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Los inspectores de Hacienda acusan al Ministerio de querer "colonizar" la Administración para recuperar peso sindical

  • La Asociación de Inspectores remite cartas a la Cúpula de Función Pública
  • Anuncian que tomarán todas las medidas a su alcance para evitar la rebaja de las oposiciones
  • Denuncian que los futuros exámenes son un absoluto desprecio al esfuerzo del candidato
María Jesús Montero, ministra de Hacienda y Función Pública. EFE

La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) denuncia que "se atisba un ansia desmedida manifestada hace años por colonizar la Administración -la parte política- y sumar afiliados en puestos relevantes, con el sólo objetivo de recuperar un peso sindical que veían peligrar en los últimos años". bajo el paraguas de la modernización, democratización y agilidad del nuevo sistema para flexibilizar las pruebas de promoción interna de los funcionarios, que ha sido acordado entre algunas organizaciones sindicales y el Ministerio de Hacienda y Función Pública,

IHE rechaza de plano lo acordado en un comunicado hecho público este martes, en el que muestra su alarma ante el acuerdo alcanzado el pasado jueves, 3 de noviembre, al considerar que "supondrá el destrozo de la Administración Pública y la muerte de una función pública altamente cualificada, independiente y profesional".

La IHE se ha sumado al actual conflicto colectivo de la Agencia Tributaria

Por ello, advierte la Asociación que, de no atender sus peticiones, se tomarán todas las medidas oportunas y a su alcance para evitar la muerte de una Administración Pública, profesional e independiente, en términos de injerencia política, y garante de la adecuada prestación de los servicios públicos del estado de bienestar.

Cuatro cartas

La IHE ha remitido a la ministra de Hacienda y Función Pública, a la secretaria de Estado de Función Pública, al secretario de Estado de Hacienda y a la directora general de la Agencia Tributaria cartas en las que reiteran "el disparate e incoherencia derivados del Acuerdo alcanzado entre Inés Pérez Fernández, subdirectora adjunta de Relaciones Laborales de la Dirección General de la Función Pública y secretaria de la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado (AGE), y las organizaciones sindicales CSIF, UGT y CCOO, en el que se materializan los rumores sobre los que vienen alertando desde hace un año las organizaciones de cuerpos superiores de la AGE".

En el contenido de dichas cartas se hace referencia a la falta de transparencia que deriva de los futuros criterios de selección contenidos en el acuerdo, en el que priman, en síntesis, elementos subjetivos y de antigüedad, frente al prestigio y la objetividad de que gozan los actuales sistemas de selección. 

Además, argumenta la IHE que la modernización no puede derivarse de un proceso que tendrá en cuenta unas pruebas como las propuestas, básicamente de tipo test y de evaluación de "competencias" no especificadas, y "basado en una gestión ineficiente del gasto público sin precedentes, por cuanto parte de los candidatos formados con dinero público por la AGE en la segunda fase nunca serán seleccionados".

Por ello, consideran los Inspectores de Hacienda que las medidas acordadas suponen una palmaria conculcación de los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad que, "a pesar de mencionarse hasta la saciedad, no se respetan en un proceso que esconde una evidente discriminación y un absoluto desprecio por el esfuerzo del candidato, llegando a degradar hasta puntos insospechados la exigencia en la preparación técnica del futuro funcionario".

Además, consideran que este acuerdo se traduce en una evidente rebaja del nivel de preparación técnica, dejando entrever una obsesión desaforada por cubrir el número de vacantes, aunque los candidatos no obtengan el nivel suficiente. Primar la cantidad frente a la calidad redundará en un peor servicio público que, en el ámbito de la AEAT, se traducirá, sin duda, en una minoración de los ingresos públicos tan necesarios en el proceso de recuperación de la situación económica derivada de la COVID-19 y de la crisis energética y económica actual.

Aducen en sus cartas, que con el acuerdo no se soluciona el doble problema de reducir la edad media del funcionario y aumentar la plantilla de la AGE mermada por la pérdida de efectivos debida a las jubilaciones.

La IHE lamenta la falta de diálogo y a la unilateralidad que han presidido este acuerdo, que no ha tenido en cuenta todo el espectro de funcionarios de la AGE, sino tan sólo una parte de ellos.

Además, denuncia la falta de atención a las peticiones de participación por parte de los cuerpos superiores en el proceso de Repensar la Función pública, impulsado desde el Ministerio en el año 2019, lo que ha impedido conocer y aportar sus ideas y propuestas al objeto de buscar soluciones eficaces y eficientes.

Y finalmente, IHE solicita una reunión urgente con los cuatro responsables a efectos de solicitar la ruptura de ese acuerdo y "la vuelta a la senda del diálogo, el consenso y la democratización del proceso de repensar la función pública".

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