Los trabajadores extranjeros cada vez desempeñan más trabajos que entrañan mayores riesgos y lo hacen en condiciones precarias, fundamentalmente en las actividades de construcción, forestal o pesca, según explica la Memoria de la Fiscalía General del Estado con datos de 2022.
En los accidentes mortales en trámite, cinco de extranjeros y seis de nacionales, aparecen como posibles causas la limitada cualificación profesional y escasa antigüedad en la actividad, así como la cobertura de puestos de trabajo de carácter físico y manual, que en principio entrañan asumir mayores riesgos.
La Sección de Huelva incide en las precarias condiciones de las jornaleras extranjeras en el campo que inciden en la alta siniestralidad por falta de una adecuada prevención de riesgos laborales. La Fiscalía considera que "esta situación debería llevar a plantearse la necesidad de una actualización de la normativa preventivo-laboral, en la que las condiciones que rodean a este tipo de mano de obra tengan que valorarse en las evaluaciones de riesgos.
Señala la Memoria que si ya era sorprendente en años anteriores el alto número de diligencias registradas, ahora incluso hay un incremento de 1.142 previas más, dando lugar a 1.856, lo cual no se acomoda a la realidad.
En 2022 se presentaron 514 escritos de acusación y dictadas 341 sentencias por los juzgados de lo penal en todo el territorio nacional de las que 264 fueron condenatorias y 197 de conformidad. Los sectores más afectados son: construcción, servicios, industria y agrícola.
El incremento en 63 procedimientos de homicidio imprudente es considerado por el Ministerio Fiscal como muy alarmante. En los últimos años se observa un aumento paulatino en estas cifras, pero la reactivación de la actividad económica en 2022, unido a una insuficiente inversión en la organización preventiva en los centros de trabajo dan lugar a situación de riesgo grave que se materializa en estos accidentes.
El número provisional de accidentes mortales computados en la estadística del Ministerio de Empleo y Seguridad Social de 2022 acaecidos en jornada de trabajo, que ascendieron a 608, muchos de los cuales no han requerido la apertura de actuaciones.
En los casos en los que sea probable que los trabajadores extranjeros en situación vulnerable, no tengan un domicilio conocido y estable (temporeros agrícolas, personas en situación irregular) se intenta que la declaración judicial se efectúe como prueba preconstituida con las garantías establecidas en el artículo 449 bis de la LECrim, en aras a poder reproducir su declaración en el acto del juicio oral, cuando existan indicios fundados de no poder ser hallado para su citación al juicio oral.
La Fiscalía denuncia la contratación de falsos autónomos obligados por las empresas.
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