
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tiene pocas alternativas para compensar a los más ricos el pago por el Impuesto de Patrimonio, como ha anunciado, tras reactivar el tributo ante el fallo del Tribunal Constitucional del pasado martes que desestimó el recurso de la región contra el impuesto a grandes fortunas. De momento, la Comunidad aún no ha anunciado cómo hará esta compensación y estudia opciones.
Los expertos coinciden en que la vía más sencilla sería aplicar una deducción sobre el tramo autonómico del IRPF, pero tiene luces y sombras. Juan Antonio Falero, socio responsable del área de Derecho Fiscal y Tributario de Dikei Abogados, señala que la deducción en la cuota del IRPF sobre la parte autonómica podría ser la vía, pero es posible que ni anulando toda la cuota autonómica les pudiera compensar el pago. También, añade, puede bajar los tipos de Donaciones y Sucesiones, que ya está muy bonificado, o el de Transmisiones Patrimoniales. "No tiene mucho más margen. En tema de impuestos, son los únicos que gestiona, aparte de las tasas por los servicios, pero eso no es significativo y no creo que lo vaya a tocar. Lo que es muy difícil encajar es que la reducción de impuestos vaya dirigida a compensar solo a los que se vean obligados a pagar el impuesto de grandes fortunas", señala Falero ante la impopularidad de la medida.
El IRPF, aunque es un impuesto estatal, tiene dos partes: un 50% que se queda el Estado y otro se queda la Comunidad, y cada uno puede cambiar la tarifa. Por tanto, Ayuso podría actuar sobre este 50%. Sin embargo, no tiene competencia sobre el Impuesto de Sociedades porque es íntegramente estatal.
Esaú Alarcón, abogado fiscalista en Gibernau y profesor de Derecho Tributario en la Universidad Abat Oliba, considera que la vía para compensar el pago de Patrimonio sería establecer una de deducción en la cuota íntegra del IRPF para todos aquellos que hubieran pagado el impuesto, pero considera que habría varios problemas. "Uno de ellos es que sería un privilegio fiscal porque crear una deducción ara unos elegidos va en contra del principio de generalidad en materia tributaria. El segundo problema es que la Ley de Financiación de las CCAA (LOFCA) no permite establecer una deducción de ese tipo, la Comunidad de Madrid no tiene competencia y, tercero y más importante para los políticos, es que sería una medida absolutamente impopular", apunta Alarcón. A su juicio, la opción más razonable sería vender una bajada de impuestos a consecuencia de lo recaudado por Patrimonio reduciendo la tarifa del IRPF a todos los contribuyentes.
Una ley específica para la devolución
Héctor Pérez Tapia, socio director del área Fiscal Nacional de Selier Abogados, apunta que, aunque poco probable, cabría la opción de que la Comunidad de Madrid recaude Patrimonio y haga una ley del Parlamento Autonómico para devolver las cantidades pagadas. La ley que creó el impuesto a las grandes fortunas establece que se descontará del tributo lo que los contribuyentes ya hayan pagado en sus regiones por Patrimonio, pero no dice nada respecto a potenciales devoluciones. A su juicio, esta opción es más difícil que se lleve a cabo ante la controversia política que podría generar, pero podría ser una posibilidad desde un punto de vista meramente técnico.
Respecto a que la compensación a los contribuyentes madrileños se haga de forma general a través de la deducción del tramo autonómico del IRPF, considera que es más plausible, posiblemente a través de una reducción en toda la escala y no solo en la de las rentas más altas por una cuestión política.
Por último, Pérez Tapia advierte del riesgo que esta nueva doctrina del Tribunal Constitucional puede traer a otros tributos en situación similar, por ejemplo, permitiendo que el Estado cree un impuesto "armonizador" para el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, también muy bonificado en varias CCAA.
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