
El Ministerio de Hacienda refuerza su control sobre las criptomonedas y cualquier tipo de divisa y activo digital, como los NFTs, y busca poder embargar estos activos en el caso de que usuarios o empresas tengan deudas con la Administración. La institución que encabeza María Jesús Montero propone reformar la Ley General Tributaria, concretamente el artículo 162, para que la Agencia Tributaria, a la hora de ejecutar una deuda de los usuarios, pueda contar con estos activos digitales. Asimismo, también plantea modificar el Reglamento General de Recaudación para "habilitar la posibilidad del embargo de activos digitales".
Hacienda ha planteado estos cambios a la Unión Europea a través del informe de evaluación de la Ley contra el fraude fiscal de 2021. No obstante, no tardarán en llegar.
La Administración ya ha dado los primeros pasos para poder embargar este tipo de bienes. El Gobierno aprobó el martes un Real Decreto que entró en vigor este jueves por el que modifica el Reglamento General de Recaudación para dar entrada a las entidades de pago y a las entidades de dinero electrónico como colaboradoras en la recaudación. Hasta el momento, solo bancos, cajas y cooperativas de crédito podían ser entidades colaboradoras con Hacienda. Con este movimiento, el fisco podrá ordenar a estas entidades el embargo de dinero, pero también de activos digitales. De hecho, varias de las fintech que operan en nuestro país y permiten a los usuarios transacciones con criptoactivos tienen licencia de entidad de dinero electrónico.
Otro de los pasos que facilita a Hacienda el embargo de estos bienes digitales es que ya tiene la información de las criptomonedas que tienen los contribuyentes. Particulares y empresas tienen la obligación -desde este año y por primera vez- de declarar al fisco las divisas digitales que tienen fuera.
España es de los primeros países de la UE en implementar el control tributario sobre las criptomonedas. Los contribuyentes tienen que tributar por ellas desde 2021, tanto en el IRPF (por sus ganancias o pérdidas) como en el Impuesto de Patrimonio (por su valor). Y además, desde este año, declarar los activos que tienen fuera del país.
Desalineada con la UE
Esta premura por controlar las criptodivisas obligará a la Administración a cambiar pronto las normas para adaptarse a la regulación que prepara Europa. De un lado, el Reglamento europeo MICA (siglas de Mercados de Criptoactivos, en inglés), aprobado el pasado mes de abril y que entrará en vigor a partir de julio, propone una definición distinta de criptomonedas de la adoptada en España. De otro, la Directiva europea en materia de fiscalidad (DAC 8), que aún no se ha transpuesto en nuestro país, obligará a partir de enero de 2026 a los proveedores de servicios de criptoactivos y operadores a intercambiar la información con los Estados miembros sobre los ingresos que consiguen los contribuyentes con estos activos. Esta norma va más allá del control de las criptomonedas y busca vigilar cualquier tipo de activos digitales. Hacienda, de hecho, ya reconoce que "tendrá que hacer adaptaciones de la normativa tributaria" para adecuarla a las nuevas reglas de la UE.
Según los datos del Banco de España, en 2021 se movieron más de 60.000 millones de euros en criptomonedas en nuestro país. Por su parte, los contribuyentes más ricos, es decir, aquellos cuyo patrimonio supera los dos millones de euros, declararon el año pasado que tenían 2.100 millones en criptomonedas.
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