Los funcionarios tendrán evaluaciones, pero se mantendrán aunque suspendan

El Consejo de Ministros ha sacado adelante por Real Decreto-Ley la que iba a ser la Ley de Función Pública pero que, finalmente, nunca se aprobó porque decayó en su tramitación parlamentaria por la disolución de las Cortes ante el adelanto de elecciones. Esta reforma de la Administración Pública, según lo avanzado por el Ministerio de Hacienda, trae como novedad que los funcionarios serán evaluados a mitad de su carrera para valorar su rendimiento y conducta profesional.

No obstante, a pesar de que los empleados no pasen estas pruebas, mantendrán su condición de funcionario aunque, eso sí, tendrá que realizar formación para tener un mejor desempeño.

Estas evaluaciones ya estaban dentro de la perdida Ley de Función Pública, aunque el texto inicialmente preveía que el funcionario perdería su puesto. De momento habrá que esperar al texto completo del nuevo Real Decreto-ley para conocer las implicaciones para el trabajador.

Asimismo, aquellos funcionarios que sí superen la evaluación serán premiados con un complemento de desempeño que sustituirá al actual complemento de productividad. También se fomentará su progresión en la carrera.

Polémicas de la vieja norma

El texto de la Ley de Función Pública fue muy polémico antes de la convocatoria de las elecciones generales del 23 de julio porque permitía al Gobierno ascender funcionarios a dedo durante los primeros seis meses desde la entrada en vigor de la norma.

Asimismo, determinados sindicatos criticaron que la ley tampoco regulaba el teletrabajo en la Administración Pública. De momento, se desconoce qué ocurrirá con estos dos aspectos.

Lo que sí ha avanzado Hacienda es que la reforma establecerá la publicación de convocatorias para opositar en el mismo año de la aprobación de la oferta de empleo, que deberá ejecutarse antes de dos años. El proceso de oposición, además, no podrá durar más de un año. También se permitirá ofrecer las plazas no cubiertas tras una oposición si no han pasado más de tres años desde la publicación de la oferta. Finalmente, la Secretaría de Estado de Función Pública podrá sacar a concurso puestos vacantes en los distintos Ministerios.

Además, se constituirá el Instituto Nacional de la Administración Pública como agencia de empleo público para seleccionar y formar a los empleados.