Los fondos de litigación y aseguradoras de costas miran a España para crecer

Los principales fondos de litigación de EEUU, aquellos que financian los pleitos para quedarse con un porcentaje de lo recuperado en los casos de éxito, y las aseguradoras especializadas en la cobertura de las condenas en costas ponen el foco en España ante la inminente ley para la mejora de las acciones colectivas. Esta norma, que llega de una transposición europea y que en nuestro país se ha articulado en el Anteproyecto de Ley de Acciones de representación para la protección de los intereses colectivos de los consumidores, ha decaído tras la disolución de las Cortes por las elecciones generales. No obstante, los abogados consultados por este diario señalan que la norma ya estaba prácticamente finalizada y confían en que el Gobierno de Sánchez acabe sacándola adelante por Real Decreto.

La norma regula la figura de terceros que entren a financiar las acciones colectivas para que consumidores afectados tengan mayor capacidad de litigación frente a grandes corporaciones. Entre los fondos de litigación más interesados en crecer en España para entrar en este tipo de acciones están Fortress (EEUU), Burford Capital (EEUU) y Therium (Reino Unido), explican las fuentes legales consultadas. No obstante, añaden que hay otra derivada de negocio, que aún no se está dando en nuestro país: las aseguradoras especializadas en cubrir la condena en costas a cambio de una prima. "Son aseguradoras americanas que ya están en Reino Unido y vienen a España a través de estas filiales", explican las mismas fuentes. Asimismo, añaden que en Reino Unido ya se ha montado una industria alrededor de las demandas colectivas que está esperando a aterrizar en nuestro país una vez se implante la nueva norma, que lo hará, puesto que al ser una directiva europea no implica al color del partido que gane el Gobierno central tras las elecciones del 23 de julio.

Ente los intereses para entrar en España, destacan "aunque parezca mentira" que la litigación es más rápida que en otros países de la UE. También que el coste de la litigación es más barato y ponen como ejemplo que en Reino Unido cuesta de media entre 10 y 15 millones financiar una acción de clases, mientras que en nuestro país está entre los 3 y 5 millones, y las costas también son más baratas porque en otros países se pagan por hora del abogado.

La futura norma, según se ha redactado en España, impone el sistema conocido como opt-out, es decir, que todos los consumidores quedarán vinculados al resultado de la sentencia que se dicte a no ser que estos soliciten expresamente su desvinculación. En este sistema habrá un representante de clases, que será una organización de consumidores o el Ministerio Fiscal que pondrá una única demanda contra una entidad o empresa reclamando los daños que se ha provocado al mercado español. En estos casos, muchas veces los consumidores no tienen ni por qué enterarse de que hay esta demanda interpuesta. Si el juez falla de forma favorable, obligará a la empresa condenada a consignar el dinero que debe devolver en el juzgado, de modo que el usuario afectado podrá recuperar su dinero sin necesidad de litigar.

Los abogados especializados en este tipo de acciones señalan como punto negativo de esta norma que una vez hayan reclamado todos los afectados, el dinero sobrante se devolverá al condenado, cuando en otros países esa cuantía va al Estado o a obras sociales.