Uno de los argumentos de quienes defienden la que la amnistía entra dentro de Constitución española es que ésta se ha concedido en otros Estados de la Unión Europea. Alemania es el único Estado de la UE que ha concedido perdones sin mención en la Carta Magna, pero prohíbe los partidos que atenten contra la unidad del Estado.
Una Constitución, un país
Sin embargo, tal y como apunta el catedrático de Derecho Constitucional, Enrique Gimbernat, "lo que ocurre es que aquí estamos interpretando la Constitución española. Y cada Constitución nacional tiene sus fortalezas, que, en el caso alemán, por ejemplo, vienen en el artículo 21.3, que establece que no son constitucionales los partidos que ponen en peligro la unidad del Estado. Y si, a pesar de esa prohibición constitucional, estos partidos continúan actuando, el artículo 84 del Código Penal Alemán les castiga con una pena de hasta cinco años de prisión.
"De esta forma, si se aplicase la Constitución alemana, resulta que Bildu, Junts y ERC serían inconstitucionales y si siguiesen actuando tendrían que ir a la cárcel", explica Gimbernat.
La amnistía catalana de 2017
Un caso aparte, lo representa la amnistía incluida en la Ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la Republica Catalana, publicada en el Boletín Oficial de de la Generalitat de Cataluña, el 8 de septiembre de 2017, tras su aprobación por el Parlamento de Cataluña, el mismo 8 de septiembre de 2017, y suspendida por el Tribunal Constitucional. el 12 de septiembre.
La Ley no llegó a entrar en vigor, puesto que tras su suspensión, el referéndum del 1 de octubre, para su ratificación también fue suspendido.
La norma, en su artículo 79 estipulaba que "los juzgados y tribunales sobreseen o anulan los procesos penales contra investigados o condenados por conductas que buscasen un pronunciamiento democrático sobre la independencia de Cataluña o la creación de un nuevo Estado de forma democrática y no violenta".
Francisco de la Torre, economista e inspector de Hacienda, señalaba en elEconomista por esas fechas que "no se olvidan los proponentes es de establecer una amnistía para los delitos cometidos "en el procés per la Independéncia", ni tampoco de dejar atado y controlado al Poder Judicial".
El caso de Alemania
Generalmente las amnistías en la Unión Europea han estado relacionadas con el fin de una guerra o de un régimen. Y los países que las han concedido suelen tener en sus Constituciones esta posibilidad, tal es el caso de Francia, Portugal o Italia, aunque Alemania las ha concedido sin que su Carta Magna de 1949 se refiera a esta posibilidad, por lo que se ha tomado como ejemplo de la situación constitucional española.
Las primeras medidas de gracia se concedieron entre 1949 y 1954 que exoneró de responsabilidades a aquellas personas que, sin ser consideradas criminales de guerra, cometieron delitos durante el régimen nazi. Posteriormente, tras sendas reformas penales, que sirvieron para despenalizar delitos.
Otras dos leyes de amnistía se aprobaron en 1968 y en 1970 para completar las dos reformas que se hicieron al Código Penal en esos años, que despenalizaron delitos como la homosexualidad, el adulterio, así como una cierta equiparación de las parejas de hecho. Paso que en España se dio en la amnistía de 1977. Y, finalmente, en 2009 se promulgó una ley de rehabilitación dirigida a quienes los nazis habían condenado por traidores, en una suerte de actuación sobre la Memoria Histórica.
Lo que está claro es que ninguna de ellas sirvió para liberar de sus responsabilidades a políticos posteriores a la entrada de la Constitución.
El intento paralizado por la UE
La amnistía rumana coincidió con la presidencia de turno de la UE de este país. La Ley de Amnistía beneficiaba a numerosos políticos condenados por corrupción, entre los que destacaba el líder del Partido Social Demócrata (PSD) en el Gobierno, Liviu Dragnea, encarcelado con una condena de tres años y medio de prisión en un juicio por malversación de fondos y fraude electoral.
Rumanía quedó bajo el escrutinio de la Unión Europea, coincidiendo con sus seis meses de presidencia comunitaria
La sentencia ponía fin a su carrera política, que si bien no había podido formar parte del Gobierno por haber sido condenado en 2016 por abuso de poder, estaba considerado el primer ministro en la sombra.
En enero de 2019, Rumanía quedó bajo el escrutinio de la Unión Europea, coincidiendo con sus seis meses de presidencia comunitaria, al considerar la Comisión Europea que iba camino de erosionar el Estado de Derecho en caso de que se desenlazase en algunas formas de corrupción y se concediese la amnistía a los infractores.
