariamente los TEA provoca una situación de interinidad en los tribunales que hace que esta solución no sea apropiada a largo plazo.
Consideran también, los inspectores, que con esta situación se traslada una mala imagen a la ciudadanía al resolver reclamaciones con demoras de más de dos años sobre el plazo máximo para resolver. Por otra parte, existe un "abuso" de las reclamaciones que pretenden paralizar las ejecuciones de sus deudas, por la demora en la resolución de las peticiones de suspensión.
Por ello, consideran que se debería crear un ente autónomo para los TEA, dotado de su propia asignación presupuestaria y de los recursos humanos precisos, con inamovilidad e independencia, así como adscribir a los inspectores a la Agencia Tributaria para evitar las diferencias salariales que desincentivan estos destinos.
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