
UGT demanda a España ante el Comité Europeo de Derechos Sociales por no garantizar el acceso a una vivienda.
El sindicato recurre de nuevo a este órgano europeo que vigila el cumplimiento de la Carta Social Europea, a pesar de que la institución no es un tribunal y, por lo tanto, no emite sentencias que obliguen a España ni a ningún otro país a cambiar la normativa. Sus resoluciones tampoco son vinculantes para los tribunales españoles.
El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, indicó este miércoles en una rueda de prensa que la demanda interpuesta implica a todas las Administraciones públicas; ayuntamientos, CCAA y Gobierno central. Álvarez añadió que hay que dar este paso ante el problema de la vivienda.
El sindicato considera que la Ley de Vivienda no tiene mandatos imperativos para obligar a las CCAA a topar los precios del alquiler.
Asimismo, aboga por intervenir las viviendas vacías que hay en España, respetando las de los pequeños propietarios que alquilan sus inmuebles para tener un complemento a su pensión o salarios.
UGT ya denunció a España ante este Comité en marzo de 2022 para reclamar indemnizaciones por despido improcedente mayores. El organismo resolvió que España incumple con la Carta Social Europea en materia de despido. El Comité señaló que el tope de 33 días por año trabajado no garantiza una compensación por despido improcedente adecuada para compensar los daños al trabajador. Asimismo, esta indemnización es tan baja que tampoco disuade a las empresas para evitar futuros abusos en el despido.
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se comprometió a reformar el despido tras conocerse la resolución, aunque la falta de apoyos de Gobierno en el Congreso y la cerrarón de la patronal complican su objetivo.
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