EQA es una compañía de certificación, con 200 trabajadores y 25 años de trayectoria. Verifica emisiones de gases de efecto invernadero, aunque también valida estados de información no financiera y realiza auditorías sobre medio ambiente. El tsunami normativo europeo en finanzas sostenibles (con el Reglamento de Divulgación que entró en vigor en 2021, o la taxonomía verde) ha abierto un nuevo filón para sus actividades. Ante el temor al greenwashing (fraude verde), la figura del verificador cobra relevancia en la inversión ESG, la que se realiza en base a criterios ambientales, sociales y de buen gobierno. Lo explica el director general de EQA, Ignacio Martínez. Consulte más entrevistas sobre sostenibilidad en elEconomista Inversión sostenible y ESG.
¿Qué parte de su negocio tiene que ver con las finanzas sostenibles?
Es pequeña. Facturamos unos 17 millones de euros, y la parte vinculada a ellas es inferior al 5%. Pero, si hablamos de verificación, entre un 30% y un 40% tiene un vínculo con el medio ambiente. Llevamos desde 2005 o 2006 verificando emisiones de gases de efecto invernadero, asegurando que la medición que una empresa ha realizado de sus emisiones es correcta, algo que, en realidad, tiene un trasfondo financiero, ya que en función de esos datos la compañía se financiará [en unas condiciones u otras], o le sobrarán derechos de emisiones.
Y en ese 5% de sus ingresos ligado a las finanzas sostenibles, ¿qué es lo que más negocio les genera?
Existe mucha inquietud en relación con el etiquetado de los fondos como artículo 8 o artículo 9 del Reglamento de Divulgación [son las dos tipologías de fondos ESG que recoge dicho Reglamento], y nosotros somos la tercera parte independiente que verifica que, efectivamente, un fondo se puede clasificar como tal. Por otro lado, las entidades financieras deben canalizar cada vez más financiación hacia proyectos sostenibles, y las empresas deben demostrar que sus proyectos lo son; también realizamos esa validación. Existe una importante necesidad de que un tercero garantice que esos proyectos realmente son verdes. Estamos ante un cambio de paradigma. Es preciso trasladar confianza al mercado, y en este sentido la figura del verificador es vital.
Pero, en cuanto al etiquetado de fondos como 'artículo 8' o 9, esta figura es recomendable, no obligatoria. ¿Están pidiendo las gestoras que un tercero valide sus fondos ESG?
El Reglamento de Divulgación les ha cogido de sorpresa, han tenido que correr mucho. En esa primera clasificación de productos como artículo 8 o 9, la figura de verificador ha sido muy puntual. Pero ahora sí existe ya esa inquietud, y estamos en conversaciones con distintos fondos que demandan nuestros servicios. Aunque no sea obligatorio, lo prefieren, porque se arman de confianza a la hora de afirmar que sus fondos son sostenibles.
¿En qué consiste ese servicio que ofrecen a las gestoras?
Verificamos si esa entidad está incorporando los factores ESG en sus mecanismos de decisión. Tiene que explicarnos cómo los ha introducido en sus procedimientos, qué objetivos se marca, con qué KPI (indicadores clave de desempeño) los va a medir... Para poder determinar que su cartera es sostenible, y en qué grado lo es.
La taxonomía europea, ¿en qué medida afecta a su negocio?
La taxonomía es tremendamente transversal, también aparece en bonos verdes y en la CSRD (Directiva europea de Reporte de Sostenibilidad Corporativa), ya que las empresas deben informar de en qué grado están alineadas con ella. También está muy vinculada a los fondos europeos del Plan de Recuperación: el dinero de Europa está ligado a que los estados demuestren que ni un euro perjudicará a los objetivos ambientales. Está previsto que los organismos pidan al solicitante un certificado de tercera parte que demuestre que esa financiación no causará ningún "daño significativo" a dichos objetivos. Es el DNSH (do not significant harm), que es, digamos, un complemento de la taxonomía. Nos encontramos en un escenario que realmente puede marcar un punto de inflexión.
¿Y cómo les afecta la directiva de reporte de sostenibilidad o CSRD?
La nueva propuesta de CSRD incluye la figura del verificador. Antes, esta directiva europea obligaba a determinadas empresas a reportar en materia de sostenibilidad, pero no a verificar. Cuando en España se transpuso esta directiva en 2018, sí se introdujo ya esa figura. Pero ahora Europa va más allá: además de incluir la figura obligatoria del verificador, detalla cómo hay que verificar y quién puede hacerlo. Esto llegará en el segundo semestre de 2022.
