Valencia
La oleada de destrucción que dejó a su paso la riada que inundó parte de la provincia de Valencia tras la DANA del pasado 29 de octubre ha obligado a las Administraciones públicas a movilizar cientos de millones de euros para hacer frente a todo tipo de actuaciones en los 80 municipios afectados. Una catástrofe que ha disparado la cifra de contrataciones públicas de emergencia y que tiene también como claro beneficiario a una de las grandes empresas estatales, Tragsa.
La empresa pública ha asumido encargos directos de organismos de la Administración que suman en total un volumen 224 millones de euros hasta ahora, según se desprende tanto de la información pública de la propia Tragsa como de la Plataforma de Contratación. Precisamente la compañía controlada por el Estado puede esquivar el proceso de concurrencia y competencia para recibir directamente estos contratos 'a dedo' al estar considerado como un medio propio de la Administración.
Una consideración que tiene tanto por parte del Gobierno central como por la propia Generalitat Valenciana, que en la anterior etapa del Botànic presidido por Ximo Puig se convirtió en accionista de la sociedad para poder recurrir a esta fórmula directa, como han hecho el resto de CCAA que también son accionistas minoritarias de la sociedad, al igual que la mayoría de diputaciones provinciales. Una fórmula que siempre ha encendido la polémica con las ingenierías y constructoras del sector privado, que consideran que en muchos casos esa fórmula se utiliza para distorsionar el mercado y sin justificar la urgencia que se exige para su uso.
El volumen económico que ha logrado ya Tragsa ligado a la DANA representa más de una cuarta parte de los encargos públicos directos que recibió durante todo 2023 la compañía, que alcanzó los 834,9 millones de euros según la información recopilada por la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación de España (OIReScon).
Esto supone que los trabajos por los efectos de la gota fría ya representan un 26,8% del volumen total el año pasado. Unas cifras en las que no se incluye su filial Tragsatec, especializada en servicios tecnológicos, que también ha logrado varios encargos de emergencia.
El principal contratista para obras de reparación y reconstrucción por los daños del agua de la empresa pública hasta ahora es el Ministerio de Agricultura, que ha asignado de forma directa cuatro encargos a Tragsa por más de 167 millones, la mayoría para trabajos en los cultivos y las infraestructuras agrarias destrozadas. Históricamente la firma pública, cuyo nombre actual procede de las siglas originales de Empresa de Transformación Agraria con que nació, ha estado muy vinculada al sector agrícola y ganadero.
De hecho, el departamento de Agricultura del Gobierno valenciano también ha contratado a Tragsa para obras similares y también para servicios a explotaciones ganaderas, como la recogida de animales muertos y la distribución del pienso en los primeros días en que la movilidad era muy complicada en muchas comarcas.
El listado de organismos públicos que ha recurrido a Tragsa incluye al Ministerio de Transición Ecológica y la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), para actuaciones de urgencia en los márgenes de los ríos desbordados. También al gestor ferroviario Adif, que recurrió a sus servicios para retirar los coches que el agua acumuló sobre las vías de los Cercanías de Valencia.
Accidente laboral
Pero probablemente el encargo con el que más se ha identificado a Tragsa ha sido el de la Consejería de Educación para limpiar y realizar reparaciones en los colegios e institutos dañados por el agua. Un encargo por más de 23 millones de euros para poder reabrir los centros. La muerte de un trabajador de la empresa estatal en un colegio de Massanassa (Valencia) durante esos trabajos, en los que otro empleado resultó herido, puso en cuestión la seguridad en esas actuaciones y está bajo investigación judicial.