Los fiscalistas ven difícil que los ciudadanos recuperen lo pagado de más por el impuesto a la gasolina

Los expertos en fiscalidad ven difícil que los consumidores, ya sean empresas de transporte, de renting o particulares, puedan lograr la devolución de lo pagado de más por el impuesto autonómico a los hidrocarburos que estuvo en vigor entre 2013 y 2018, tras declararlo nulo el Tribunal Supremo en tres sentencias del pasado mes de septiembre.

Aunque las Haciendas autonómicas no aplicaron el impuesto sobre los consumidores, sino sobre las petroleras, estas lo repercutieron a las gasolineras a través de una subida del precio de los carburantes y, a su par, las estaciones de servicio a los clientes.

Los distintos expertos en fiscalidad consultados por este diario aclaran que los tres fallos dejan una situación especialmente complicada a los clientes finales. Según estas fuentes, los fallos señalan que los clientes no pueden pedir la devolución a la Agencia Tributaria ya que ellos no fueron sujetos pasivos del impuesto, sino que lo fueron las petroleras; ni tampoco fueron directamente repercutidos, ya que lo fueron las gasolineras. De modo que cierra la vía de las reclamaciones ante el fisco.

El tribunal abre dos opciones para pedir la devolución a los particulares: bien acudir a los tribunales para interponer una acción civil contra los proveedores del combustible por enriquecimiento injusto o bien reclamar responsabilidad patrimonial al Estado por su mala legislación con una norma que, finalmente, ha sido declarada nula.

Sin embargo, ninguna de las dos opciones se dibuja sencilla. Los expertos señalan que a la hora de acudir a la vía civil los consumidores tendrán que demostrar cómo se les ha repercutido el impuesto autonómico a los hidrocarburos, sobre todo teniendo en cuenta que este concepto que no viene reflejado de modo alguno en las facturas al repostar. Además, también deberán probar que las petroleras se han enriquecido de manera ilícita al repercutir el tributo y, a la par, reclamar a la Agencia Tributaria su devolución.

Asimismo, advierten que también hay un largo camino por hacer si piden responsabilidad patrimonial al Estado. Los particulares tienen un año para hacerlo, que según los fiscalistas empezó a contar el pasado 30 de mayo cuando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) declaró ilegal el impuesto de las CCAA a la gasolina.

Para iniciar el procedimiento, primero deberán pedir la responsabilidad al Consejo de Ministros que, previsiblemente tal y como hizo en los casos del impuesto de la plusvalía municipal, rechazará, y entonces habrá que acudir al Tribunal Supremo.

Asimismo, el camino tampoco es mucho más sencillo para petroleras y gasolineras. Ambos actores podrán reclamar la devolución del impuesto a las Haciendas de las CCAA, aunque no se les devolverá si se demuestra que lo repercutieron a los clientes. Eso sí, serán las propias Agencias Tributarias sobre las que recaiga la carga de la prueba de demostrar este punto.

Los fiscalistas señalan que las grandes petroleras, bien asesoradas, impugnarían en su día las liquidaciones del impuesto, congelando así el plazo de prescripción de cuatro años. De lo contrario, al ser el último pago en 2018, habría prescrito en 2022.

No obstante, tanto petroleras como gasolineras también podrán pedir responsabilidad patrimonial al Estado.

El TJUE declaró ilegal la modificación del Impuesto Especial de Hidrocarburos (IEH) que permitió a las CCAA aplicar un suplemento propio sobre el tributo entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2018. Europa determinó que la Directiva europea sobre el régimen comunitario de imposición de los productos energéticos y de la electricidad no permite que un país, en este caso, España, pueda gravar de forma distinta un mismo producto en función del territorio o la CCAA. El TJUE señaló que podría perjudicar el buen funcionamiento del mercado interior y comprometer la libre circulación de mercancías.

El Ministerio de Hacienda estimó que las potenciales devoluciones por este fallo, que el Supremo ha ratificado, alcanzarían los 5.800 millones. No obstante, los fiscalistas aseguran que ante la dificultad de las devoluciones, el golpe para las arcas públicas será mucho menor.

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