El Ministerio de Justicia llevará mañana al Consejo de Ministros, en segunda vuelta, el Anteproyecto de Ley orgánica de Eficiencia Organizativa del Servicio Público de Justicia y el Anteproyecto de Ley de Eficiencia Procesal, y prepara, para antes de que concluya el año, la Ley de Eficiencia Digital.
El Anteproyecto de Ley de Eficiencia Organizativa del Servicio Público de la Justicia, visado el pasado 20 de abril de 2021, contempla la creación de tres figuras fundamentales: los Tribunales de Instancia, la Oficina Judicial y las Oficinas de Justicia en el municipio.
Estas tres piezas de la norma contribuirán a una gestión y organización más eficientes, y reducirán la brecha territorial, digital y ecológica, acercando a la ciudanía los servicios públicos independientemente del lugar en el que se habite, con especial atención a mujeres víctimas de violencia, personas mayores -que necesitan un acompañamiento personalizado para realizar sus gestiones con la Justicia-, niños y jóvenes.
El Anteproyecto de Ley de eficiencia procesal, también en tramitación, potencia los medios adecuados de solución de controversias (MASC), para aumentar la sostenibilidad, reducir la litigiosidad existente en los tribunales y promover la cohesión social. De esta manera se potencia el papel de la Justicia como motor de desarrollo económico.
El pasado verano, el Consejo Fiscal aprobó el informe relativo a este texto. Los fiscales hicieron una valoración "positiva" del borrador en "términos generales", si bien propusieron algunas "puntualizaciones" a la redacción.
El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) también aprobó el informe, aunque cuestionó la idoneidad de unas medidas de reforma adoptadas a la vista de la situación generada por el coronavirus y que, no obstante, se articulan con vocación de generalidad y permanencia.
Ley de Eficiencia Digital, prevista para antes de finales de año, propone un sistema orientado al dato, sin mermas de las garantías procesales, y traslada a la Justicia el efecto tractor que está teniendo la tecnología en todos los ámbitos de nuestra sociedad, posicionando a España en un lugar estratégico a nivel internacional.
Además, el Consejo de Ministros ha aprobado ya el Anteproyecto de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que supone la transformación integral del proceso penal y se basa en los principios de coherencia institucional y en la armonización con el derecho de la Unión Europea.
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