Madrid
La Comisión Europea exigirá a los países miembro que controlen todas las inversiones que realicen las filiales que están ubicadas dentro de la Unión Europea (UE) pero que están controladas por un inversor extranjero, ya sea persona física, compañía o gobierno, con el objetivo de garantizar los activos críticos para la seguridad y el orden público de la Unión.
La Comisión Europea trabaja en reformar el Reglamento de 2019 para el control de las inversiones extranjeras directas en la Unión, que entró en vigor en octubre de 2020. Europa señala la urgencia de modificar este texto a causa de la pandemia y de la guerra entre Rusia y Ucrania para poder controlar también no sólo las inversiones directas de extranjeros sobre compañías críticas para la UE, sino aquellas inversiones que proceden de firmas establecidas en la UE pero que están controladas desde fuera de Europa. Además, también se vigilará si estas operaciones (ya sean mediante la compra de una compañía o la implantación de una nueva empresa o infraestructura) cuentan con financiación extranjera, ya que en realidad podría tratarse de subvenciones ocultas por parte de terceros Estados.
Con la reforma de este reglamento, Bruselas amplía así el poder de los países para prohibir una inversión extranjera, poner condiciones a la misma o, incluso, deshacerla, si considera que pone en riesgo la seguridad y el orden público. Eso sí, siempre que estas inversiones supongan el control directo de la compañía y, por tanto, poder tomar decisiones sobre la misma. No se incluyen las inversiones de cartera, es decir, aquellas que no suponen ni entrar en la gestión ni en el control de una empresa.
Infraestructuras críticas
La Unión Europea modificará la normativa para armonizar tanto los plazos como los criterios en todos los países miembro a la hora de analizar si una inversión extranjera supone un riesgo. Así, actualizará la lista de activos e infraestructuras críticas de la UE. De momento, ya avisa que son activos a defender de inversiones extranjeras las infraestructuras críticas, tanto físicas como virtuales, que garanticen la seguridad, integridad y el funcionamiento del país, como las relacionadas con la ciberseguridad, la energía, el transporte o el sector financiero. Estas infraestructuras pueden ser tecnologías, activos, instalaciones, equipos, redes, sistemas, servicios o actividades económicas. Asimismo, también se controlará cualquier inversión que afecte negativamente a la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación, incluidas las plataformas en línea que pueden utilizarse para desinformación o actividades delictivas a gran escala, y la información sensible, incluidos datos personales.
Objetivos políticos y militares
Los distintos Estados miembro tendrán que tener en cuenta a la hora de evaluar una inversión extranjera no solo si el objetivo de la misma afecta a estas infraestructuras clave para el buen funcionamiento y la seguridad de los países, también las circunstancias que rodean a los inversores. Es decir, si este inversor ya trató de entrar en otro país de la UE y su operación fue rechazada o autorizada pero con condiciones. Si la persona, la empresa o cualquier compañía vinculada afronta restricciones por parte de la UE como las impuestas a determinados ciudadanos y empresas rusas tras el inicio de la invasión a Ucrania como la congelación de activos o la prohibición de poner fondos a su disposición.
También se deberá analizar si el inversor extranjero o cualquiera de sus filiales ha participado en actividades ilegales o delictivas y si persigue objetivos políticos de un tercer país o desarrollar las capacidades militares del mismo.
Intercambio de información
Los Estados miembros deberán informar a la Comisión Europea y al resto de países de cualquier inversión extranjera que podría ser problemática para la seguridad, bien del propio Estado receptor de la inversión, de otros o de la UE. La Comisión elaborará dictámenes sobre la inversión y el resto de Estados podrán solicitar más información si lo consideran. No obstante, la última decisión sobre la inversión la tiene el propio Estado miembro que la recibe. Si la Comisión o los países no están de acuerdo, el Estado deberá explicar los motivos del desacuerdo y buscar soluciones.
Finalmente, si un Estado decide rechazar o poner condiciones a una inversión extranjera al considerar que pone en riesgo activos críticos, el inversor podrá recurrir la decisión ante la justicia.
Control tras la inversión
El reglamento da facultad a los países para vigilar cualquier inversión extranjera durante, al menos, 15 meses después de que haya concluido si se tienen dudas de que puede afectar a la seguridad. Incluso si esta inversión no ha necesitado la autorización del Estado para ejecutarse porque no haya supuesto el control directo de una compañía. El proyecto de reglamento, en fase de audiencia hasta el 28 de marzo, pasará después al Parlamento Europeo y al Consejo para su debate. Una vez entre en vigor, los países deberán aplicarlo a los 15 meses.
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