A punto de que se desvele el texto de la Ley de Amnistía y con un intento burdo de hacer pasar la propuesta de los grupos independentistas de marzo de 2021 en el Congreso de los Diputados, como el que va a presentar el Grupo Parlamentario socialista, es fundamental repasar este texto para saber cuál es el listón planteado por Junts, ERC y PDeCAT (con el apoyo moral de la CUT) y sus similitudes con el texto que finalmente se presente en la Cámara Baja del Parlamento.
Según esta proposición, se podría acoger a la amnistía, entre ellos los imputados por desórdenes públicos, 50 cargos de la Generalitat procesados, los incursos en las causas contra miembros de los CDR y Tsunami Democràtic, así como las que afectan a cientos de ayuntamientos, entre otras.
Se trata de la ampliación del artículo 79 de la Ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la Republica Catalana, publicada en el Boletín Oficial de de la Generalitat de Cataluña, el 8 de septiembre de 2017, tras su aprobación por el Parlamento de Cataluña, el mismo 8 de septiembre de 2017, y suspendida por el Tribunal Constitucional. el 12 de septiembre.
Rechazado por inconstitucional
El presidente de la Sección de Derecho Administrativo del Colegio de Abogados de Madrid (Icam) y letrado de las Cortes Generales en excedencia, Alberto Dorrego, en una reciente jornada sobre la constitucionalidad o no de la amnistía, señalaba que "fue rechazada por la Mesa del Congreso porque contenía todos los elementos de un indulto general, lo que el artículo 62.1 de la Constitución Española (CE ) no permite". El PSOE se apoyó en el PP y Vox para tumbar la tramitación de la proposición de Ley en la Mesa del Congreso de los Diputados.
Se hacía especial hincapié en Montenegro porque contó con aval y participación de la Unión Europea (UE)
Esta iniciativa contaba con un texto articulado, que presentaron tres grupos parlamentarios, que fueron ERC, Junts y PDECat que planteaba eliminar la responsabilidad penal de todos los encausados o condenados por actos de intencionalidad política vinculados a la "lucha democrática por la autodeterminación de Cataluña desde 2013 en adelante.
Argumentos independentistas
Sobre el referéndum de autodeterminación se dice en el Preámbulo de la propuesta de ley que "en una sociedad democrática, el libre ejercicio de los derechos políticos no debería tener como respuesta la senda de la Justicia penal" y se habla del proceso de independencia de diversos países tras la caída del Muro de Berlín, haciendo especial hincapié en Montenegro porque contó con aval y participación de la Unión Europea (UE), que fijó las condiciones y los marcos para un referéndum de autodeterminación.
En el Preámbulo se manifiesta que "cabe mencionar el bloqueo de la inviolabilidad y la autonomía parlamentaria mediante todo tipo de acciones y recursos judiciales, a los que siguieron detenciones y actuaciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Finalmente, el referéndum se celebró el 1 de octubre de 2017, con la participación de más de dos millones de personas, pero fue respondido con violencia policial, ejercida por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado sobre votantes indefensos , con grave afectación a los derechos humanos fundamentales".
"Las sentencias implicaron la continuidad de las interpretaciones contrarias a plantear en términos de diálogo la solución al principal problema político del Estado"
También, Se repasan los precedentes históricos y, especialmente, los referidos a la amnistía concedida por el Gobierno de la República, mediante un Decreto Ley antes de que se constituyeran las cámaras por la Diputación Permanente de las Cortes, el 21 de febrero de 1936.
Dentro de la Constitución
Sobre la amnistía se defiende que "se trata de algo no previsto en la Constitución española, lo cual da un margen amplio al legislador".
"Las diferentes sentencia emitidas por los tribunales supusieron un ataque de carácter general contra el movimiento independentista"
Así, se señala que "las posteriores sentencias del Tribunal Constitucional (TC), que avalaron la constitucionalidad de las medidas adoptadas al amparo del artículo 155 de la CE, implicaron la continuidad de las interpretaciones contrarias a plantear en términos de diálogo la solución al principal problema político del Estado".
En contra de la judicialización
A todo ello, señala el Preámbulo de la propuesta, se sumó posteriormente, como resultado evidente de la renuncia al diálogo y la negociación política, un proceso judicial que asumiría la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, con el resultado de una condena a nueve de los procesados -miembros del Gobierno catalán, del Parlamento de Cataluña o dirigentes de entidades soberanistas- a penas de prisión de entre 9 y 13 años por el delito, entre otros, de sedición (sentencia del Tribunal Supremo 459/2019).
Las diferentes sentencia emitidas por los tribunales supusieron un ataque de carácter general contra el movimiento independentista que se ha concretado en la fragmentación en múltiples causas seguidas ante varios juzgados de instrucción, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, el Tribunal de Cuentas, la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo y las causas vinculadas a las protestas masivas, por las sentencias del juicio del TS.
Derecho democrático a decidir
Y concluye afirmando que "una Constitución democrática no debe erigirse como un muro ante un problema político profundamente arraigado en la sociedad, sino que, por el contrario, debe ejercer una función integradora, permitir el libre debate parlamentario de todas las iniciativas políticas y hacer posible la expresión democrática de los ciudadanos para decidir el tipo de articulación política que desean.
