Madrid
Imasa, una de las empresas de ingeniería y construcción referentes en España cuya sede central está en el Principado de Asturias y que fue rescatada por el Gobierno a través de la Sepi tras la crisis del coronavirus, inicia la contrarreloj para encontrar un socio que inyecte fondos en la compañía y evite su entrada en concurso de acreedores. La negociación ha llevado a la gran banca a mover ficha y contratar a EY para pilotar las negociaciones con la empresa, que por su parte se ha hecho con los servicios del banco de inversión JB Capital, conocida por ser propiedad de Javier Botín, y con NK5, según coinciden distintas fuentes consultadas por 'elEconomista.es'.
En paralelo a la búsqueda de socio, que viene motivada por la necesidad de lograr nuevas líneas de financiación y avales, la empresa que dirige José Ignacio Martínez tiene algo más de 60 días para llegar a un acuerdo con su pool de acreedores tras lograr una prórroga de tres meses del Juzgado Mercantil nº4 de Oviedo. El bufete asturiano Ontier monitoriza la situación para la empresa desde el ángulo legal a través de sus oficinas en Oviedo y Madrid, según otras voces consultadas.
Por el lado financiero, Imasa cuenta con la firma de servicios profesionales NK5, empresa experta en asesorar empresas que atraviesan dificultades. La firma está dando apoyo y negociando con la banca acreedora, entre la que se encuentran como entidades más expuestas Banco Santander, BBVA, CaixaBank y Deutsche Bank. El plan inicial pasa por estabilizar el circulante de la empresa asturiana y alargar los plazos de la deuda estructural. La sensación es que se puede llegar a un acuerdo en los próximos meses, inciden fuentes financieras.
Entre los acreedores destaca también el Ejecutivo a través del Fondo de Solvencia para empresas estratégicas (Fasee), por el que inyectó 35 millones de euros como ayuda de último recurso tras los efectos de la pandemia: una caída de ventas del 56,7% en 2020 y de un 28,6% en 2021. Este vehículo del Gobierno suma ya varios traspiés tras haber desplegado casi 3.000 millones en operaciones de rescate, pues empresas como Duro Felguera, Meeting Point y Losán se han visto también incapaces de devolver a tiempo las ayudas recibidas.
El proceso entraña algunas dificultades y particularidades. Una de las principales es que la Sepi no está aceptando hasta ahora en procesos similares una quita sobre ninguno de sus dos tramos de deuda (en Imasa, por ejemplo, inyectó un préstamo participativo por importe de 17,85 millones de euros y otro ordinario de 17,15 millones) y solo acepta demoras sobre los intereses y el pago total. La entidad que preside Belén Gualda declinó hacer comentarios tras ser consultada.
Cartera de 100 millones
La compañía salió al paso la semana pasada ante la prensa local y afirmó que cuenta con una cartera de proyectos de la ingeniería que ronda en la actualidad los 100 millones de euros, cantidad que, en su opinión, es suficiente y "constituye una base firme sobre la que seguir construyendo su futuro".
La sociedad "continúa ejecutando los contratos y proyectos en curso como ha venido haciendo hasta la fecha", añadieron. La meta es avanzar "para reforzar su posición en el mercado y continuar generando valor para sus clientes, empleados, proveedores y socios", concluyeron.
A falta de conocer las cifras de 2024, Imasa cerró 2023 -último año con cifras disponibles- con un incremento de ventas anual del 58%, hasta los 159 millones de euros, si bien el resultado bruto de la compañía (ebitda) continuó siendo negativo (-1,4 millones de euros), aunque menos que en el año anterior (-13 millones de euros).
