Un juzgado pide a Gobierno y Banco de España que sancionen a los bancos por las tarjetas 'revolving'

Un juzgado se planta ante la cantidad de litigios de consumidores por las tarjetas revolving y reclama al Gobierno y al Banco de España que sancionen a los bancos y las entidades financieras por la usura de este tipo de créditos.

El Juzgado de Primera Instancia número 104 BIS de Madrid, creado para llevar asuntos exclusivamente relativos a cláusulas bancarias abusivas, emitió este 19 de febrero un documento dirigido a a Dirección General de Consumo, dependiente del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, y al Banco de España en el que reclaman que tomen medidas para evitar las malas prácticas de la banca.

El Juzgado señala que, desde que desde su creación en octubre de 2023, ha dictado 3.399 sentencias relativas a las tarjetas revolving del que el 95% ha sido a favor del cliente por contener tipos de interés usurarios o falta de transparencia en su comercialización.

El Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado pone en conocimiento esta situación a las autoridades competentes por si de la legislación de consumo de la UE y busca de poner métodos que disuadan a la banca de repetir estos abusos "pudiera derivarse algún tipo de infracción administrativa". En ese caso, el Letrado señala que les facilitará el listado de entidades, procedimientos y fallos judiciales sobre el asunto.

Retrasa los pagos a los clientes

La presidenta de la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin), Patricia Suárez, ha destacado este jueves en un comunicado que desde la organización llevan años denunciando el abuso que hacen las entidades bancarias de los tribunales para dilatar los procesos y, con ello, retrasar los pagos a los clientes por mala praxis.

"Recordemos que los tribunales se pagan con nuestros impuestos, los juzgados especializados de revolving y cláusulas abusivas constituyen un rescate encubierto a la banca y las entidades de crédito", indica.

Suárez señala que, sin embargo, el resto de juzgados especializados en cláusulas abusivas no protestan y además, reducen las costas que tienen que abonar las entidades, lo que supone un grave efecto disuasorio para que el consumidor reclame sus derechos.