En España, el patrimonio en fondos de inversión está principalmente en manos de minoristas. Según se recoge en el último informe de Efama, la asociación europea de gestoras y fondos, a cierre de 2020 los inversores retail acaparaban el 84% de los activos de las instituciones de inversión colectivas españolas. En ningún otro país europeo el porcentaje es tan alto (por ejemplo, en Alemania los particulares abarcan solo el 30% del patrimonio, y en Francia el 28%). Estos datos son relativos al conjunto de los activos bajo gestión, no solo a los sostenibles. Consulte más artículos sobre sostenibilidad en elEconomista Inversión sostenible y ESG.
La fotografía cambia si nos fijamos únicamente en los productos que invierten en base a criterios ESG (ambientales, sociales y de buen gobierno corporativo). De acuerdo con el último informe de Spainsif, también con datos de cierre de 2020, el 21% de los activos sostenibles en España corresponde a minoristas. Este porcentaje no es directamente comparable con el de Efama, ya que Spainsif obtiene sus datos de encuestas que realiza a sus asociados (25 entidades nacionales y 17 internacionales, representativas del 66% del mercado en este país) pero sí da una idea del peso del retail en el universo sostenible.
Esta foto sufrirá cambios en 2022, previsiblemente. Desde agosto del año que viene, las entidades estarán obligadas a preguntar a sus clientes, dentro del test de idoneidad que permite perfilarles, si prefieren invertir de forma sostenible (este cambio es fruto de una modificación de la normativa MiFID II).
"En el ámbito del minorista, tenemos pendiente la tarea de ayudarle a entender que este tipo de inversión no es filatrópica", señala Claudia Antuña, de Afi
La introducción de esta cuestión dirigirá, al fin, la mirada de los particulares hacia la sostenibilidad, según los expertos. En palabras de Silvia García-Castaño, directora de inversiones y productos de Tressis, se trata de un hito importante, ya que permitirá establecer una interacción con el cliente, una comunicación bidireccional con él en lo que se refiere a la inversión ESG. "Y, sin duda, nos plantearán preguntas sobre la inversión sostenible, que nos ayudarán a entender sus necesidades", señala.
Claudia Antuña, analista de inversiones de Afi (Analistas Financieros Internacionales), añade: "Aunque en Afi nuestro cliente principal es institucional, que claramente demanda estos productos, sí creemos, y hay indicios de ello, que el minorista prefiere tener en cuenta la sostenibilidad a la hora de invertir". Así lo demostró un estudio que esta firma realizó junto con Allianz, que examinaba la sensibilidad del inversor retail en este sentido. "El minorista todavía desconoce cómo puede acceder a este tipo de inversiones, y con esa nueva obligación de MiFID será capaz de descubrir una gama de productos más amplia".
La tarea de 'educar' al cliente
Es cierto, añade Antuña, que la industria tiene por delante el reto de educar a los inversores: "En el ámbito del minorista tenemos el ejercicio pendiente de ayudarle a entender que la inversión sostenible no es filantropía, no consiste en que los fondos donen parte de sus comisiones como hacen los productos solidarios; que comprendan que que una inversión ESG puede tener muchas formas y que no necesariamente drena rentabilidad". Esa pregunta en el test de idoneidad es "una vía relativamente buena" para ello, añade.
"Estoy seguro de que ayudará" a dar a conocer la sostenibilidad entre los particulares, añade Jordi Mercader, CEO del roboadvisor inbestMe, que ofrece carteras sostenibles. "Otra cuestión es hasta qué punto todas las personas que contesten lo hagan con conocimiento de causa", advierte. Para él, en 2022 la clave será "cómo explicamos al usuario final el grado de sostenibilidad de su cartera, hasta qué punto se basa en exclusiones, o en qué medida incluye inversiones de impacto", explica.
Luis Buceta, director de inversiones de Creand AM y vicepresidente de CFA Society Spain, también considera que esa novedad en el test de idoneidad supondrá el gran impulso para que el retail gane peso. "Y, evidentemente, en cuanto el cliente tenga la seguridad de que por entrar en el ESG no va a renunciar a la rentabilidad, ¿por qué iba a decir que no a este tipo de inversiones? Más aún teniendo en cuenta que las entidades van a incluir criterios extrafinancieros en sus procesos", comenta.
"Cualquier iniciativa destinada a incrementar la visibilidad de la inversión sostenible entre los minoristas es bienvenida y, en este sentido, la pregunta al respecto en el test de idoneidad logrará, al menos, que aquellos inversores que no se hubieran planteado que los factores ESG pueden perfectamente formar parte de su cartera lo hagan, lo cual debería traducirse en un aumento, por pequeño que sea, de la inversión sostenible", señala, por su parte, Sebastián Velasco, director general de Fidelity para España y Portugal.
