El sector de la construcción, a través de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), se ha mostrado totalmente crítico con la nueva Ley de Vivienda y asegura que se trata de una normativa que está "muy verde y que es más política que técnica y más intervencionista que facilitadora".
Así de contundente se mostró ayer Pedro Fernández Alen, presidente de la CNC, que calificó esta ley de "necesaria", pero considera que en su versión actual carece de "ambición, especialmente en materia fiscal".
Desde el sector apuestan por adoptar medidas fiscales que permitan el pago inicial de la adquisición de una vivienda y el pago del alquiler a los colectivos más vulnerables o a las personas pendientes de emanciparse, así como promover vivienda social fomentando la colaboración público-privada.
Además, los constructores aseguran que el texto de la nueva ley está "muy verde" y ponen como ejemplo la nueva figura de vivienda asequible incentivada, "que es el máximo exponente de la indefinición e inseguridad jurídica que se da en el texto de la nueva normativa". Asimismo, creen que "la redacción de la ley puede dar cobertura a fenómenos indeseados como la okupación" y consideran que debería ser la administración la que destinara suelo para levantar vivienda social y no el sector privado.
Igualmente aseguran que la declaración de zonas de mercado tensionado y el control de precios interfieren en el derecho sobre la propiedad privada y sobre la población ahorradora. "Para ello, en vez de apostar por una norma que imponga un tope a las rentas, convendría fomentar el diálogo entre todos los actores del sector", indican.
Problemas con la mano de obra
Por otro lado, Fernández trasladó la preocupación que experimenta el sector por la falta de mano de obra a la que se enfrentan y que podría poner en juego la implementación de los 35.000 millones de euros procedentes de fondos europeos que recaen en el sector de la construcción.
Así calculan que harían falta unos 700.000 empleados para poder dar cobertura a la actividad que se generará con esos fondos y por ello, piden al Gobierno un plan de choque para impulsar la formación entre desempleados, jóvenes y mujeres a través de la Fundación Laboral de la Construcción.
"Ahora mismo tendríamos capacidad para formar a 200.000 personas al año, pero si hay una apuesta decidida del Gobierno podríamos ampliar nuestro alcance y de esta forma poder ejecutar los fondos europeos antes de 2026", explicó Fernández, que asegura que la construcción "no es únicamente carretilla, arena y ladrillos, es mucho más".
Por eso cree que es necesaria una campaña para atraer empleados, ya que "tenemos un grave problema para conseguir personal cualificado".