La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha negado este lunes ante la juez de la Audiencia Provincial de Barcelona haber dado indicaciones para entorpecer desahucios en un bloque de edificios propiedad del fondo de inversión Vauras. La Audiencia imputó a la alcaldesa junto a dos funcionarios del Ayuntamiento por presuntas coacciones y extorsiones a la compañía para que cediera pisos de su propiedad a vivienda social.
El Colegio Oficial de Administradores de Fincas de Galicia (COAFGA) se une a la reclamación que la Xunta de Galicia ha hecho al Gobierno para que las comunidades de propietarios también pueden ejecutar medidas legales para el desalojo de okupas.
La Audiencia Provincial de Madrid quiere desocupar las viviendas okupadas en el menor tiempo posible. Así, lo ha acordado la Junta Sectorial de magistrados de las Secciones Penales de la Audiencia Provincial, reunida para unificar criterio. Se ha decidido por unanimidad.
Las okupaciones han crecido un 10% en Cataluña en los últimos tres años. Para algunos es una problemática hinchada desde sectores conservadores, para otros uno de los principales retos a los que se enfrenta la economía del territorio. Lo cierto es que la entrada sin permiso a una vivienda no deja de crecer y los propietarios ponen el foco en la permisividad de las autoridades con los okupantes para justificar que en la Comunidad se produzcan más del 40% de los allanamientos de toda España.
La Generalitat quiere dotar a los Ayuntamientos de una herramienta para acabar con las ocupaciones conflictivas. La administración catalana prepara una nueva ley para que no solo los propietarios puedan instar los desahucios en caso de que se cometan delitos en una vivienda ocupada y permitirá a los consistorios y comunidades de vecinos que actúen si los dueños de los inmuebles no lo hacen antes, una problemática que se encuentran con grandes tenedores, asegura.
La situación referente a la 'okupación' en Cataluña empeora año tras año, suponiendo casi el 50% del total de las ocupaciones de España en 2021. Desde Foment del Treball, piden endurecer la legislación ante las ocupaciones definiéndolas como delincuenciales de manera que permita desalojar "inmediatamente" las viviendas ocupadas.
Las modificaciones a la Ley de Vivienda catalana aprobadas el pasado 23 de febrero entran en vigor, con el objetivo de afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética. La norma incrementa las obligaciones de los grandes tenedores ante inquilinos morosos que acrediten su vulnerabilidad económica. Así, las empresas con más de 10 pisos o los particulares con más de 15 estarán obligados a ofrecer un alquiler social aunque los ocupantes de la vivienda no tengan contrato porque hayan okupado el inmueble.
El Parlament de Cataluña ha aprobado la nueva ley catalana antidesahucios que toma el relevo de la anulada hace un año por el Tribunal Constitucional por un defecto de forma y que incrementa las obligaciones de los grandes tenedores ante inquilinos morosos que acrediten su vulnerabilidad económica. Las empresas con más de 10 pisos o los particulares con más de 15 estarán obligados a ofrecer un alquiler social aunque los ocupantes de la vivienda no tengan contrato porque hayan ocupado el inmueble.
Eduard Mendiluce es el hombre de confianza del fondo de inversión Blackstone en España y acumula décadas de experiencia en el sector inmobiliario, forjados en gran parte en la banca y con responsabilidades de gestión en los mejores y en los peores tiempos del sector.
El consejero delegado de Anticipa e Inmobiliaria Aliseda, Eduard Mendiluce, muestra optimismo en elEconomista acerca del comportamiento del sector este año en nuestro país. Hasta el punto de dar por hecho el regreso a los volúmenes de transacciones y de precios previos a la crisis.
Las vacaciones son un periodo de desconexión que en la mayoría de los casos se dan fuera del lugar habitual de residencia. Sin embargo, es este hecho el que propicia que a la vuelta sean varias las personas que se encuentren que su casa ha sido robada u okupada. Por ello, desde la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) han esgrimido cinco consejos para mantener la seguridad del hogar lo máximo posible.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sido la encargada de clausurar la Gran Jornada Inmobiliaria organizada por elEconomista, donde ha destacado que se trata de un sector estratégico para Madrid y para España y que además será uno de los más importantes de la recuperación económica.
Un inmueble vacío puede convertirse en un foco potencial de problemas. Ante este axioma aparece la necesidad de buscar una solución eficaz y segura para evitar las consecuencias negativas que tiene para el conjunto de la sociedad tener edificios en desuso. Bajo esta premisa en 1993 nació en Holanda Ideal Guardian, con un objetivo de dar una solución a un problema doble: la dificultad de acceso a la vivienda y la okupación.
La cadena de supermercados Lidl ha vuelto a sacar a la venta un producto revolucionario. Contra el aumento de los hurtos, okupas y en vista de que en Semana Santa apenas se podrá ir a segundas residencias, la compañía alemana comercializa por tan solo 22 euros un novedoso sistema antirrobos que ya está siendo todo un éxito en ventas.
De un tiempo a esta parte, hemos visto cómo el tema de la ocupación ilegal ha ido ganando presencia en el foco informativo. Esté más o menos justificada la inquietud general respecto de este fenómeno, asunto que no se pretende juzgar aquí, lo cierto es que con poca frecuencia se oye hablar con exactitud y realismo de las consecuencias de este fenómeno sobre los propios inmuebles, más allá de las evidentes molestias y complicaciones sufridas por sus propietarios.
La composición del comité de expertos creado por el ex ministro de Sanidad, Salvador Illa, para llevar a cabo la desescalada pasará a la historia como uno de los secretos guardados con siete llaves en el Palacio de la Moncloa. Nadie conoce aún a los miembros que asesoraron a Illa o a Fernando Simón, probablemente porque jamás existieron. Su labor fue descorazonadora, la desescalada se hizo de manera chapucera y precipitada, según reconoció el presidente del Gobierno, y dio paso a la segunda ola de contagios después del verano del año pasado.
