Valencia
Aunque pocos se acuerden ya, hace siete años el sector de la obra pública puso el grito en el cielo porque varias de las grandes inversiones de la Generalitat Valenciana se sacaban a licitación a precios que las empresas consideraban por debajo del coste. Una situación que llegó a provocar plantes y algunos concursos públicos desiertos.
Entre las obras emblemáticas puestas en duda entonces por la patronal Fecoval o la Cámara de Contratistas de la Comunidad Valenciana se encontraba una que todavía pendiente en el centro de Valencia, la rehabilitación del conocido como Palacio de Justicia, la sede del actual Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana y anterior Casa de la Aduana.
La patronal nacional, la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), llegó a recurrir a finales de 2018 la decisión de la Generalitat de encargar a Tragsa conjuntamente la redacción del proyecto y la obra por 25 millones de euros, después de que no hubiera habido ofertas para diseñar el proyecto. Algo que según las empresas se debía al importe presupuestado en un edificio, además, catalogado como protegido y en el que por su pasado era más que probable que apareciesen restos arqueológicos.
Precisamente el principal argumento del entonces Gobierno del Botànic para recurrir a Tragsa era la urgencia en una obra que se iba a finalizar en 2021. Paradójicamente y después de una guerra legal que retrasó los plazos, sigue sin acabarse 7 años después. Al final y tras los recursos, Tragsa redactó el proyecto de rehabilitación pero la Generalitat licitó la ejecución de las obras de forma separada tras la crisis del Covid, por un importe de 28,3 millones de euros con impuestos.
Por el contrato pujaron 7 ofertas y finalmente en 2022 se adjudicó a una unión temporal formada por FCC y Edifesa, del grupo valenciano Pavasal, por 25,47 millones de euros. Pero ese no será el coste de las obras. El Consell aprobó la semana pasada un modificado que encarece notablemente el importe de la rehabilitación del edificio: 10,18 millones de euros más. Es decir, un 40% más del dinero inicial.
Después de lo que decían entonces los representantes del sector no parece que pueda decirse que los sobrecostes sean sorprendentes. Y los motivos por los que se encarece la actuación tampoco, probablemente ya se los imaginarán. En un edificio protegido que se empezó a construir en 1758 y del que consta que ha sido Casa de Aduana, fábrica de tabaco y tribunal resulta que se han encontrado "hallazgos relacionados con la antigua arquitectura industrial del edificio". Difícil de sospechar que eso podía pasar en un edificio histórico situado junto a una de las puertas y de las murallas de una ciudad con más de dos milenios a sus espaldas.
Así, la Generalitat señala que esa arquitectura industrial ha obligado a replantear de forma "sustancial" las soluciones previstas, "tanto en materia constructiva como de instalaciones". Según señala "se ha descubierto una red de galerías subterráneas en la zona este de la planta baja" que ha obligado a modificar el diseño previsto para recuperar la configuración original y rediseñar el trazado del sistema de saneamiento del edificio.
Más curioso resulta que un edificio de la propia Administración y para más inri sede de la Justicia tenga que realizar a estas alturas de la ejecución "cambios en cuanto a la seguridad contra incendios y la accesibilidad requeridos por la normativa municipal". O sea, para cumplir con la ley.
De momento, el importe total de la rehabilitación llega a los 35,65 millones de euros y las trabajos durarán al menos hasta el segundo trimestre del próximo año, cuando el plazo inicial eran tres años.
El hospital de Ontinyent: de 25 a 50 millones
En los últimos años hay ejemplos similares de elevados sobrecostes. Otra obra que estuvo precedida por las críticas de patronales fue la del hospital de Ontinyent Valencia, que según Fecoval estaba muy por debajo del precio de mercado simplemente atendiendo a los materiales. En 2019 se adjudicó a OHL, la única empresa que se presentó por 25,24 millones de euros. La Sanidad valenciana pagará finalmente un 67% más por el contrato, tras añadirse dos modificados que lo han elevado hasta los 42,15 millones.
Pero si se añaden otros contratos troceados (esos que todos los partidos critican cuando están en la oposición pero a los que luego recurren cuando gobiernan) de obras complementarias que también se han adjudicado a OHL, las obras de la constructora rozan los 50 millones de euros. Esa es también la inversión de la que presume el actual Gobierno valenciano, sin mencionar que es doblar lo que se presupuestó por su antecesor, el Botànic.
Otro caso conocido es el del Palacio de Justicia de Gandía. En total, los trabajos necesarios para la nueva sede de los tribunales de Justicia en la capital de La Safor debían suponer en total 15,61 millones de euros, incluyendo el estudio geotécnico previo. La Generalitat aprobó un modificado de hasta 21,68 millones de euros. Es decir un incremento del 38,8% en el coste total y más de 6 millones de euros extra.
Entre los argumentos para ello, se encontraban que hubo que modificar zonas como las previstas para los detenidos o que las empresas de suministro eléctrico o los departamentos competentes en seguridad contra incendios obligaron a realizar modificaciones.
