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La UE urge a España a aprobar la Ley de Actividad de Grupos de Interés

  • Pide intensificar esfuerzos ante la excesiva duración de los casos de corrupción
Banderas de Europa ante el Parlamento Europeo. iStock

La Dirección General de Justicia y Consumidores de la Comisión Europea recomienda a España que apruebe la Ley sobre la actividad de los grupos de interés (lobbies), incluida la creación de un registro público obligatorio sobre los mismos, al considerar que en el último ejercicio no se han realizado avances significativos.

En su cuarto Informe sobre el Estado de Derecho en la Unión Europea (UE), como complemento a esta exigencia, recomienda que se intensifique los esfuerzos para abordar los desafíos relacionados con la duración de las investigaciones y los procesos penales para aumentar la eficiencia en el manejo de casos de corrupción de alto nivel, incluyendo la finalización de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. También, que se fortalezcan las normas sobre conflictos de intereses y declaraciones de patrimonio de los altos cargos de la Administración mediante el refuerzo del poder sancionador de la Oficina de Conflictos de Intereses. Continuar los esfuerzos para presentar legislación sobre lobby, incluido el establecimiento de un registro público obligatorio de lobistas. Y, en la misma línea, se propone que se avance en el fortalecimiento del acceso a la información, a través de la revisión de la Ley sobre Secretos Oficiales, teniendo en cuenta las normas europeas de acceso a documentos oficiales.

El organismo comunitario indica en la parte positiva que se espera que pronto la legislación sobre la protección de los denunciantes sea adoptada por el Gobierno. La Oficina de Conflictos de Intereses ha intensificado su papel proporcionando información ética. Y recomienda que una duración excesiva de los procedimientos penales en los casos de corrupción puede impedir que estos lleguen a una conclusión oportuna, lo que dificulta el establecimiento de un historial sólido de sentencias firmes. En Malta, si bien se han asignado más recursos a la investigación y el enjuiciamiento en general, las investigaciones sobre casos de corrupción de alto nivel siguen siendo largas. Siguen faltando resultados en términos de sentencias firmes. También se han planteado retrasos en la persecución de los casos de corrupción de alto nivel en Chequia.

Destaca el informe que en España se está considerando la adopción de un Plan Nacional Anticorrupción, que se espera contribuya a crear una política integral para prevenir y reducir la corrupción. Aunque el número de casos de corrupción de alto nivel ha aumentado dentro de la Fiscalía, la investigación y el enjuiciamiento de casos de corrupción de alto nivel siguen siendo motivo de preocupación, ya que los procedimientos siguen siendo largos y complejos. El marco legislativo general en materia de libertad y pluralismo de los medios de comunicación sigue siendo sólido y estable.

Como era de esperar, un año más, el informe insiste en recomendar la renovación del Estatuto del Fiscal General, en particular en lo que respecta a la separación de la duración del mandato del Fiscal General respecto del mandato del Gobierno, teniendo en cuenta en cuenta las normas europeas sobre independencia y autonomía de la fiscalía. Y, en la misma línea, que se proceda a la renovación del Consejo de la Judicatura como cuestión prioritaria e iniciar, inmediatamente después de la renovación, un proceso con vistas a adaptar el nombramiento de sus jueces-miembros, teniendo en cuenta las normas europeas.

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