El pasado viernes 4 de marzo de 2022 el Congreso de los Diputados aprobó, por el procedimiento de urgencia, el Proyecto de Ley de Regulación para el Impulso de los Planes de Pensiones de Empleo (Proyecto de Ley), tras ser aprobado en segunda vuelta por el Consejo de Ministros el 22 de febrero de 2022.
El impulso de los planes de pensiones de empleo, sustentados en el marco de la negociación colectiva, es parte de las recomendaciones del Pacto de Toledo. En particular, la recomendación 16ª señalaba que, en línea con la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), debía dotarse a estos vehículos "de un régimen fiscal y jurídico adecuado y diferenciado, mejorando el existente en la actualidad y entendiendo que en ningún caso dichos sistemas de ahorro puedan ser considerados como meros productos financieros".
El punto de partida del texto consiste en que el diseño del sistema actual no se adecúa al panorama empresarial de España ya que fue construido teniendo en cuenta a grandes empresas, sin considerar a los autónomos, pymes o empleados públicos. Asimismo, otro aspecto que ha dificultado el desarrollo de los planes de pensiones de empleo es la orientación de la oferta de fondos de pensiones, la cual se ha enfocado mayoritariamente hacia los planes de pensiones individuales enmarcados en el sistema bancario, con altas comisiones y pensados para rentas elevadas.
El objetivo general que persigue esta reforma es impulsar el segundo pilar de la previsión social complementaria promoviendo los planes de pensiones de empleo, y tal propósito se concreta en las siguientes medidas: (i) creación de un fondo de pensiones de empleo de promoción pública, gestionado por el sector privado; (ii) aumento de la población cubierta por planes de pensiones del sistema de empleo a través de la negociación colectiva, preferentemente sectorial, facilitando el acceso a trabajadores de rentas medias y bajas y de pymes, así como a trabajadores autónomos y jóvenes; (iii) desarrollo de planes de pensiones de empleo simplificados; (iv) simplificación de los trámites en la adscripción y gestión de los planes a través de la digitalización; (v) definición de mecanismos que favorezcan la movilidad de los trabajadores entre empresas y sectores; (vi) diseño de un nuevo incentivo fiscal; y (vii) limitación de los costes de gestión de los planes de empleo.
Por otro lado, el Proyecto de Ley incluye una serie de incentivos fiscales para impulsar estos productos. Así, el texto prevé que la reducción en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de los actuales 1.500 euros en los planes individuales, podrá incrementarse hasta otros 8.500 euros adicionales, por lo que la suma de las aportaciones realizadas a ambos planes podría llegar a suponer una deducción de 10.000 euros para el partícipe. Asimismo, también se produce una mejora de la fiscalidad para autónomos, cuyo límite se podrá incrementar en 4.250 euros al año respecto a la situación actual, lo que supondría un total de 5.750 euros anuales.
En cuanto a los incentivos para las empresas, se reintroduce la no cotización a la Seguridad Social de las contribuciones realizadas por aquellas (existente hasta 2013), con el límite de 115 euros al mes por empleado (1.380 euros anuales), suponiendo un ahorro de casi 400 euros por trabajador. Con esta medida se pretende favorecer el desarrollo de los planes de pensiones de empleo, especialmente entre las rentas medias y bajas.
Se estima que la aprobación de la Ley de Regulación para el impulso de los Planes de Pensiones de Empleo tenga lugar en torno al verano de 2022. Con ella se espera conseguir poner fin al gran estancamiento en la progresión de los planes de pensiones de empleo que se ha venido observando en España en los últimos años, aumentando su patrimonio y elevando el número de cuentas de partícipes. No obstante, el éxito de todas estas nuevas medidas que se proponen quedará sujeto a la negociación colectiva entre empresarios y trabajadores, la cual tendrá un papel fundamental en todo este proceso y al transcurso del tiempo, puesto que los convenios colectivos tendrán que renovarse para incorporarlas.
En suma, está por ver cuál será la acogida por parte del sector privado acerca del rol que esta nueva ley pretende otorgarles. No cabe duda de que el fin perseguido por el Proyecto de Ley es loable, pero no está claro que existan incentivos suficientes para que las entidades del sector privado incorporen como propios los objetivos del proyecto. En cualquier caso y aunque el fin último que persigue tan bien intencionada reforma tardaremos en verlo, estaremos pendientes de su evolución paso a paso.
Entidades
Ignacio Ortiz del Río
Socio del área de Regulatorio y Compliance de Deloitte Legal
