Madrid
Los letrados del Congreso de los diputados han aportado a la Comisión de Justicia, que en la actualidad debate las enmiendas presentadas a la Ley de Amnistía, un segundo informe que considera que la amnistía vulnera la Constitución Española, los principios de la Unión Europea y se entromete en la labor de los jueces. Cabe destacar, no obstante, que los informes que emiten los servicios jurídicos de la Cámara no son vinculantes y, por tanto, no hay obligación de ceñirse a ellos.
Los letrados del Congreso ya presentaron un primer informe sobre la Ley de Amnistía que avaló su tramitación, pero ahora, los miembros asignados a la Comisión de Justicia ponen serias dudas al texto. De un lado, ponen en cuestión que la amnistía de 1977 pueda ser la premisa para deducir que ésta sea una "figura jurídica permitida por la Constitución y abierta al ámbito de decisión del legislador", dado que no figura entre las competencias de las Cortes Generales y además la Carta Magna "desautoriza expresamente" los indultos generales.
Por ello, considera que "la iniciativa contenida en la presente proposición plantea dudas de que pueda tener cabida en la Constitución, de manera que debiera ser articulada a través del procedimiento de reforma constitucional".
Además, sostiene que atribuir a las Cortes una iniciativa genérica de amnistiar "desbordaría la naturaleza de ley singular" que el PSOE defiende en la exposición de motivos y podría invadir la "potestad jurisdiccional atribuida por el artículo 117.3 de la Constitución en términos taxativos exclusivamente a los juzgados y tribunales".
Asimismo, el informe denuncia que la "indeterminación" de los delitos comprendidos en la Ley de Amnistía podría "lesionar el principio de seguridad jurídica consagrado en al artículo 9.3 de la Constitución". Esa indeterminación, añade, se extiende también al "marco" de los actos susceptibles de ser amnistiados y al ámbito temporal de la ley, que engloba desde enero de 2012 hasta la actualidad. "Se aprecia falta de determinación en el ámbito de aplicación de la ley, tanto en cuanto a los delitos amnistiados como al plazo en que se cometieron, que no se corresponde con el carácter excepcional de una extinción de responsabilidad ni con las exigencias de una ley singular, lo que puede afectar al principio constitucional de seguridad jurídica y dificultar la aplicación unívoca de la ley", concluyen.
Además, resaltan que la "indeterminación" excede del concepto de ley singular trazado por el Tribunal Constitucional y podría dar lugar a una "delimitación arbitraria" del ámbito de aplicación y, por ende, infringir el principio de igualdad. "La aceptación de una ley singular viene determinada por la concreción de los supuestos" y si no hay "esa imprescindible concreción" la ley "podría no quedar amparada por la jurisprudencia constitucional". "Ha de ser en su caso el Tribunal Constitucional el que se pronuncie sobre la ley aprobada por las Cortes Generales", dice.
Malversación
Cuestiona igualmente la inclusión del delito de malversación entre los que puedan ser objeto de amnistía, ya que eso "podría comprometer la armonización y la efectividad" de las normas europeas contra el fraude y ve bien que se excluyan los delitos de terrorismo porque incluirlos sería contradecir directivas europeas. Precisamente ERC y Junts, en sus enmiendas, intentan que la amnistía se aplique a delitos de terrorismo no sentenciados, algo que el PSOE por el momento rechaza aceptar.
En otros puntos del informe se advierte de las consecuencias que podría tener para la legislación de la UE la previsión de revocar las órdenes europeas de detención y se cuestiona el alzamiento de las medidas cautelares adoptadas respecto de acciones u omisiones amnistiadas porque tienen dudas de que la proposición del PSOE esté regulando una materia contenida en la Ley del TC sin reformarla.