El intento de amnistía y de despenalización de delitos de corrupción desencadenó las mayores concentraciones en las calles desde la caída del comunismo en 1989
En una visita a Bucarest, el entonces presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ofreció una rueda de prensa en la que mostró el rotundo rechazo del Ejecutivo Europeo al proceso puesto en marcha. Así, Juncker afirmó que "de otorgarse la amnistía, como prevén algunos en este país, sería un paso atrás en el Estado de Derecho" y explicó que "lo que es esencial se vería afectado negativamente si hubiera una amnistía".
Bruselas viene denunciando el uso generalizado de decretos gubernamentales de urgencia en ámbitos clave, incluidas las reformas judiciales
El intento de amnistía y de despenalización de delitos de corrupción desencadenó las mayores concentraciones en las calles desde la caída del comunismo en 1989. Finalmente, en mayo de 2019, coincidiendo se celebró un referéndum con una participación récord que respaldó con un 80% de los votos una reforma constitucional que bloqueaba las reformas que el partido del Gobierno había propuesto.
La Amnistía entrará en vigor aunque los jueces recurran la Ley al Tribunal Constitucional
Finalmente, el Tribunal Constitucional rumano emitió el fallo que acabó con este intento de autoamnistía política. No obstante, el seguimiento de la Unión Europea sobre Rumanía ha llevado a que Bruselas venga denunciando el uso generalizado de decretos gubernamentales de urgencia en ámbitos clave, incluidas las reformas judiciales lo que plantea dudas en el seno de la Comisión Europea en relación con la calidad de la legislación, la seguridad jurídica y el respeto de la separación de poderes, según denuncia se denuncia en el Informe Anual sobre el Estado del Derecho que publica Bruselas.
Estos ataques y medidas buscan un efecto disuasorio y una repercusión negativa en la confianza pública en el poder judicial
Su uso frecuente de procedimientos acelerados o la adopción de legislación basada en iniciativas presentadas directamente por los diputados del Parlamento, sin pasar por los procesos preparatorios normales y sin consultar a las partes interesadas, también constituye un riesgo desde el punto de vista del Estado de Derecho, están en el punto de mira de Bruselas.
Además, no solo en Rumanía, sino también en algunos otros Estados miembros, como Polonia o Hungría se denuncian con frecuencia ataques políticos y campañas de los medios de comunicación contra jueces y fiscales. Además, se han adoptado medidas, incluso disciplinarias, que afectan a la libertad de los jueces para plantear cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Los juristas denuncian que la amnistía viola hasta siete artículos de la Constitución
Estos ataques y medidas buscan un efecto disuasorio y una repercusión negativa en la confianza pública en el poder judicial, lo que afecta a su independencia.
El artículo 7 permite suspender los derechos como miembro de la UE (como los derechos de voto en el Consejo de la Unión Europea) si un país infringe de forma grave y persistente los principios en los que se basa la UE
En algunos casos, los ataques se dirigen contra jueces y fiscales que han tomado una posición pública para denunciar acontecimientos que podrían perjudicar al poder judicial en su conjunto.
En su reciente sentencia de 5 de mayo de 2020 (Kövesi/Rumanía), el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (al igual que en la sentencia de 23 de junio de 2016, Baka/Hungría) reafirmó la libertad de expresión de los fiscales y los jueces para participar en debates públicos sobre las reformas legislativas que afectan al poder judicial y, de manera más general, sobre cuestiones relativas a la independencia de este.
Herramientas contra ilegalidades
El artículo 2 y el 7 el Tratado de la Unión Europea son las herramientas de control de la UE sobre el Estado de Derecho. El artículo 7 permite suspender los derechos como miembro de la UE (como los derechos de voto en el Consejo de la Unión Europea) si un país infringe de forma grave y persistente los principios en los que se basa la UE según lo dispuesto en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea (respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos fundamentales, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías).
Con todo, las obligaciones de ese país como miembro de dicha organización siguen siendo vinculantes.
De acuerdo con el artículo 7, a propuesta de un tercio de los Estados miembros de la UE, o del Parlamento Europeo o de la Comisión Europea, el Consejo, por mayoría de cuatro quintos de sus miembros, y tras la aprobación del Parlamento, podrá constatar que existe un riesgo claro de violación grave de estos principios fundamentales por parte de un Estado miembro y presentarle recomendaciones apropiadas.
El artículo 354 del TFUE prevé las modalidades de voto en el seno de las principales instituciones de la UE cuando a un Estado miembro se le aplica el artículo 7. El país en cuestión no participa en la votación.
Claveles y jóvenes en Portugal
La Constitución portuguesa reconoce la capacidad de conceder amnistías. Su artículo 161 establece que es la Asamblea de la República quien tiene la competencia de conceder amnistías y perdones genéricos.
