
La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) se suman a las críticas contra el cambio en la devolución del IRPF a los antiguos mutualistas que retrasará cuatro años su pago. Los inspectores exigen al Ministerio de Hacienda, encabezado por María Jesús Montero, que reviertan la modificación legal que retrasa cuatro años las devoluciones a los pensionistas que en su día aportaron a las mutualidades laborales y recupere el procedimiento inicial que permitía una gestión ágil y eficaz para los contribuyentes.
La asociación, en un comunicado, critica que esta modificación es contraria a la Constitución porque la Administración debe servir con objetividad a los intereses generales.
La Agencia Tributaria permitió la pasada primavera a los antiguos mutualistas reclamar la devolución del IRPF de los últimos cuatro años no prescritos en un único y sencillo formulario que estaba en la página web del fisco. Sin embargo, ahora solo permite pedir un año por cada campaña de la Renta. Es decir, en la campaña de este año podrán reclamar la devolución de 2019; en la de 2026, la de 2020; en la de 2027, la de 2021; y en la de 2028, la de 2022.
Los inspectores denuncian que ante la avanzada edad de algunos pensionistas, cuando llegue 2028, podrían ya haber fallecido sin recibir lo que les corresponde, es decir, lo tributado de más por estas antiguas aportaciones.
"El nuevo procedimiento cambia, sin ningún motivo, este derecho mediante la imposición, en opinión de los inspectores, de una carga administrativa absolutamente infundada e innecesaria y que contraviene los principios señalados, de tal forma que a muchos de los mutualistas afectados se les retrasará el momento de presentar la solicitud correspondiente y, en el peor de los casos, habrán fallecido cuando tengan que presentarla", señala la asociación.
Los inspectores recuerdan que el principio consagrado jurisprudencialmente como de "Buena Administración", e incardinado implícitamente en varios preceptos de nuestro ordenamiento jurídico, obliga a actuar siempre con arreglo a la eficacia señalada, pero también de acuerdo con los principios de eficiencia, transparencia, imparcialidad, seguridad jurídica y respeto a los derechos de los ciudadanos
Tanto los asesores fiscales, como CCOO y los gestores administrativos han criticado el cambio hecho por Hacienda en las devoluciones, asegurando que responden a los beneficios de la Administración. El golpe en devoluciones es tan elevado, superando los 1.700 millones, que tratan de evitarlo difiriendo los pagos.