Madrid
Aumenta la tensión entre el sector judicial y político por las comisiones de investigación en el Congreso para detectar casos de lawfare, es decir, si los magistrados utilizaron su poder con fines políticos. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) llevará este asunto al Pleno del jueves 21 con el objetivo de analizar la legalidad de estas comisiones.
El órgano judicial lo ha decidido así tras la petición de nueve vocales progresistas del CGPJ al presidente Vicente Guilarte. "El continuo flujo de inadmisibles declaraciones, descalificaciones, señalamientos, querellas e incluso amenazas que vienen sufriendo los jueces y magistrados por el mero ejercicio de sus funciones constitucionales, así como la creación de diversas comisiones parlamentarias de investigación nombradas con la indisimulada intención de criminalizar la labor judicial, exigen de este CGPJ un claro y rotundo posicionamiento que ponga fin a tal acoso y quiebra del Estado de Derecho", dicen los vocales.
A la par, el órgano judicial también estudia la posibilidad de elaborar un informe con argumentos jurídicos para poder respaldar a los jueces y magistrados que se nieguen a comparecer en estas comisiones.
De momento, el Congreso investigará a través de estas comisiones si hubo lawfare en las decisiones judiciales de los atentados de Barcelona y Cambrils (Tarragona) de agosto de 2017, también en la operación Cataluña (una presunta maniobra liderada por el Ministerio de Interior bajo el Gobierno de Rajoy para frenar el independentismo) y en el caso Pegasus por el presunto espionaje a teléfonos de miembros del Gobierno de Pedro Sánchez.
