El próximo 10 de marzo se cumple un año de la entrada en vigor del Reglamento Europeo de Divulgación (en inglés, Sustainable Finance Disclosure Regulation, o SFDR). Un auténtico Big Bang para la industria de la gestión de activos europea, a la que empujó (que no obligó) a etiquetar sus productos sostenibles como artículo 8 o artículo 9.
En función de los activos en cartera, los artículo 8 son aquellos que "promueven características ambientales y sociales", teniendo en cuenta también aspectos de buen gobierno. Se les conoce como fondos verde claro, por ser menos exigentes que los artículo 9, o verde oscuro, que tienen un objetivo concreto de sostenibilidad.
Esa Gran Explosión ha dado lugar a un nuevo universo de activos sostenibles, hasta entonces dispersos y no regulados. El crecimiento en este tipo de activos ha sido muy llamativo: según datos de Inverco, a cierre de 2021 el patrimonio en fondos nacionales etiquetados como verde claro o verde oscuro suponía el 20,3% del total de activos. Algunos expertos señalan que en 2021 se desencadenó una auténtica "carrera" entre gestoras por tener el mayor número posible de productos artículo 8 o 9. Aún así, ese 20% no es ni la mitad del 42% que, según Morningstar, alcanzan estos productos en el conjunto de la UE.
"Las gestoras trabajan a marchas forzadas para ofrecer toda la información requerida", explica Rosa Duce, CIO de Deutsche Bank
De este primer año de vigencia de la SFDR hicieron balance los profesionales que participaron en el último consejo editorial de elEconomista Inversión sostenible y ESG, el portal especializado de elEconomista. Las principales conclusiones: no ha sido un camino fácil, se ha forzado a las entidades a cambiar de una forma abrupta, y las más pequeñas corren riesgo de quedarse fuera.
Pero, incluso con todas sus imperfecciones, el primer año de vigencia del Reglamento de Divulgación ha sido positivo, afirman los expertos consultados. Y ahora es el momento de que esta revolución, que hasta ahora ha afectado a la industria -a fábricas y distribuidoras de fondos- se produzca en el lado del minorista, que aún está empezando a entender qué significa ESG (acrónimo de ambiental, social y de buen gobierno).
"La regulación ha ido demasiado deprisa", señala Silvia García-Castaño, directora general de Inversiones y Productos de Tressis. La implementación de la norma ha sido "un poco brusca, aunque si no fuerzas los cambios, quizá no se produzcan. Esto ha dado lugar a turbulencias en el sector", añade.
El proceso ha sido algo atropellado. Algunas entidades, pudiendo tener fondos clasificados como artículo 9, han preferido dejarlos en artículo 8 (menos exigentes), debido a los minuciosos requerimientos de reporte de datos. Otras se han visto empujadas a etiquetar como artículo 8 productos que hubieran preferido dejar en "no sostenibles", para mantener su funcionamiento cotidiano. Y en muchos casos, se ha producido una primera clasificación en los meses inmediatos a la entrada en vigor del reglamento, y una 'reclasificación' a posteriori.
En palabras de Rosa Duce, chief investment officer de Deutsche Bank en España, "las gestoras están trabajando a marchas forzadas para facilitar toda la información necesaria, pero estamos todavía en pañales". El problema, añade, "es que nos exige un nivel de detalle que muchas veces no tienen ni las compañías en las que inviertes. Es realmente difícil construir esa información tanto para empresas como para gestoras", explica. La regulación ha ido años luz por delante de lo que el inversor pedía.
Claudia Antuña (Afi) señala que la SFDR "ha supuesto un importante cambio, pero ha sido útil, especialmente para el inversor institucional"
Claudia Antuña, responsable de inversiones sostenibles en Afi, rompe una lanza a favor de la normativa. "Es cierto que ha supuesto un cambio importante en la gestión del modelo de negocio, y que necesitamos un tiempo para digerirla, pero creo que ha sido útil, especialmente para que los inversores institucionales pudiesen ordenar las diferentes estrategias y metodologías existentes en inversión responsable". En cuanto al minorista, "es cierto que falta mucho para llegar a él, ya que la nomenclatura es demasiado compleja. Creo que hablarle de artículo 8, o de promover características de sostenibilidad, dificulta su comprensión. Incluso dentro de la industria realizamos interpretaciones distintas", agrega.
