Especial ESG
La DANA del 29 de octubre arrasó buena parte de la Comunidad Valenciana sigue haciendo mella en la economía regional y no es para menos. La Cámara de Comercio estima un impacto económico de 21.819 millones de euros, lo que supone el 32% del PIB de la provincia de Valencia. Hay que tener en cuenta que los 68 municipios afectados representan prácticamente el 25% del empleo de la región, lo que antes de las lluvias torrenciales de principios de mes se traducía en 264.883 empleos.
Un empleo yuna economía que tardarán mucho en volver al punto de origen. Sobre todo, si se tiene en cuenta que una parte importante del tejido empresarial de la zona estaba ubicada en bajos y polígonos industriales, justamente las zonas que más daños han sufrido. Además, se trata en mayor parte de pequeños comercios: el 90% de los autónomos de las zonas afectadas se encuentran con la actividad comercial paralizada, según aseguran a elEconomista.es varias asociaciones representativas de trabajadores por cuenta propia.
Ante esta situación, el Gobierno de Pedro Sánchez aprobó el pasado martes 5 de noviembre un Real Decreto-ley que, reúne una serie de medidas urgentes con un valor estimado de más de 10.600 millones de euros. Este incluye ayudas directas a autónomos y pymes que se van a transferir para alrededor de 95.000 pymes y autónomos con domicilio fiscal en las zonas afectadas por la DANA, por un valor total de 838 millones de euros. En el caso de los autónomos, estas ayudas se estima que llegarán a unos 65.000 beneficiarios y serán de 5.000 euros, con un coste de 325 millones de euros.
Para las pymes, oscilarán entre los 10.000 para los que tengan menos de un millón de euros de volumen de operaciones en el ejercicio 2023 o del importe neto de la cifra de negocios y hasta los 150.000 euros para las empresas con más de 10 millones de euros de cifra de negocios o volumen de operaciones, estimándose unas 30.000 empresas beneficiarias y un coste de 513 millones de euros. Desde entonces, el goteo de ayudas no ha cesado.
El Consejo de Ministros del pasado lunes 11 de noviembre aprobó un nuevo paquete de medidas con un valor de 3.765 millones de euros, que sumados a los 10.609 millones iniciales alcanzan ya un montante total de 14.373 millones de euros. El Ejecutivo prevé que el escudo social desplegado ayudará a unos 400.000 trabajadores a mantener sus ingresos, a 30.000 empresas a reactivar su actividad y a 100.000 hogares a cubrir sus necesidades básicas. La red de ayudas se verá compensada por la creación de una línea de avales de hasta 5.000 millones de euros, que será gestionada por el ICO, y que estará dirigida tanto a pymes, autónomos, pero también a los hogares, una novedad que no incluyó el mecanismo que también se desplegó durante la pandemia.
Los solicitantes podrán acceder a esta financiación a través de su banco, y los créditos tendrán con la garantía del Gobierno, por lo que contarán con condiciones más favorables a las que se acceden por parte de los particulares. El objetivo de estos préstamos será reequipar empresas, reabrir negocios o reparar viviendas. El mecanismo desplegará una primera línea de financiación de 1.000 millones de euros que se irá ampliando hasta los 5.000 millones. "Esta es una cuantía similar a la que las empresas de toda la Comunidad Valenciana requirieron en crisis de la Covid", comparó Sánchez.
El comercio minorista es el que más consecuencias ha sufrido en las últimas semanas. De hecho, un informe elaborado por Cámara Valencia estima que el coste de reparación y reactivación de la actividad comercial minorista asciende a 1.789 millones de euros, ya que de los 8.106 comercios que hay en las áreas afectadas por la DANA, el 64,5% podrían haber sufrido daños directos. El coste estimado para la reparación de estos locales asciende a 666 millones, de los que el 21,8 % son daños estructurales (145,3 millones); el 59,3 % para limpieza y reparación de interiores y exteriores (394,89 millones); el 18,9 % para reposición de inventario (125,59 millones), y el 86,7 % del gasto se destinaría a locales gravemente dañados.
La interrupción de la actividad comercial podría implicar pérdidas en ventas de entre 350 y 440 millones de euros y una pérdida económica para las empresas de, al menos, 50 millones de euros. En cuanto a los mercados municipales, diez de ellos presentan daños, y se estiman sus costes de reparación y sus entornos urbanos en 30,5 millones de euros. Los daños en los mercadillos en municipios gravemente afectados se sitúan entre 10 y 12 millones de euros, y en los centros comerciales, en aproximadamente 70 millones.
Las instituciones públicas no van a ser las únicas que van a tener que hacer un importante desembolso económico en las próximas semanas. El Consorcio de Compensación del Seguro (CCS), organismo público financiado con los ingresos de los recargos aplicados en las pólizas, se va a hacer cargo de la gran mayoría de las reclamaciones al seguro al tratarse de daños provocados por un fenómeno extraordinario. De hecho, durante los primeros días el Consorcio recibió 109.480 solicitudes. A falta de que el organismo haga público a cuánto ascienden las indemnizaciones, el Consorcio tendrá que pagar de media con 100.000 euros por cada hogar asegurado y afectado en la DANA de Valencia, según la estimación realizada por el comparador Rastreator y a la que ha tenido acceso elEconomista.es.
El comparador explica que este cálculo dependerá de dos factores. Por un lado, el tipo de póliza que se tenga contratada y por otro, de cuánto continente y contenido esté recogido en el contrato. Para el caso valenciano, Rastreator calcula que, según las características de las viviendas afectadas, el capital asegurado estaría entre los 70.000 y los 90.000 euros para el continente y en torno a los 20.000 y 30.000 euros para el contenido. En esta valoración, no obstante, no se incluye el precio del terreno donde está la vivienda, que es una parte importante del valor total.