El Gobierno tendrá manos libres para la cesión de impuestos a Cataluña

El Gobierno tendrá manos libres para ceder a Cataluña el 100% de los impuestos, tal y como ha pactado el PSOE con Junts para lograr la investidura de Pedro Sánchez como presidente. Alberto Dorrego, presidente de la sección de Derecho Administrativo del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), señala a este diario que Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), como cualquier ley orgánica, se puede modificar sin consenso con el resto de autonomías mientras se tengan los apoyos necesarios en las Cámaras.

Sin embargo, recuerda que la modificación de la LOFCA al final siempre responde a la manifestación formal de un acuerdo en torno a un nuevo modelo de financiación de las autonomías. "Los nuevos modelos para un determinado período temporal han sido siempre elaborados en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera", expone. Por tanto, a su juicio, la Ley (que es de 1980) ya tiene unos mecanismos de actualización del modelo de financiación a través del Consejo de Política Fiscal y Financiera que se estarían saltando por completo. "Es como darle una patada al tablero", apunta Dorrego, que añade que se rompería el esquema consensuado en el marco del Consejo de Política Fiscal que ha existido siempre para la definición del modelo de financiación territorial.

Mayoría en el Congreso

De este modo, el Gobierno de Pedro Sánchez solo necesitará contar con mayoría absoluta en el Congreso para sacar adelante la reforma de la LOFCA. La modificación podrá hacerse como proyecto de ley, que presenta el Gobierno y requiere de informes, entre otros, de los órganos consultivos perceptivos como del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) antes de que el Consejo de Ministros lo apruebe como anteproyecto de ley y lo remita a las Cámaras.

Aunque si quiere eludir ese farrogoso trámite inicial puede presentarlo el partido, el propio PSOE solo o con otras formaciones, como proposición de ley para que vaya directamente a las Cámaras. La propuesta tendría que pasar primero por el Congreso, después por el Senado y, al ser una Ley Orgánica, debe volver de nuevo al Congreso para ser aprobada por mayoría absoluta, la mitad de los diputados más uno.

Es decir, 176 escaños, lo que haría factible la aprobación de la reforma porque, a día de hoy, con PSOE, Sumar, ERC, Junts, EH Bildu, PNV, BNG y Coalición Canaria -los que van a apoyar la investidura de Sánchez- suman 179 votos.

Singularidad catalana

De momento, según se extrae del parco acuerdo entre PSOE y Junts, el Gobierno blindará la LOFCA para evitar que el resto de CCAA impongan sus pretensiones respecto a la financiación. Según el documento, se establecerá en la Ley "una cláusula de excepción de Cataluña" que reconozca su singularidad.
A este respecto, Alberto Dorrego incide en que va a ser muy complicado establecer normativamente la excepción catalana en la ley. "Los territorios forales (País Vasco y Navarra) tienen esa singularidad porque está reconocida en la Constitución Española y, después, en sus estatutos de autonomía, pero esa singularidad, en el caso de Cataluña, no existe. Establecer esa singularidad legislativamente en la norma que regula el sistema de financiación común ordinario de toda España, sin respaldo estatutario, sin respaldo constitucional, es muy complicado", puntualiza el presidente de la sección de Derecho Administrativo del ICAM.

Por otro lado, aunque el Gobierno trate de eludir los informes perceptivos previos al inicio de la tramitación de un proyecto de ley, tanto Congreso como Senado podrán solicitarlos si lo consideran oportuno. No obstante, los informes deben llegar dentro de los plazos de tramitación, lo que sería correr mucho para órganos como el CGPJ.

El Senado aprobará esta semana el cambio de Reglamento de la Cámara, presentado por el PP y donde tiene mayoría, para tratar de ralentizar la ley de la amnistía y no verse condicionado a la urgencia que marque el Congreso. De este modo, podrá ampliar la tramitación de los 20 días de urgencia a los dos meses ordinarios. Pero el plazo no se puede prorrogar más porque está limitado por la Constitución Española para evitar que el Senado obstruya la labor legislativa del Congreso.

El traspaso de los impuestos a Cataluña, según inspectores de Hacienda, hará peligrar los ingresos públicos a nivel estatal para financiar las políticas públicas.

Tributos en juego

Cataluña ha pedido la cesión del 100% de los impuestos, sin embargo, el pacto entre PSOE y Junts no aclara si se traspasará la gestión de los mismos o el Estado le remitirá lo que ingrese de los contribuyentes catalanes. Los principales tributos en juego son el IRPF, sobre el que en la actualidad el Estado recoge el 50% y las autonomías el restante 50%; el IVA, que se reparte al igual que el IRPF a mitad y mitad; y el Impuesto sobre Sociedades, que es íntegramente estatal. La LOFCA sí considera cedibles a las CCAA el Impuesto sobre Patrimonio, el impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITPyAJD), los impuestos especiales sobre fabricación (con el límite máximo del 58%), sobre la electricidad, sobre determinados medios de transporte, los tributos sobre el juego y el impuesto sobre hidrocarburos (con el límite máximo del 58%).