La Revolución de los Claveles y, el cambio de régimen en Portugal, fue el marco de la amnistía, aprobada en 1979. Entonces la Ley de Amnistía Político Militar, amnistió las infracciones criminales y disciplinarias de naturaleza política, incluyendo las sujetas al fuero militar, cometidas tras la Revolución de 25 de abril de 1974.
Posteriormente, el 1 de marzo de 1996, la Asamblea amnistió a Saraiva de Carvalho, uno de los héroes de la Revolución de los Claveles y a sus seguidores, por la condena a 18 años de cárcel que les fue impuesta por dirigir y participar en el grupo terrorista FP-25 a principios de la década de los años ochenta.
En total se han conocido tres en los últimos 50 años. La última coincidió con la visita del Papa Francisco a Lisboa durante la Jornada Mundial de la Juventud.
La Asamblea aprobó una amnistía para las todas las personas de entre 16 y 30 años que, hasta junio de este año, tuvieran penas de hasta ocho años de prisión, o infracciones penales que no excedan el año de prisión o los 120 días de multa.
Los delitos excluidos en las enmiendas a la ley de amnistía son el tráfico de órganos, el robo, los delitos contra la soberanía nacional y contra la aplicación del Estado de derecho, los motines de presos, la corrupción en el sector privado y en el comercio internacional, contra la verdad deportiva, el fraude en la obtención de subsidios y delitos contra niños, jóvenes y otras personas vulnerables.
Además, en este caso, el proyecto de ley ya incluía otras excepciones como los delitos de homicidio, infanticidio, violencia doméstica, maltrato, ofensa grave a la integridad física, mutilación genital femenina, matrimonio forzado, secuestro, contra la libertad sexual, la extorsión, la incitación al odio, la discriminación, la violencia, el tráfico de influencias, blanqueo de dinero o la corrupción.
Delitos de guerra en Italia
En Italia la amnistía sólo puede ser otorgada por una ley aprobada por mayoría de dos tercios de cada una de las dos Cámaras que integran el Parlamento italiano, según establece la Constitución, que además, obliga a que la votación sea artículo por artículo, y con una votación final del texto completo, con un mínimo también de dos tercios de cada Asamblea.
Italia aprobó el 22 de junio de 1946, por Decreto presidencial, una amnistía tras la conclusión de la Segunda Guerra Mundial para delitos políticos, militares y comunes.
El 26 de agosto de 1949 se aprobó otra amnistía que benefició a los condenados por delitos electorales, y que se ampliaría con otra más el 19 de diciembre de 1953, sobre la base de delitos también relacionados con la Guerra Mundial. Los mismos delitos.
Finalmente, el 4 de junio de 1966 se aprobó una amnistía para delitos leves con pena inferior a tres años de cárcel.
Guerra y revueltas en Francia
La Constitución regula la amnistía. La primera se concedió e 5 de enero de 1951, para perdonar a los colaboracionistas con el régimen nazi, pero solo para los menores de 21 años en aquella época y que hubieran sido condenados a penas inferiores a 15 años de cárcel, así como otros casos por delitos menores cometidos durante la II Guerra Mundial.
El 24 de julio de 1953, la Asamblea aprobó una nueva ley más general que benefició a la gran mayoría de personas por delitos cometidos durante la II Guerra Mundial.
Quedaron excluidos los condenados por torturas, delitos de lesa humanidad y también los condenados por colaborar con el ejército, la policía o los servicios de espionaje enemigos.
Entre 1964 y 1968, vieron la luz tres leyes de amnistía con el fin de restaurar la unidad nacional tras la Guerra de Argelia. Estas tres leyes se completaron con un Decreto de gracia presidencial. En 1968 se amnistió a los participantes en los disturbios de mayo y en 1982, se amplió la amnistía a los últimos condenados por la Guerra de Argelia.
En 1990, una nueva amnistía, liberó de responsabilidad sobre los delitos de tipo político, social o económico cometidos antes de agosto de 1988, en las revueltas promovidas por los independentistas del Frente Socialista de Liberación Nacional Canaco de Nueva Caledonia. Se excluyeron los delitos de sangre.
Y la última amnistía se aprobó el 6 de agosto de 2002 para delitos con condenas inferiores a 10 años de cárcel relativos a conflictos sindicales, industriales, comerciales.
Croacia: Derechos Humanos
En Croacia se aprobó una amnistía en 1996 para los delitos cometidos durante la guerra de los Balcanes. A raíz de esta amnistía, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha consolidado como doctrina que toda medida que pretenda impedir la investigación, juicio y condena de responsables de graves violaciones a los derechos humanos es incompatible con el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH).
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