Durante el pasado ejercicio ingresaron 3.446 asuntos sobre ocupación ilegal de vivienda en los órganos judiciales, un 191,8% más que en 2019, habiéndose resuelto 2.876. En Andalucía han ingresado 827, un 24% del total nacional. Le siguen Cataluña, con 746; Comunidad Valenciana, con 396; y Madrid, con 321.
El problema de la okupación ilegal de viviendas e inmuebles alcanza en Cataluña unas cotas que lo sitúan muy por encima del resto de España. Además de ser la primera comunidad en el ranking de la tasa de denuncias registradas por población, su ratio casi triplica la media nacional y llega a multiplicar por cuatro el de Madrid.
El magistrado Juan José Escalonilla investiga a Juan Carlos Monedero por una factura presuntamente falsa de 26.000 euros que cobró de Neurona; Pablo Echenique fue sancionado por Hacienda por no pagar el IRPF de su asistenta e Irene Montero, la ministra de Igualdad y pareja de Pablo Iglesias, coloca de adjunta a su jefa de gabinete, Teresa Arellano, para que haga de niñera con cargo a los Presupuestos del Estado. Y en Podemos aún se extrañan de que los youtubers, que ingresan cantidades millonarias, trasladen su domicilio fiscal a Andorra para rebajar su factura fiscal.
La protección de los ciudadanos en situación de vulnerabilidad social y económica es una de las responsabilidades de los poderes públicos que, sin duda, debe ejercerse en toda su extensión, especialmente en momentos tan dramáticos como los que vivimos con una crisis sanitaria, social y económica sin precedentes en la historia reciente.
Con porcentajes de vivienda social por encima del 30%, frente al 1,6% de España, Holanda es considerada por algunos expertos un ejemplo de éxito a la hora de abordar el problema del acceso a la vivienda y el incremento de la ocupación. ¿En qué consiste el modelo holandés? ¿Es asumible para España?
El Tribunal Constitucional (TC) ha iniciado hoy Pleno, que concluirá el jueves, cargado de asuntos que afectan a Cataluña, que se refieren a asuntos de interés jurisprudencial de primer orden, como es la admisión a trámite de la Ley que establece la limitación de rentas en los contratos de arrendamiento de vivienda; la toma en consideración del recurso sobre el Decreto Ley para mejorar el acceso a la vivienda; y el primer recurso contra la sentencia del 'procés'.
La evolución de la economía española durante los próximos meses dependerá de la distribución de la vacuna y de las ayudas europeas y ni una ni otra cosa van bien. Pese a que se han administrado el 80 por ciento de las vacunas recibidas, el ritmo necesitaría duplicarse para poder cumplir con el calendario y alcanzar la inmunidad de rebaño en verano, como prevé el ministro de Sanidad, Salvador Illa.
Los abogados y las inmobiliarias creen que los jueces tenderán, tal y como les exige ahora la ley, a paralizar los lanzamientos de los okupas hasta mayo tras el cambio que introdujo el Ministerio de Consumo en la ley anidesahucios. Los especialistas recuerdan, sin embargo, que los se circunscriben a grandes propietarios y en pocos casos afectará a los particulares.
El Gobierno ha modificado su propio real decreto-ley antidesahucios y exige ahora "violencia e intimidación" que para poder desalojar a los okupas durante el estado de alarma. De esta forma, el Ministerio de Consumo ha cambiado el artículo 1 bis de la normativa. El texto establece como requisito para expulsar a los usurpadores que "la entrada o permanencia en el inmueble se haya producido mediando intimidación o violencia sobre las personas". La normativa determinaba hasta ahora que se debía desalojar la vivienda "cuando la entrada o permanencia en el inmueble sea consecuencia de delito".
Póngase en situación. Sin previo aviso, el inquilino deja de pagar el alquiler durante meses. La primera medida, como es lógico, es preocuparse por la situación que motiva los retrasos. Buscar una alternativa que permita solucionar el problema. Pero la insistencia en los impagos obliga a iniciar un proceso judicial para recuperar la vivienda. Entre que se produce el impago y se acude a la Justicia pueden pasar de 2 a 3 meses. Y la sentencia, después de sortear diferentes estrategias procesales para dilatar la resolución, todas ellas bien conocidas por los okupas y sus asesores, puede tardar en llegar perfectamente alrededor de un año más. Mientras tanto, el okupa sigue utilizando la vivienda, gratuitamente.
El decreto propuesto por el Gobierno para paralizar los desahucios de familias vulnerables mientras se mantenga en vigor el estado de alarma, que está previsto que se apruebe de forma inminente, supone, según Asval, la legalización de la ocupación ilegal, lo que va a convertir a España "en el único país avanzado que permite este tipo de prácticas fuera de la ley y peligrosas, como se ha visto recientemente con el incendio de una nave ocupada en Badalona".
El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana defiende que los grandes tenedores de vivienda (más de 10 propiedades) deben recibir una compensación económica si sus casas están ocupadas sin contrato mientras a los residentes se les busca una alternativa para vivir.
La actividad de alarmas es uno de los segmentos dentro del sector de la seguridad que más rápido crece. Esto es así porque las alarmas son necesarias en cualquier tipo de vivienda y la gente demanda más seguridad.
El presidente de la Cámara de Comercio de Zaragoza, Manuel Teruel, y el catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza José María Gimeno Feliu, han presentado este viernes, 6 de noviembre, una propuesta de solución normativa a la 'okupación' ilegal de inmuebles y el informe jurídico que la avala.
