El Tribunal Constitucional (TC) estudiará la nueva ley de vivienda que entró en vigor el pasado 26 de mayo. La Corte de Garantías ha comunicado este martes que ha admitido a trámite los recursos de inconstitucionalidad presentados por 50 diputados del PP, por el Parlamento catalán y por las Comunidades Autónomas de Madrid, Galicia y Baleares.
Los recurrentes impugnaron varios artículos y disposiciones de la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda. Entre ellas, han actuado contra el veto de subir el alquiler, cuando finaliza el contrato y hay que renovarlo, en las zonas declaradas como mercado tensionado o las criterios que se imponen a las Administraciones para determinar cuáles son estas zonas tensionadas.
Asimismo, también han actuado contra la obligación que marca la ley de reserva de vivienda social y protegida o de dónde sacar la financiación para vivienda social. Además, los recurrentes también han impugnado el artículo 19 de la norma que insta a la colaboración con los grandes tenedores de vivienda (habitualmente, fondos de inversión) con objeto de favorecer el incremento de la oferta de alquiler asequible en la zona.
En las demandas de inconstitucionalidad, se alega que la Ley recurrida podría ser "contraria al régimen de distribución de competencias autonómicas en materia de ordenación del territorio, urbanismo y vivienda".
Además, los diputados del PP plantean la posible vulneración del derecho de propiedad, del derecho a la tutela judicial efectiva y de la autonomía local.
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