En un país en el que el patrimonio en fondos está mayoritariamente en manos de minoristas (el 84%, según los datos de Efama), el inversor particular aún está empezando a aproximarse al ESG. Lo comenta Jordi Mercader, CEO de inbestMe, gestor automatizado que cuenta con un 40% de activos responsables: "Para las entidades sí es útil contar con ese marco que diferencie entre fondos artículo 8 y 9, pero ¿ha llegado esto al retail? Contundentemente no". Aún así, Mercader (en cuyo roboadvisor prácticamente la totalidad de los usuarios son minoristas) sí considera que los inversores "empiezan a entender términos como sostenibilidad y ESG, y se interesan por cómo logramos que una cartera sea sostenible". En este sentido, apunta, "sí hemos observado una evolución en el cliente, que intenta saber más de algunos conceptos básicos".
El año clave para el 'retail'
2022 será un año crucial para el aterrizaje del inversor de calle en la inversión responsable. Previsiblemente, en agosto entrará en vigor una modificación de la directiva MiFID por la que las entidades empezarán a preguntar a sus clientes si, a la hora de invertir, tienen preferencias de sostenibilidad.
"A nivel del inversor particular, ese será el gran cambio. El reto está en hacer llegar, en un lenguaje normal, lo que significan todos estos términos", afirma Rosa Duce. Se les va a preguntar por cuestiones como el alineamiento de su cartera con la taxonomía (la clasificación europea de actividades verdes), "y tenemos que conseguir que entiendan lo que les estamos planteando". En opinión de la CIO de Deutsche Bank, el nivel de detalle que introducirán estas preguntas es excesivo y no tiene sentido para el inversor de calle.
Un riesgo para los más pequeños
Todo este aluvión normativo conlleva un peligro: "Genera barreras de entrada para los independientes y plantea un problema a las gestoras de tamaño mediano y pequeño, por los costes que conlleva", denuncia Sergio Míguez, socio fundador de Alternative Ratings. "Una pequeña entidad no puede crear un departamento de sostenibilidad de hoy para mañana". También es habitual que las entidades con arquitectura abierta contraten a proveedores externos que recopilen la información de todos sus fondos.
"Un mercado financiero óptimo es aquel en el que conviven variedad de jugadores", advierte Sergio Míguez, socio fundador de Alternative Ratings
Es indudable que la inversión ESG la dominan los grandes grupos. "Y eso me preocupa, porque un mercado financiero óptimo es aquel en el que conviven una variedad de jugadores, también independientes. Esta hiperregulación conlleva el riesgo de dejar atrás a algunos", alerta Míguez.
Algo parecido sucede con las empresas de menor tamaño, apunta Luis Buceta, vicepresidente de CFA Society Spain y director de inversiones de Creand AM. "Una gran compañía, como puede ser ArcelorMittal, puede permitirse ampliar sus necesidades de inversión en capital en 20.000 millones para instalar tecnología de captura de carbono, o pagar derechos de emisiones. Pero no es así para empresas pequeñas, que corren el riesgo de pasar a entrar en listas de exclusión. No porque no quieran ser sostenibles, sino porque no se lo pueden permitir". A eso se suma el coste de financiación, del doble que para una firma de energías limpias, añade Buceta.
El desarrollo del capital privado
"Los temas de financiación sostenible han explotado tras entrar en vigor la regulación, y desde el lado del producto están surgiendo muchos temas nuevos", comenta Silvia García-Castaño. La directora general de Inversiones y Productos de Tressis destaca en particular los desarrollos en fondos de capital privado, en los que van naciendo productos enfocados a la transición energética, la biodiversidad, el impacto climático o la diversidad. "Son conceptos nuevos que se irán desarrollando, y será muy interesante ir viendo hacia dónde nos dirigimos".
En este sentido, Sergio Míguez añade que "cada vez veremos más fondos de sostenibilidad e impacto en los mercados privados". Esto, "unido a una incipiente democratización de la inversión alternativa [por la bajada de los importes mínimos exigidos a este tipo de inversiones] es una vía de acceso que, pese a ser residual, se está abriendo", advierte.
