Penal

Finalizan los trabajos del grupo interinstitucional que ha revisado la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim)

  • Se crea una comisión nacional de seguimiento de la prisión provisional
  • El papel de la policía judicial se desarrollará bajo la batuta del fiscal instructor
Clausura mesa de trabajo del grupo interinstitucional de la LeCrim. eE

La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha dado por finalizados los trabajos del grupo interinstitucional que ha revisado la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), creado en octubre de 2021 tras el informe del Consejo Fiscal que apuntaba a que el texto del borrador de anteproyecto no se ajustaba a las necesidades del Ministerio Público.

La creación del grupo se produjo después de que se conociera que el Consejo Fiscal había aprobado en julio por unanimidad el informe del anteproyecto, y que, no obstante pedía algunos ajustes en la norma, como limitar la intervención del juez de garantías.

También los expertos consideraron que el anteproyecto de LECrim es un texto con buenas intenciones, pero que no resuelve cuestiones clave.

La catedrática de Derecho Procesal de la Universidad de Valencia, Silvia Barona, ha destacado que se han discutido durante meses "asuntos esenciales como el cambio de paradigma del modelo procesal y se ha llegado a acuerdos altamente satisfactorios".

División del procedimiento

El Consejo de Ministros aprobó en noviembre del año pasado este anteproyecto junto con el de la Fiscalía Europea (EPPO), para modificar una Ley que tiene 138 años y ha sufrido hasta 77 reformas, 54 de ellas solo desde 1978. La LECrim incluirá técnicas científicas innovadoras.

Se trata de una norma que divide el procedimiento penal en tres grandes etapas: la investigación, el juicio de acusación y el juicio oral.

La primera fase se desenvolverá bajo la dirección del Ministerio Fiscal y contará con la figura del juez de Garantías, que garantizará de los derechos fundamentales, de los derechos de las partes y actuará en general como tercero imparcial llamado a controlar la legalidad de las actuaciones.

Una vez se determine quién es el sospechoso, se inicia el verdadero procedimiento de investigación, que conlleva garantías formales de gran importancia en beneficio de la persona que se convierte "en sujeto pasivo de esa actividad estatal", como que se le asigna un Juez de Garantías de manera automática.

El anteproyecto recalca que la determinación inmediata de ese juez de Garantías se ha de producir cualquiera que sea la decisión que el fiscal adopte ante la 'notitia criminis', tanto si decide investigar como si lo considera improcedente. En ese caso, los denunciantes y ofendidos pueden impugnar la decisión ante ese juez.

Según el borrador del Anteproyecto de Ley, con la fase intermedia, que corresponde al juicio de acusación, las actuaciones ya adquieren una impronta plenamente jurisdiccional, y el juez de la Audiencia Preliminar será quien resuelva "sobre la suficiencia de la acusación y la depuración de la prueba ilícita".

En la tercera fase, la del juicio oral ante el plenario se practicarán las verdaderas pruebas aptas para enervar la presunción de inocencia ante un tribunal imparcial que no ha participado en las anteriores fases.

Funciones de la Fiscalía

La futura norma sigue lo establecido en el Reglamento comunitario de 2017, que otorga a los fiscales la instrucción, tal y como se realiza en todos los países del entorno, salvo en Francia y Austria, para lo que se creará la nueva figura del juez de garantías. Junto a ellos, surge la figura del juez de audiencia preliminar, que será quien decida si se abre juicio oral y expulse del proceso a las personas y las pruebas que considere oportunas.

En el anteproyecto aprobado por el Consejo de Ministros, el fiscal controlará la información sobre los procesos penales en fase de instrucción para limitarla desde el punto de vista del interés informativo y evitar posibles 'penas de banquillo'. El retraso en la investigación del proceso penal por el fiscal se castigará con nulidad de diligencias o el sobreseimiento del caso

La nueva configuración de la acusación popular, que ya no podrán ejercerla las personas jurídicas públicas, los partidos políticos y los sindicatos, aunque se fija un catálogo de delitos que resultan idóneos para que los ciudadanos puedan defender una visión de la legalidad penal alternativa a la del Ministerio Fiscal, como en el caso de los delitos de corrupción política.

Detención preventiva

Se crea además una segunda forma de detención preventiva más leve, con una duración máxima de 24 horas frente a las 72 actuales, destinada a facilitar las actuaciones procesales que requieran la presencia del arrestado; se crea una comisión nacional de seguimiento de la prisión provisional; y se contempla un cese automático de los cargos públicos investigados por delitos de rebelión y terrorismo. En cuanto a diputados y senadores, solo será necesario tramitar el suplicatorio si se solicita al juez una concreta actividad cautelar o si efectivamente se ejercita la acción penal.

Durante la primera fase, el anteproyecto incluye varias novedades respecto a la figura de la denuncia. La primera es que, si bien hasta ahora había exención del deber de denunciar en caso de vínculo familiar o afectivo, ahora esa excepción no sirve para supuestos delitos cometidos contra bienes personales de menores de edad, porque prima el deber de protección y garantía de la integridad e indemnidad del menor.