El miedo a perder dinero
Una reciente encuesta de la gestora nórdica Nordea AM entre 1.200 clientes particulares en seis países (entre ellos, España) revela que, concretamente los españoles, todavía ven la sostenibilidad como un "riesgo financiero". El 67% de ellos afirma ser "consciente de que los desafíos en torno a la sostenibilidad puede impactar" en sus inversiones. De esta misma encuesta, eso sí, también se desprende que el 72% de los inversores retail prevén invertir más en sostenibilidad en los próximos 12 meses.
Incluso los grandes inversores aún tienen reservas acerca del ESG: según el Estudio del Inversor Institucional de Schroders 2021, el 38% de los institucionales todavía muestra "preocupación sobre el rendimiento" de estas carteras.
Sin embargo, diversos estudios demuestran que los productos responsables no tienen por qué mermar la rentabilidad y que, de hecho, se comportan mejor en momentos de crash. El artículo El desempeño de la inversión socialmente responsable desde la perspectiva de los inversores minoristas: evidencia internacional, publicado en International Journal of Finance and Economics, analiza el rendimiento de estos productos y concluye que supera al de los tradicionales.
El año de la consolidación
2022 será también el año en el que la sostenibilidad se asiente, y en el que madure todo el trabajo que ha supuesto 2021 para la industria de la gestión de activos. El pasado mes de marzo entraba en vigor el Reglamento europeo de Divulgación de información relativa a la sostenibilidad (SFDR). Dicha normativa ha revolucionado el día a día del sector, que se ha visto abocado a etiquetar sus fondos -si querían llamarlos sostenibles-, como artículo 8 (aquellos que promueven características de sostenibilidad) o como artículo 9 (más puros, ya que persiguen en sí mismo un objetivo sostenible concreto; aquí encajarían, por ejemplo, los fondos temáticos de energías limpias).
Es probable que en 2022 se observe una cierta reconfiguración de este etiquetado, ya que algunas casas que han clasificado sus fondos como artículo 8 o 9 están reculando. "En mi opinión, veremos una reclasificación de los productos, una vez las entidades hayan madurado sus procesos", advierte Silvia García-Castaño.
También se prevé un avance en lo que se refiere a los proveedores de datos. Lo explica Eva Hernández, experta en finanzas sostenibles y colaboradora de EFPA España: "Veremos cada vez más transparencia y claridad en este sentido, ya que es complicado que distintas agencias otorguen calificaciones tan dispares; y también aumentará la coherencia en las metodologías de reporte de datos", explica.
"Creo que la taxonomía europea nos defraudará en parte" comenta Julián Romero, presidente del Observatorio español de la Financiación sostenible
La presión regulatoria continuará, y la normativa europea seguirá avanzando. La semana pasada se aprobaba una parte de la taxonomía verde, una clasificación de actividades que pueden contribuir sustancialmente a dos objetivos ambientales: la mitigación y la adaptación al cambio climático. Se ha dejado a un lado, por ahora, la posibilidad de incluir el gas y la energía nuclear como actividades verdes.
Al margen de esto, quedan por desarrollar los otros cuatro objetivos de la taxonomía: uso sostenible del agua, transición a una economía circular, prevención de la contaminación y protección de la biodiversidad, que deberían aprobarse en el primer trimestre de 2022, señala Antuña.
Aunque dos objetivos sobre un total de seis parezcan pocos, Julián Romero, presidente de Ofiso (el Observatorio español de la Financiación sostenible) señala que la adaptación y la mitigación recogen la mayor parte de las actividades sostenibles reconocidas hoy en día. En cualquier caso, él tiene la sensación de que la taxonomía "nos defraudará un poco; es cierto que va a permitir comparar unos fondos con otros, pero no deja de ser un dato bastante frío. Pienso que el año que viene, o quizá el siguiente, será más importante el impacto que consigue una cartera que lo elegible que sea para la taxonomía".
En lo que respecta a la renta fija, España ha vivido este año un acontecimiento crucial: la emisión del primer bono verde del Tesoro, por 5.000 millones, en septiembre. Continúa en desarrollo el estándar de bono verde europeo, que el presidente de Ofiso duda que se saque adelante en 2022. "Se ha avanzado mucho, pero están pendientes cuestiones clave, como si será obligatorio o voluntario para los emisores, o si estará ligado directamente a la taxonomía europea (con lo cual, si finalmente el gas y las nucleares se incluyesen en la misma, podríamos ver bonos verdes financiando inversiones en gas)", explica. Si 2021 supuso un auténtico tsunami normativo, la ola continuará en 2022.
