
Una mayor agilidad de los juzgados españoles elevaría el tamaño de las empresas entre un 0,6% y un 2,8%, lo que supone una menor inversión en inversión y desarrollo. (I+D+I), con lo que se podría disponer de más bienes, servicios e ideas nuevas, al tiempo que el número de emprendedores aumentaría la tasa de entrada entre un 5% y un 7%, según ha explicado Mario Mora-Sanguinetti, economista senior del Banco de España y del Banco de Francia, en comisión de servicios.
Con estas cifras ha arrancado, en Tenerife, el VII Congreso VII Congreso de los Registradores, bajo el lema Midiendo el valor de la seguridad jurídica, con un total de asistentes que ronda los 350.
Ha señalado Mora Sanguinetti, que "el buen funcionamiento de las instituciones de ejecución, como son los juzgados y los Registros, es la principal explicación de por qué, en el largo plazo unas economías se desarrollan más que otras". Así, por ejemplo, tradicionalmente España es el tercer país del mundo por litigiosidad, tras la República Checa y Rusia. Y ha valorado que el incremento de un punto de la tasa de ejecución judicial supondría un aumento del 0,32% de la tasa de crédito total con respecto al PIB.
"España es un país conflictivo. Ha llegado a ser el tercer o cuarto país más litigioso de todos los países ricos del mercado del mundo, de los países de la OCDE, en función de su población y de su riqueza. Cuando esto es así España puede tener muchos problemas económicos, que es lo que nos hace valorar la seguridad jurídica", ha señalado el economista.
la mayor seguridad jurídica que supondría reducir un punto la congestión judicial haría que en Madrid aumentara 3.400 viviendas de alquiler y Barcelona, 3.100. Una mejor práctica judicial también lograría un incremento del 0,6 al 2,8% en el tamaño medio de las empresas y aumentaría la tasa de entrada de emprendedores entre un 5% y un 7%. Es decir, También se refleja en todo lo relacionado con los problemas de insolvencia y las empresas inmersas en un concurso de acreedores.
Un enfoque integral
La decana del Colegio de Registradores, María Emilia Adán, ha señalado que "los registradores compartimos la necesidad de ese enfoque integral, que potencie la transversalidad. Y creemos, porque conocemos bien la mecánica registral, que los Registros de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles, pueden generar la seguridad jurídica que cimiente el desarrollo".
"El derecho constitucional a una vivienda digna. La información registral debe servir de apoyo para orientar de modo eficiente las políticas de vivienda pública, apoyando a los propietarios, y a los inquilinos, facilitando el a veces difícil equilibrio de los intereses en juego. El apoyo a quienes pierden su vivienda, comunicándolo a las Administraciones Públicas para que desde el inicio provean una solución habitacional".
La decana ha abogado por viviendas respetuosas con su entorno, recogiendo las certificaciones de eficiencia energética, la huella de carbono del edificio, la accesibilidad. Y ha destacado la necesidad de buscar nuevas formas de vivienda, que respondan a nuevas formas de vivir, como el 'coliving', el alquiler, la protección de los derechos del propietario. Y ha añadido que "la reflexión que precede al debate está abierta".
El Registro Mercantil -ha explicado María Emilia Adán, constituye su soporte jurídico, que genera un espacio de confianza donde pueda desarrollar su función. Y ha considerado que la empresa, en su sentido tradicional, no es algo especulativo, es un proyecto vital, inserto en una sociedad, con un propósito de generar riqueza, sin desdeñar su propósito social. Para facilitar el cumplimiento normativo, en este Congreso se va a presentar un nuevo servicio vinculado al 'compliance', y se hablará de las sociedades socialmente responsables, el Portal Registral de Emergencias, de especial relevancia en catástrofes naturales como la del volcán de la Palma o los incendios de Tenerife y la guía de sostenibilidad para las Pymes, proyecto llevado a cabo en la Comunidad Valenciana.
Entre otras intervenciones, ha destacado en el acto de inauguración del Congreso, la del secretario general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, Manuel Olmedo, que tras repasar el notable esfuerzo de los registradores para limitar las consecuencias en la catástrofe volcánica de La Palma, se ha referido al notable esfuerzo que el mundo de la Justicia y, más concretamente los registradores vienen haciendo para incrementar la seguridad jurídica.
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