La Comisión Europea planea una ofensiva legal contra el régimen fiscal de países europeos con bajas tasas impositivas para empresas. El Ejecutivo comunitario está explorando formas de activar las fórmulas de los tratados que todavía no se han utilizado, para reducir las ventajas fiscales que ofrecen Estados como Irlanda, Malta u Holanda a las multinacionales, según avanza el Financial Times. El objetivo es financiar el gasto millonario al que se enfrentan muchos países tras la pandemia.
La guerra eterna entre los países del sur de Europa con los del norte también tiene su campo de batalla en materia fiscal. Muchos de los países que defienden préstamos para ayudar a las economías más afectadas por el coronavirus, como Irlanda u Holanda, se aprovechan de las lagunas legales para desplegar atractivas condiciones fiscales con las que atraer a grandes multinacionales a sus territorios.
El enésimo intento del Ejecutivo comunitario de poner fin a estas prácticas es con el artículo 116 del Tratado de funcionamiento de la UE, el cual permite a la Comisión identificar las prácticas fiscales que provocan una distorsión en el mercado común. El recurso legal permite a Bruselas llamar a consultas a los Estados miembros para que rectifiquen y si no lo hacen, el Parlamento Europeo y el Consejo Europeo podrían tomar cartas en el asunto tomando las iniciativas legislativas necesarias para eliminar la distorsión de las normas internas de cada país. Y lo más importante llevar a los países incumplidores ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).
La gran diferencia que permite la vía de este artículo es que la Comisión ya no necesitará la unanimidad dentro del Consejo Europeo para que prosperen medidas fiscales contra las prácticas abusivas de algunos países. Al final del proceso, sólo será necesario una mayoría cualificada. Es decir, se necesitará el apoyo de un mínimo del 55% de los miembros del Consejo que incluya al menos a quince de ellos y represente a Estados miembros que reúnan como mínimo el 65% de la población de la Unión.
A diferencia de la legislación fiscal ordinaria en la UE, la iniciativa solo requeriría el respaldo de una mayoría calificada de los 27 estados miembros de la UE en lugar del apoyo unánime de todos los países, lo que restringe la capacidad de un gobierno para ejercer un veto. La medida también necesitaría la aprobación del parlamento europeo.
Tal iniciativa puede desencadenar un gran choque con los países que defienden su soberanía fiscal. Los movimientos de Bruselas se producen en una semana clave. Mañana miércoles el Tribunal General de la UE decidirá si la decisión de la Comisión de obligar a Apple a devolver 13.000 millones a Irlanda por beneficiarse de ventajas fiscales es legal. La sentencia marcará un antes y un después en las capacidades de Bruselas para cerrar las grietas fiscales por las que se escapan miles de millones de los contribuyentes.
Bruselas ha hecho numerosos intentos de reprimir la "optimización fiscal agresiva" de las grandes compañías que operan en Europa, pero siempre ha sido frenado por los mismos países que permiten la ingeniería fiscal en sus territorios. El movimiento del equipo de Ursula von der Leyen apunta a los sospechosos habituales en estos casos. Irlanda, Holanda, Bélgica y Luxemburgo. Fuentes comunitarias han explicado al diario británico que el Ejecutivo espera que los planes sean resistidos ferozmente por algunos Estados miembros, lo que abre la posibilidad de años de largas batallas legales en el TJUE.
La Comisión presentará una serie de iniciativas a partir del tercer trimestre, incluyendo un plan de acción contra la evasión fiscal y para simplificar los regímenes fiscales. Incluirá una iniciativa no legislativa sobre la buena gobernanza fiscal en la UE y en el extranjero, y la revisión de la directiva sobre el intercambio automático de información en materia tributaria. Para finales de año llegará otro documento no legislativo para indagar sobre una fiscalidad corporativa para el siglo XXI.
La Comisión no está sola, en septiembre el Parlamento Europeo va a crear una nueva subcomisión permanente , centrada en la lucha contra la evasión fiscal y los arreglos tributarios que han convertido a algunos países europeos, como Irlanda, Malta, Holanda y Luxemburgo, prácticamente en paraísos fiscales dentro de la UE.
