El Tribunal General de Justicia de la Unión Europea (TGUE) rechaza las exenciones en el Impuesto de Sociedades que permitía Bélgica a determinadas empresas del país. Según el TGUE, son ayudas de Estado ilegales e incompatibles con el mercado interior.
Bélgica permitía a los grandes grupos no pagar impuestos por el beneficio extraordinario (aquel que supera el que habrían obtenido entidades autónomas comparables en circunstancias similares) si centralizaban las actividades, creaban puestos de trabajo y realizaban inversiones en el país.
La Comisión Europea declaró en 2016 este sistema como una ayuda de Estado ilegal y ordenó que se recuperaran las concedidas a 150 compañías beneficiarias. No obstante, el TGUE, en 2019, anuló la decisión de la Comisión, pero en 2021 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) tumbó el fallo del TGUE al dar la razón a la UE y le devolvió el asunto para que se pronunciara sobre la calificación de dicho régimen.
Ahora, en un fallo de este 20 de septiembre, el TGUE señala que la Comisión consideró acertadamente, en 2016, que el régimen fiscal belga relativo a los beneficios extraordinarios infringe las normas de la Unión Europea en materia de ayudas de Estado.
El Tribunal General desestima todas las alegaciones formuladas por Bélgica para impugnar la decisión de la Comisión, en particular, en lo que atañe a la financiación del régimen controvertido mediante fondos estatales o a la supuesta inobservancia de las normas fiscales aplicables en Bélgica.
La Justicia señala que este régimen concedió ventajas fiscales a las firmas beneficiarias y además dice que era un régimen selectivo puesto que no era accesible para compañías que hubieran decidido no realizar inversiones en el país, no centralizar la actividad ni crear empleo. Además, tampoco era accesible para empresas de tamaño pequeño.
En una línea similar, el TGUE ya rechazó en noviembre de 2022 los acuerdos fiscales de Luxemburgo para atraer empresas multinacionales. La sentencia señaló que los pactos fiscales que reducen artificialmente la carga fiscal de una compañía no están alineados con las normas de la UE sobre ayudas de Estado y, por tanto, son ilegales.
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