Los gestores administrativos han presentado un informe con 25 propuestas legislativas de carácter fiscal, laboral y de digitalización de las Administraciones, que elevará al Gobierno, para ayudar a las pequeñas y medianas empresas a superar la crisis.
El presidente del Consejo Nacional de Gestores Administrativos, Fernando Santiago, en el acto de presentación de estas propuestas ha anunciado que aún quedan pendientes 300.000 personas en Erte por cobrar y que miles de estos trabajadores y autónomos tendrán que regularizar la situación de los ingresos en su declaración a Hacienda, lo que les supondrá pagar una parte del dinero recibido, puesto que el Servicio Estatal de Empleo (Sepe) ha realizado retenciones mínimas.
Por ello, "una de las propuestas que contiene el informe es la necesidad de que desaparezca la obligación de declarar cuando el segundo pagador es el Sepe, porque en estas circunstancias económicas extraordinarias supone un desembolso muy grande para personas que lo necesitan para comer. Un contribuyente que ha estado nueve meses en Erte deberá pagar una media de 1.400 euros en su declaración de la Renta", ha señalado Santiago.
Y en la misma línea, el colectivo solicita que se modifique la ley del IRPF para que las madres en Erte no pierdan la deducción por maternidad, que supone de media unos 900 euros por contribuyente.
Propuestas fiscales
Entre las propuestas planteadas al Gobierno se incluye el diferimiento del pago de impuestos y cotizaciones sociales de las pyme, que lo requieran, hasta finales de 2021, sin intereses. Además, abogan por que se modifiquen los límites en los diferimientos para no solicitar avales adicionales y ajustar fraccionamientos a plazos realistas para el pago de estos.
Por otra parte, demandan que se reduzca el tipo del IVA a los sectores más perjudicados por la hibernación, como el sector hostelero, el hotelero y el transporte. Asimismo, dicen que no se debe incrementar la fiscalidad sobre combustibles (uno de los costes importantes para gran parte de sectores). Bajar el IVA de la energía. Y que deberían quedar también exentas de impuestos todas las ayudas que se están aprobando para paliar los efectos negativos de la crisis del Covid-19.
Dice el informe, que hay que retrasar la subida del impuesto de matriculaciones por el impacto negativo que tendrá sobre las concesiones de automóviles, que en la mayoría de los casos son pymes. En caso de no poder retrasar la entrada en vigor de este impuesto, analizar ayudas al sector para minimizar el aspecto negativo de esta medida.
Los impuestos en las sucesiones y donaciones por fallecimientos de personas por Covid y de familias con personas en Erte deberían atemperarse para no incidir más en las circunstancias excepcionales de esta crisis. Y en el caso del IVA debería cambiarse el criterio de devengo por el de caja para que las pymes nop tengan que pagar por facturas que no han cobrado, al menos hasta que pase la crisis.
Muy críticos se muestran los gestores administrativos con el tipo de interés legal que se aplica, del 3,75%, para los retrasos en los pagos. Consideran que para las pymes, éste no debería ser superior al 1,75 %. Y a este respecto, Fernando Santiago ha comentado que "el actual tipo roza los niveles de la usura si no los supera, tal y como está la situación de las empresas.
Otra de las demandas se refiere a la necesidad de crear una cuenta corriente tributaria para que las pymes puedan compensar sus pagos a Hacienda, incluidas las cotizaciones sociales, y el cobro de devoluciones sociales e, incluso, de las subvenciones públicas.
Con respecto a los análisis del funcionamiento real de la Línea de avales ICO-Covid19, piden que se adapten las líneas a las necesidades surgidas por el alargamiento de la crisis sanitaria y que se analice la reestructuración de deuda anterior a la pandemia para acomodar los pagos a las facturaciones actuales. Parte de las nuevas ayudas públicas deben ser en forma de capital. Se debe favorecer la reestructuración de la deuda de las empresas, bien mediante quitas o canje de parte de la deuda por capital.
"Las entidades bancarias han subido mucho sus exigencias y esto dificulta la supervivencia de muchas pymes"
Y con respecto a los departamentos de riesgo de las entidades financieras han endurecido sus criterios para aprobar operaciones con las pyme. Se pide una modulación de las líneas de 'confirming', 'factoring' y otros productos que permitan movilizar las facturas emitidas por los clientes de las pymes.
A este respecto, Fernando Santiago ha explicado que en Madrid, se está dado el caso de que empresas que consiguen el aval de Aval Madrid, cuando acuden a la entidad bancaria a solicitar una línea de crédito se ebcuebntran con una negativa. "las entidades bancarias han subido mucho sus exigencias y esto dificulta la supervivencia de muchas pymes".
El colectivo de gestores administrativos propone la creación de una línea de anticipo de los pagos correspondientes a los seguros cuyo siniestro haya sido confirmado para evitar dichos problemas de tesorería y que se proceda al análisis del funcionamiento real de la Línea de avales ICO-Covid19.
En el capítulo legislativo, consideran que es necesario reformar los mecanismos de insolvencia, tanto judiciales como extrajudiciales, para agilizarlos y que sean más eficientes de cara a favorecer la viabilidad de las PYME. Crear un registro de empresas en preconcurso.
Creen que necesario profesionalizar la gestión de tesorería de las pymes. Se propone que desde la Dirección General de Industria y de la pyme se cree una línea de subvenciones destinada a que las pymes puedan contratar servicios externos que les faciliten dicha profesionalización.
