Europa ha puesto en marcha su primer sistema de control de inversiones extranjeras. Desde el 11 de octubre, el Reglamento que regula la entrada de empresas de otros países en sectores estratégicos está ya en vigor y además abre la puerta a una revisión en profundidad de todas las operaciones que se han llevado a cabo desde marzo por parte de inversores de fuera de la UE.
La Comisión quiso salir al paso de las fuertes caídas de los mercados en marzo y lanzó unas recomendaciones en las que pedía a los estados miembro que adoptaran cuanto antes barreras de protección para sus sectores estratégicos como energía, tecnologías críticas (inteligencia artificial, robótica, nanotecnología), medios de comunicación y sectores con acceso a información sensible como datos personales o con capacidad de control de dicha información.
La UE tiene quince meses para revisar las operaciones realizadas desde marzo a octubre
El Ejecutivo comunitario impuso una salvaguarda para el caso de que una inversión extranjera no fuese sometida a un proceso de control nacional, bien porque el estado miembro no quisiera adoptar estas limitaciones o porque no le diera tiempo a aprobarlas. De este modo, Bruselas estableció que los Estados miembros y la Comisión pueden presentar observaciones y dictámenes en un plazo de quince meses a partir de que se haya realizado una inversión, lo que en la práctica significa que cualquier inversión extranjera realizada desde marzo de 2020 puede ser objeto de observaciones ex post por parte de los Estados miembros o de dictámenes de la Comisión a partir de este pasado 11 de octubre y hasta junio de 2021 (quince meses después de realizada la inversión).
Según fuentes jurídicas consultadas, este extremo resulta especialmente llamativo ya que un nuevo inversor podría haber tomado el control de la compañía en ese plazo, cerrar unas cuentas anuales o incluso desmembrar una empresa, lo que podría generar una enorme inseguridad jurídica.
El Gobierno español además fue uno de los más rápidos en reaccionar a la petición de algunas de las grandes empresas del Ibex que estaban viendo como sus cotizaciones parecían no tener fondo y anunció la puesta en marcha de estas barreras de forma temporal en el Real decreto Ley aprobado el 18 de marzo. Posteriormente, el 1 de abril eliminó el punto 6, que acababa con estas restriciones tras el final del estado de alarma para que siguieran vigentes y amplió los controles a prácticamente a casi cualquier sector empresarial, al menos, esa es la interpretación que está realizando la Junta de inversiones exteriores, encargada de dicha supervisión, tal y como indican fuentes conocedoras de la actuación de este departamento dependiente del Ministerio de Industria.
Según el Real Decreto-ley 11 de medidas urgentes se vigilará cualquier operación que supere el millón de euros y en "aquellos otros sectores" que puedan afectar "a la seguridad pública, orden público y a la salud pública".
En el Reglamento que ahora entra en vigor, Bruselas admite que los controles de los sectores estratégicos se realicen independientemente del valor de la transacción, aunque no habla en ningún caso del millón de euros marcado por el Gobierno español, pero sí se refiere a la posibilidad de frenar la venta de una startup que tuviera una tecnología innovadora. Incluso va más allá y añade que se podrá utilizar como argumento simplemente la valoración de la empresa si está por debajo de valor real o intrínseco de la compañía.
En la Guía de implantación de la UE, a la que tuvo acceso este diario, Bruselas pedía que se hiciera un uso amplio de las limitaciones en los sectores críticos, principalmente, los sanitarios para poder mantener la capacidad de acceder a los materiales necesarios para afrontar la crisis del coronavirus y ofrecía a los Estados el uso de interpretaciones muy amplias para garantizar que las empresas estratégicas no cambiasen de manos durante esta crisis sanitarias.
Desde el lanzamiento, la UE ha tomado nota de las medidas tomadas por los diversos Gobiernos que además tienen la última palabra para aprobar o denegar las operaciones pero en fuentes jurídicas ha sorprendido el elevado nivel de intervencionismo que ha planteado el Ejecutivo español.
El Ministerio de Industria prepara además un real decreto para regular los trámites necesarios pero en fuentes jurídicas se asegura que ahora mismo la norma está generando importantes problemas que deberían resolverse en la tramitación en el Congreso de los Diputados.
Los asesores piden al Gobierno que resuelva las dudas que está generando este sistema y que avocan a una profunda inseguridad jurídica, así como a limitar la capacidad de competir en procesos abiertos por parte de los fondos extranjeros al tener condicionadas sus ofertas.