Una segunda novedad es que, a las clásicas fórmulas de presentación verbal o escrita, se añade la posibilidad de denunciar de forma telemática. Para ello se puede usar la firma o el certificado digital pero también los canales oficiales establecidos al efecto por la autoridad o cualquier otro medio oficial que garantice la comprobación de la identidad del denunciante.

Como tercera novedad, la presentación de denuncia se adapta a la directiva europea, y en particular, se incluye la posibilidad de que pueda ser presentada por el responsable del canal de denuncia, sin que sea necesario revelar la identidad de la persona que dio la alerta interna, salvo que se realice un requerimiento expreso al efecto.

Sobre el papel de la policía judicial, que actúa bajo la batuta del fiscal, el anteproyecto trata de reforzar los mecanismos de dependencia funcional que, en el texto articulado de 2011, caracterizaban la relación del Ministerio Fiscal con la Policía Judicial. Al respecto, contempla la posibilidad de que se dicten instrucciones y órdenes particulares por parte del fiscal, no solo generales, antes de la iniciación formal del procedimiento de investigación.

Además, las instrucciones generales van más allá de la mera coordinación y constituyen el cauce adecuado para que el fiscal fije pautas procesales precisas para la actuación investigadora de la policía. De hecho, esas actuaciones preliminares solo pueden abarcar actos de injerencia nula o mínima y deben cesar con la identificación del sujeto que se considera responsable porque las indagaciones preliminares de la policía solo estarán justificadas cuando no exista una persona claramente identificada como posible responsable de la infracción criminal.

Una vez arranque la investigación, el fiscal la desarrolla dándole la dirección que considere procedente sin estar sometido en modo alguno a la tutela del juez y en todo caso puede recurrir a él si son necesarios actos de injerencia sujetos a autorización judicial.

A él deberá también dirigirse si entiende que procede la declaración de secreto total o parcial de las actuaciones, y la nueva LeCrim resalta que la declaración de secreto corresponde al Ministerio Fiscal pero es el Juez de Garantías quien confirmará o alzará la decisión de secreto en el plazo de 48 horas y fijará su duración. Como hasta ahora, la petición del fiscal de ampliar el secreto de las actuaciones debe hacerse antes del vencimiento del plazo establecido.

En el Anteproyecto también se explica que la primera comparecencia de la persona es el momento inicial del control de la dilación indebida del procedimiento de investigación. Y apunta que, una vez transcurridos los tiempos fijados como estándares de duración normal de los procedimientos, la ley fija un incidente a disposición de la defensa para que pueda denunciar ante el juez de garantías que la investigación se prolonga más allá de lo que exigen las circunstancias.

El juez de garantías también atiende las impugnaciones de decisiones del fiscal, y la nueva ley señala que de las resoluciones de este juez solo son recurribles los autos de sobreseimiento y los que resuelven sobre las medidas cautelares.

Primera comparecencia

Dado que en esa primera comparecencia de la persona investigada se le comunican los cargos, con el objetivo de que el fiscal cumpla escrupulosamente con los tiempos se establece un mecanismo estricto de sanción judicial al retardo injustificado en la fase intermedia del procedimiento.

Así, el juez de la Audiencia Preliminar -en la segunda fase del proceso- habrá de verificar que la primera comparecencia no ha sido retrasada indebidamente, de forma que haya impedido a la defensa alegar, proponer o aportar elementos de descargo que sean relevantes o irreproducibles con posterioridad, y si es así procederá al sobreseimiento.

En cuanto a la defensa, la nueva LeCrim indica que durante la investigación tiene derecho a conocer el contenido íntegro, a aportar elementos, a proponer la práctica de diligencias y a participar en la práctica de los actos de investigación.

La investigación se cierra con la acusación del fiscal y se pasará entonces a la fase intermedia con la presentación de los escritos de acusación alternativos y la remisión de todo el expediente al Juez de la Audiencia Preliminar, que será el que proceda a la depuración de las acusaciones presentadas.

Incidente de aseguramiento

En caso de que el fiscal crea que no hay motivos para seguir adelante, existe la figura del incidente denominado 'autorización judicial de la acusación no pública'. Ahí las partes o víctimas pueden exponer al Juez de Garantías las razones por las que consideran viable el ejercicio de su propia acción penal.

Para los casos en los que exista un pronóstico razonable de pérdida de prueba, se regula un incidente de aseguramiento, que es un mecanismo legal de reacción ante el riesgo de pérdida de la fuente y que da protagonismo al juez de garantías para que se pueda cumplir una cierta función sustitutiva de la prueba imposibilitada.

El anteproyecto indica que el incidente de aseguramiento también da cabida a los casos de confesión judicial urgente de la persona investigada y a la declaración de personas vulnerables.

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