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Jaque de Ayuso a la tasa a los ricos: Hacienda solo recaudará 70 millones

  • El reactivación de Patrimonio en Madrid deja sin efecto grandes fortunas
  • La región comenzará a gravar la fortuna de los contribuyentes a partir de 3 millones
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. / EP
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Jaque de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, al impuesto a las grandes fortunas. La región eliminará la bonificación del Impuesto de Patrimonio (gestionado por las CCAA) a partir de los tres millones de euros para que Madrid se quede con la recaudación en vez de que lo ingrese el Estado a través de la tasa a los ricos. Este movimiento dejará sin efecto el nuevo impuesto estatal. Hacienda solo recaudará por él unos 70 millones de euros al año.

Stella Raventós, presidenta de la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF), señala que el impuesto a grandes fortunas sobre todo aplica a las CCAA donde Patrimonio está bonificado. "Si el contribuyente ya ha pagado Patrimonio, se resta de la cuota íntegra de grandes fortunas y si sale cero, no hay que presentarlo. Madrid se quedará el dinero que podría recaudar el Estado", dice.

La Administración Tributaria ingresó este año por grandes fortunas 623 millones de euros, de ese volumen, casi el 90% (555 millones de euros) lo recaudó de los contribuyentes madrileños. Ahora, el Grupo Parlamentario Popular de la Asamblea de Madrid ha registrado por el trámite de lectura única (que agiliza los plazos) la Proposición de Ley para recuperar el Impuesto sobre el Patrimonio. Es decir, eliminará la bonificación a partir de los tres millones de euros (rango desde el que se cobra la tasa a los ricos).

La tasa a los ricos es un impuesto estatal que grava el patrimonio de los contribuyentes con un tipo del 1,7% para las fortunas de entre 3 millones a los 5,3 millones; del 2,1%, entre los 5,3 millones y los 10,6 millones; y del 3,5%, a partir de los 10,6 millones de euros. De modo que, si las CCAA mantienen para Patrimonio el tipo máximo para las fortunas más altas, el Estado no recaudaría nada.

La Ley de Presupuestos General del Estado de 2021 ya incrementó el tipo marginal máximo del Impuesto sobre Patrimonio del 2,5% al 3,5%. La base liquidable del impuesto se grava a los tipos de la escala que aprueben las CCAA, pero si no aprueban la escala se aplica es criterio estatal.

Solo aportarán dos CCAA

Luis del Amo, secretario técnico del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), apunta que con el movimiento de la Comunidad de Madrid, los ingresos de Hacienda solo llegarán por parte de Andalucía (que tiene bonificado Patrimonio al 100% y cuyos contribuyentes solo aportaron 29,7 millones a este nuevo tributo); Galicia (que lo tiene bonificado al 50% y el fisco recaudó 9,8 millones en la Comunidad); y de aquellas otras regiones que apliquen en Patrimonio un tipo marginal inferior al 3,5%.

Atendiendo a los datos de recaudación por la autoliquidación de julio de 2023, la Administración solo ingresaría 68,6 millones por este nuevo tributo. La previsión inicial de Hacienda era lograr 1.500 millones de euros, una cifra que se quedó un 60% por debajo de la realidad.

Parte de este fallo en la previsión viene explicado porque los contribuyentes que se vieran afectados por el nuevo tributo podrían reducir el pago hasta en un 80% si la suma de lo pagado por IRPF, lo pagado por Patrimonio y lo pagado por grandes fortunas superaba el 60% de los ingresos de la persona. Esta reducción también podían aplicarla incluso aquellos que no pagaban Patrimonio por residir en CCAA que lo tuvieran bonificado. Aunque no abonaran el impuesto, podía contabilizarlo para hacer el cálculo del escudo fiscal y así minorarse el importe a pagar por grandes fortunas.

El movimiento de Madrid llega después de que el Tribunal Constitucional rechazara este martes el recurso de la región y respaldara el nuevo tributo con el apoyo de los siete magistrados progresistas y el voto en contra de los cuatro conservadores. La sentencia consideró que no hubo fraude en la tramitación del impuesto, no vulnera la autonomía financiera de las CCAA, no es confiscatorio ni retroactivo.

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