Y "la mejor herramienta para la construcción de la citada solución es la de poner fin a la judicialización del conflicto y al exclusivo enfoque penalista de los poderes y las instituciones del Estado mediante la amnistía para todos los condenados y encausados".
Alcance del perdón y el olvido
En el artículo 1.1 del texto se dice que quedan amnistiados todos los actos de intencionalidad política, cualquiera que fuese el resultado, tipificados como delitos o como conductas determinantes de responsabilidad administrativa efectuados desde el 1 de enero de 2013 hasta el momento de la entrada en vigor de la Ley, cualquiera que sea la denominación y el contenido.
Definición del concepto
En la propuesta se entiende por intencionalidad política cualquier hecho vinculado a la lucha democrática por la autodeterminación de Cataluña. Y se aclara que, en cualquier caso, tendrían la consideración de actos de intencionalidad política los hechos vinculados a la preparación, la organización, la convocatoria, la financiación, el favorecimiento, la promoción, la ejecución y la celebración tanto del proceso participativo sobre el futuro político de Cataluña de 9 de noviembre de 2014 como del referéndum de autodeterminación de 1 de octubre de 2017.
También, lo serían "los actos de protesta en la vía pública que, con el fin de defender el referéndum o de criticar la actuación de las autoridades gubernativas o jurisdiccionales fueran perseguidos penal o administrativamente desde la fecha de celebración del referéndum".
La Amnistía entrará en vigor aunque los jueces recurran la Ley al Tribunal Constitucional
Se entenderá por momento de realización del acto el momento en que se inició la actividad sujeta a procedimiento penal, en cualquiera de las fases preprocesales, procesales y de ejecución, o administrativo, en cualquiera de las fases de iniciación e instrucción y finalización del procedimiento.
Para definir mejor que sería amnistiable, la propuesta incluía un listado de delitos con los de rebelión y sedición y demás delitos contra el orden público; de prevaricación, falsedad, malversación de caudales públicos, desobediencia o revelación de secretos; de expresión y opinión en prensa, imprenta, redes sociales, etc. que hayan sido valorados como de incitación al odio vinculados al conflicto político; los de diversa índole, mediados por los actos amnistiados, cualquiera que sea su denominación y ubicación legal.
Para asegurar el resultado se incluía una disposición en la que se incluía un listado de los principales procedimientos judiciales sobre el procés.
Extradición y cooperación
Se preveía que la amnistía dejaría sin efecto de ningún tipo, además, los procesos constitucionales, administrativos, de extradición activa, de cooperación jurídica europea e internacional, económicos o contables y electorales, concluidos o iniciados en cada uno de estos ámbitos, relacionados con las finalidades en el apartado primero, así como las investigaciones impulsadas en el ámbito policial, fiscal o jurisdiccional con la misma finalidad.
Los efectos y beneficios de la amnistía serían, que: la autoridad judicial competente ordenase la inmediata libertad de los beneficiados que se encontraran en prisión y dejara sin efectos las órdenes de búsqueda y captura nacionales, europeas e internacionales de quienes estuvieran declarados en rebeldía.
Los funcionarios repuestos no tendrían derecho a percibir haberes por el tiempo en que no hubiesen prestado servicio efectivo
En caso de requerirlos, las autoridades competentes deberían proveer de pasaportes válidos o levantar cualquier restricción que pese sobre la libertad de movimientos de los amnistiados.
También, se pondría fin a las investigaciones y a los procesos judiciales iniciados, así como a las declaraciones de rebeldía procesal, procesos de extradición, euro órdenes o solicitudes de suplicatorio para someter a juicio a los responsables del procés.
Pago de intereses por las fianzas
Por otra parte, se preveía la reintegración en plenitud de los derechos activos y pasivos de los funcionarios civiles sancionados, así como la reincorporación a los respectivos cuerpos, si hubieran sido separados.
Los funcionarios repuestos no tendrían derecho a percibir haberes por el tiempo en que no hubiesen prestado servicio efectivo, pero se les reconocería la antigüedad que les corresponda como si no hubiera habido interrupción en la prestación de los servicios.
Los juristas denuncian que la amnistía viola hasta siete artículos de la Constitución
Seguidamente, se reglaba la eliminación de los antecedentes penales y las notas desfavorables en expedientes personales y se procedería a la devolución de las fianzas y las penas, sanciones y multas de carácter económico con el interés legal del dinero, así como toda clase de embargos , limitaciones o restricciones de disposición patrimonial de los encausados o afines, a solicitud de los interesados.
El acuerdo PSOE y ERC en línea
PSOE y ERC han acordado establecer como uno de los elementos esenciales del conflicto político "el debate sobre el reconocimiento nacional de Cataluña", según se recoge en el documento que han firmado este jueves para. Además, han pactado que los acuerdos fruto del diálogo sean refrendados por la ciudadanía.