"Tenemos que mandar una y otra vez los mismos papeles al Sepe, a la Seguridad Social y a la Inspección"
Demandan que se adapten las líneas a las necesidades surgidas por el alargamiento de la crisis sanitaria. Analizar la reestructuración de deuda anterior a la pandemia para acomodar los pagos a las facturaciones actuales. Parte de las nuevas ayudas públicas deben ser en forma de capital. Se debe favorecer la reestructuración de la deuda de las empresas, bien mediante quitas o canje de parte de la deuda por capital.
Medidas laborales
Los gestores administrativos proponen al Gobierno la creación de una Plataforma Especial en la cual todas las empresas suban sus datos respecto del ERTE, para que cada organismo (SEPE, TGSS, Inspección, etc ) acceda a ella sin necesidad de que la empresa deba enviar la misma información a varios organismos. Coordinación de Gestión Documental.
"Tenemos que mandar una y otra vez los mismos papeles al Sepe, a la Seguridad Social y cuando hay inspecciones nuevamente los exigen, lo que supone un gran esfuerzo para las empresas", ha explicado Fernando Santiago.
"Además, cada una de las direcciones generales del Ministerio de Trabajo realiza sus propias interpretaciones sobre las nuevas normativas, lo que está generando una gran inseguridad jurídica. Así no se puede trabajar, puesto que los asuntos acaban en los tribunales, que emiten sentencias contradictorias, y hay que esperar a que el Tribunal Supremo falle dentro de unos pocos años".
Explican que es es necesario crear de forma transitoria en los Juzgados de lo Social un refuerzo procesal, que conozca de las cuestiones derivadas del COVID19, y especialmente de los ERTE. De tal manera que cuando estos Erte finalicen desaparezcan también estos Juzgados de refuerzo.
Por otra parte, solicitan la derogación del art. 23 del RDL 8/2020, que incorpora a los Sindicatos en la comisión representativa de las empresas en las que no hay representación legal de los trabajadores, así como el impulso de políticas activas de empleo con medidas liberalizadoras (que demostraron efectividad en la última crisis).
Abogan, los gestores administrativos por potenciar la contratación (indefinida o no). Contratos especiales de trabajo, con coste cero de Seguridad Social y otras ayudas. Mejorar las ayudas a las nuevas contrataciones (que están siendo demasiado cambiantes). Y, también, por la flexibilización de los Erte, con la posibilidad de movilizar los trabajadores incorporados en ERTE a través de contratos temporales, como autónomos .
Se debería crear una comisión de análisis de la normativa relacionada con los Erte -señalan también los gestores administrativos- con el objetivo de redactar una norma consistente, de utilidad en casos excepcionales y no excepcionales, donde tan sólo haya que establecer las ayudas pertinentes en cada caso, pero con un trámite unificado y sencillo.
A la vez, la comisión debería proponer las interpretaciones a las normas que se han venido aprobando y que van a generar múltiples acciones en los tribunales.
Adicionalmente, y dado que la transitoriedad de la norma se ha convertido casi en una situación estructural, determinados aspectos, como la protección del empleo, aprobados en base a esa transitoriedad han de ser reconsiderados.
Y finalmente, se muestran partidarios de pactar con los agentes sociales un período de mantenimiento de la normativa laboral, mantenimiento del SMI y otros aspectos en tanto no se produce una clara recuperación del mercado laboral y de la situación económica. Por ejemplo, como elemento que determine el fin de esa situación, establecer el paro en niveles anteriores a la pandemia.
Digitalización administrativa
La mesa que ha elaborado las propuestas en este aspecto, se decanta por la necesidad de que se creen dos nuevas figuras institucionales: el Comisionado para la transformación digital de la gestión administrativa, figura transversal a todos los ministerios, y elConsejo Superior de Tramitación Administrativa Pública, órgano de la sociedad civil que reúne a todos los actores implicados en la mejora de la tramitación.
Solicitan un 'cuadro de mando general de tramitación administrativa' que fije indicadores de gestión y objetivos de evolución y la elaboración de auditorías externas a la Administración que evalúen la usabilidad de los servicios de tramitación electrónica.
También se muestran partidarios de que se cree la figura del Habilitado Administrativo Electrónico y dotarlo de ciertas capacidades en la tramitación administrativa (presunción de representación, exigencias, controles, etc.).
Y, finalmente, que se cree la Agencia Estatal de Tramitación Administrativa, que permita a los diferentes organismos de la Administración General del Estado contar con una herramienta que procese de modo masivo, en tiempo y forma, los expedientes presentados.
Los autores de las propuestas
Estas 25 propuestas son fruto del trabajo de tres grupos, compuestas por especialistas en las diversas materias y liderados por Javier San Martin, expresidente del Consejo de Graduados Sociales; Juan Iranzo, economista experto en temas financiero- fiscales, y Ramón Ledesma, experto en el funcionamiento de los trámites de la Administración.
Además, se ha contado con presidentes de diferentes Colegios de Gestores Administrativos, como Pilar Otero, María Teresa Gómez, Isabel Motas, José Manuel Mariño, José Pérez de las Bacas y Carlos Rodríguez. Los grupos han contado con el apoyo de otros expertos y se realizó un estudio consultando a los más de 6.000 Gestores Administrativos de toda España.
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