Transportes y Turismo

Adif cancela su mandato a Ontier para litigar contra el cártel del AVE

  • Cambia de estrategia y esperará a que la sanción de la CNMC sea firme
  • El análisis de los daños económicos sufridos se ha retrasado por la impugnación del concurso
  • La compañía no renuncia a ejercer acciones legales y se reserva la opción de relanzar el proceso
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Giro en el planteamiento judicial de Adif para litigar contra las empresas del cártel del AVE, que pelean actualmente en la Audiencia Nacional contra la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC). El gestor ferroviario ha decidido no adjudicar finalmente el contrato de asesoramiento para el que eligió al despacho Ontier, que se alzó en la puja entre varios bufetes de abogados el pasado año para una misión de calado: cuantificar los daños sufridos por las empresas implicadas en los años en los que las prácticas anticompetitivas se llevaron a cabo.

La compañía presidida por Maria Luisa Domínguez ha cambiado de opinión tras ver interrumpido la puesta en marcha de la investigación y cree ahora que los términos firmados en 2022 para la macrocausa judicial contra las 14 empresas encausadas carecen de sentido. En aquel momento la compañía quería interponer demandas sin esperar (acciones stand alone) a la confirmación por los órganos jurisdiccionales de la resolución de la CNMC en 2019 que se saldó con una sanción de 118 millones de euros.

En un análisis inicial, Adif calculó que el daño causado por estas empresas, que, presuntamente, se repartieron contratos de electrificación de vía convencional y alta velocidad, podría alcanzar los 1.000 millones de euros. La magnitud de la reclamación se explica en que el proceso abierto por el regulador examinaba el reparto de 200 proyectos a lo largo de 14 años.

La compañía ha sufrido un periodo de bloqueo para poner en marcha su planteamiento inicial tras la resolución del contrato y la elección de Ontier como bufete de confianza. La firma legal, que se impuso en el proceso contra otros diez contrincantes, entre ellos Roca Junyent, Broseta y Cremades & Calvo Sotelo, se topó con una petición de uno de los rivales excluidos, el despacho CCS, ante el tribunal administrativo de contratos públicos.

El conflicto se dirimió y terminó llevando a la firma de dependiente del Ministerio de Transportes a reeditar el proceso, con la consiguiente extensión del calendario, lo que ha terminado cambiando el planteamiento de Adif. El motivo: los recursos contenciosos-administrativos de las empresas implicadas en el cártel del AVE están ahora a punto de concluir en la Audiencia Nacional y de su resolución dependerá enormemente las posibilidades de Adif de una reclamación posterior. En concreto, de los 30 procedimientos interpuestos en 2019, casi 20 estaban ya en marzo en trámite de votación y el resto estaba únicamente pendientes de practicar ya la fase de prueba o de conclusiones.

Iniciar el contrato firmado en 2022 con los anteriores términos, según Adif, conllevaría un sobrecoste. La alternativa no es otra que proceder a la no adjudicación del presente contrato y del relanzamiento del proceso de búsqueda de asesor si siguen algunas de las circunstancias expuestas. En cambio si se espera a la resolución de la Audiencia Nacional, nos encontraríamos con que la prueba de las conductas dañosas "ya se habría hecho por parte de la CNMC y supondría un importe ahorro de trabajo y costes para ambas entidades, puesto que la acción de reclamación de daños sólo se centraría en la cuantificación del perjuicio".

Precedentes en los cárteles

Otro de los motivos que han empujado a Adif a cambiar su planteamiento ha sido el reguero de sentencias que han tumbado los expedientes de la CNMC contra las empresas acusadas de prácticas anticompetitivas.

En el Informe de propuesta de no adjudicación, Adif recordó lo sucedido con el cártel de Desvíos, en los que la CNMC procedió a sancionar el 30 de junio de 2016 a cuatro empresas por acuerdos o prácticas concertadas para el reparto de mercado, la fijación de precios u otras condiciones comerciales, y el intercambio de información comercial sensible.

Esta resolución se tradujo en sentencias en las que el criterio de Competencia fue anulado —se concluyó que no existían aquellas conductas sancionadas— incluso tras ser recurridas en casación, donde dichos recursos fueron inadmitidos por el Tribunal Supremo.

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