El acuerdo identifica "los tres grandes problemas de naturaleza política del conflicto que nos ocupa": el debate sobre el reconocimiento nacional de Cataluña y la forma de vehicular dicho reconocimiento "a través de la política, del ordenamiento jurídico y de las instituciones", que se hará a través de la política, del ordenamiento jurídico y de las instituciones, respetando tanto el principio de legalidad como el principio democrático".
El Ministerio de Transportes, tras el traspaso del servicio ferroviario de Rodalies sufragará parte de los gastos de actualización y saldará la actual deuda con Renfe
Además, acuerdan que "la necesidad de que los acuerdos alcanzados como resultado político del diálogo sean refrendados por la ciudadanía, lo que permitirá cerrar una cuestión pendiente, contribuir a cumplir una demanda amplia, sólida y transversal, mantenida a lo largo del tiempo y favorecer un consenso sobre el futuro de Cataluña".
Y, finalmente, se han puesto de acuerdo en que Cataluña debe disponer de recursos "para asegurar los derechos, la cohesión social y la prosperidad" de sus habitantes.
En este capítulo es en el que se incluye el traspaso integral del servicio ferroviario de Rodalies a Cataluña, contiene una transferencia adicional de 132,7 millones de euros a la Generalitat para sufragar la deuda existente con Renfe relativa a los servicios prestados en el marco del Plan de Acción.
El presidente de la Generalitat ha sido claro con el objetivo que buscan, "es hora de avanzar hacia el referéndum"
En línea con este traspaso, se creará un grupo de trabajo entre Ministerio de Transportes y el Departamento de Territorio de la Generalitat de Cataluña, que analizará también las mejoras en los servicios actuales, que se incorporarán estableciendo los costes a asumir entre ambas instituciones. Entre estos servicios, cuyo coste asumirá el Ministerio, se encontrarán al menos los servicios de Lleida a Manresa.
Tras cerrarse el pacto, el presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès, ha apuntado que "La amnistía es una gran victoria, pero también tenemos que tener muy claro que la amnistía no es un punto y final. El conflicto se cerrará con democracia y reconociendo los derechos nacionales de Cataluña. Dijimos desde el primer momento que con la amnistía no había suficiente".
El presidente de la Generalitat ha sido claro con el objetivo que buscan, "es hora de avanzar hacia el referéndum".
El Dictamen jurídico Sumar
Con respecto al Dictamen Jurídico elaborado a instancias de Sumar basa sus argumentos en que las medidas aprobadas por el Tribunal Supremo fueron desproporcionadas.
Argumentan que no es un indulto general porque la medida no la lleva a cabo el Ejecutivo, sino el Legislativo, pero consideran que quien la tiene que interpretar es el Poder Judicial, de acuerdo con la legislación vigente y en aplicación de la jurisprudencia.
A este respecto, diversos expertos en Derecho Constitucional consultados por elEconomista, señalan que, a la luz de esta apreciación, "si en la Exposición de Motivos se dice que la sentencia ha sido desproporcionada, lo que haría el Legislativo es entrometerse en las competencias del Judicial".
PSOE y ERC han pactado que los acuerdos fruto del diálogo sean refrendados por la ciudadanía
El documento de Sumar, hace la misma propuesta que la realizada en las proposición de los grupos independentistas, aunque sin articular el texto e incluye, como novedad destacable, que para preservar el principio de igualdad se propone amnistiar a los miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado, que intervinieron en estos hechos, pero siempre y cuando no se entre en delitos de torturas o violentar los tratados internacionales.
Defiende este texto, que la amnistía se encuentra amparada por el artículo 9.3 de la Carta Magna, que establece que "la Constitución garantiza el principio de legalidad y la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales", lo que, para los autores del informe, "permite que se apliquen retroactivamente disposiciones sancionadoras favorables, como sería una amnistía".
En cuanto al alcance de la amnistía, los juristas de Sumar proponen también que abarque el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 17 de agosto de 2023, fecha de constitución de la actuales Cámaras parlamentarias.
Como en el caso de la propuesta de los grupos independentistas de 2021, el Dictamen de Sumar se propone su aplicación sobre las acciones y omisiones que hayan tenido por finalidad la reivindicación del derecho de autodeterminación de Cataluña.
A este respecto, quedarían dudas sobre si se acogería la figura de la expresidenta del Parlament Laura Borràs, con el apoyo de algunos sectores de Junts para que se la beneficie, o su condena por corrupción quedaría, al considerarse al margen del procés.
Sumar ha mostrado su apoyo al dictamen, aunque no ha querido plantearlo como una actuación legislativa, sino como una aportación a la negociación del PSOE, Junts, ERC y el resto de las formaciones.
Relacionados
- Jueces y Fiscales denuncian que el Gobierno ha incumplido su compromiso de crear 100 plazas adicionales
- El TEAC rechaza que Hacienda amplíe una comprobación sobre otra ya iniciada
- Varios jueces avalan una indemnización adicional al despido si daña al trabajador
- La Abogacía critica que el Reglamento del administrador concursal expulsa a los profesionales actuales
