La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria entre los jueces, manifiesta en un comunicado su "más firme rechazo a una futura ley de amnistía que tiene el claro objetivo de anular al Poder Judicial" y denuncia que supone "el principio del fin de la democracia española".
"Se pretende ahora dar un paso más y situarnos en el principio del fin de nuestra democracia. Romper las reglas de la Constitución de 1978 y volar por los aires el Estado de Derecho", señala la APM en el comunicado.
Y destacan que "no vamos a pronunciarnos sobre el hecho de que esta norma legal se esté pactando por el partido del gobierno en funciones con los máximos responsables de esos delitos; no nos corresponde a nosotros valorar la ética y los principios de los actores políticos, ni siquiera la ausencia de los mismos".
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Considera "inaceptable e inasumible para una democracia plena que se impulse una norma legal que exonere a unos pocos de las responsabilidades penales, ya declaradas por los Tribunales, o por enjuiciar, sin modificaciones legales previas o sin entrar formalmente en un nuevo proceso constituyente".
Denuncia también que "una ley de amnistía no es admisible en la Constitución Española de 1978" y pone en cuestión la labor de los jueces españoles que aplicaron las leyes ordinarias democráticamente elaboradas por el poder legislativo".
Esta afirmación la apoyan en la idea de que "una ley de amnistía, cualquiera que sea la trampa o el encaje constitucional que se pretenda buscar, no es admisible en la Constitución Española de 1978 que se fundamenta entre otros valores en la libertad, la democracia, la igualdad y el Estado de Derecho.
Por ello, señala la APM en su comunicado que "deslegitima el Estado de Derecho y al Poder Legislativo que promulgó las leyes que aplicaron los jueces, lanzando el mensaje falaz de que el legislador tipifica penalmente y los tribunales condenan en España por delitos políticos.
Poe ello, considera que futura norma "quiebra un principio esencial en democracia, como es el de la separación de poderes" y "vulnera el principio de igualdad en la aplicación de las leyes al eximir de responsabilidad penal a una clase de personas únicamente con base en la supuesta motivación política de sus actuaciones".
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En la misma línea, señala que deriva en "el grave riesgo de que el mismo trato puedan exigir quienes pretendieron en otros momentos históricos con la fuerza del terror conseguir la independencia de parte del territorio, o bien malversaron fondos públicos invocando la misma intencionalidad".
"La ley que, por definición y principio es general, se torna así en privilegio, atacando el fundamento mismo del Estado Social y Democrático de Derecho", añade el comunicado
De este modo, ha expresado su rechazo a una ley de amnistía que "tiene el claro objetivo de anular al Poder Judicial", el "último dique de contención frente a los abusos de poder, la arbitrariedad y la desigualdad ante la ley para privilegiar a unos pocos, la clase política".
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Así, censura que la norma se impulse "para tener los votos necesarios para una investidura", si bien ha señalado que no se pronunciará sobre el hecho de que esta norma se esté pactando por el PSOE "con los máximos responsables" de los delitos "graves" del 1 de octubre.
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