La unión de la Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento (AEAS) y la Asociación Española de Empresas Gestoras de los Servicios de Agua Urbana (AGA) ha configurado el mayor grupo del agua en España, con más de 300 asociados. La nueva voz unitaria, Jesús Maza, asume el reto de seguir mostrando la relevancia capital de un sector cuya importancia se ha puesto de manifiesto durante el desastre provocado por la DANA, pero que requiere de más inversión pública para seguir desarrollando con eficacia su labor. La ciudadanía ha caído en la cuenta de su papel, asistiendo a la rapidez con la que más de 25 empresas se han movilizado para mitigar la emergencia.
¿Cuáles son los principales objetivos de la asociación en la nueva etapa que comienza tras la fusión?
El gran desafío es recuperar la posición que el sector debe tener a nivel institucional y social. El agua se ha convertido en un arma arrojadiza entre los partidos políticos, pero no se le presta la atención que merece a la hora de acometer las inversiones necesarias. Es fundamental que el agua salga del debate político y se incluya en la agenda política.
Por otro lado, es importante que los ciudadanos tomen conciencia de todo lo que hay detrás de abrir un grifo o quitar la tapa de un lavabo. Tenemos la asignatura pendiente de explicar que el agua tiene un coste que hay que afrontar, porque actualmente no supone más del 1% del gasto familiar. Un incremento porcentualmente importante, pero cuantitativamente mínimo, serviría para que este sector fuera sostenible, que actualmente no lo es.
También hay que trabajar para mejorar el sistema de colaboración público privada. El modelo español de gestión del agua es francamente interesante porque en él conviven empresas públicas, privadas y mixtas, pero es necesario agilizar los sistemas de contratación pública fomentando modelos de colaboración poligonal para dar entrada a los nuevos actores que están apareciendo y que vienen a completar la actividad de los grupos tradicionales.
Más allá, debemos seguir impulsando la digitalización y el uso eficiente del agua, promover la renovación de redes de abastecimiento y saneamiento y facilitar la adaptación de las empresas a los nuevos requerimientos europeos.
En los últimos años, el sector ha sufrido un continuado déficit de inversiones. ¿A cuánto ascienden las necesidades en materia de infraestructuras?
Actualmente, el déficit de inversiones en materia de agua es de más de 5.000 millones de euros al año. Es necesario invertir en infraestructuras, especialmente para hacer frente a la nueva regulación que viene de Europa, pero para eso hace falta adecuar el precio del agua al coste de la producción, transporte y depuración porque el sector no puede vivir exclusivamente de subvenciones.
Lo ideal sería crear un sistema para la fijación de tarifas mucho más simple, armonizado y transparente para el ciudadano que no formara parte del debate político, sino que estuviera fijado por un organismo competente con capacidad para adaptarlo a las circunstancias de cada momento y permitiendo la necesaria renovación de las infraestructuras.
Entonces, ¿desde la asociación consideran que es necesario crear un organismo regulador?
La asociación lleva muchísimo tiempo reivindicando la necesidad de tender hacia un ente regulador que establezca las reglas del juego, unifique criterios y aporte dinamismo y transparencia al proceso de fijación de tarifas.
Parece que el ministerio está dando algunos pasos en este sentido con la reactivación en los próximos meses de la Mesa y los observatorios del agua, que se acercan bastante a lo que debería ser un regulador.
¿Cómo están beneficiando al sector las ayudas del Perte de digitalización?
En este aspecto es importante no confundir la puesta en marcha de los Perte, que se lanzaron para contribuir a la recuperación del sector tras la pandemia, con las necesidades de inversión en materia de infraestructuras.
Dentro de las próximas convocatorias del Perte, consideramos muy necesario que en el apartado de eficiencia en el consumo se pudieran incorporar obras de infraestructuras que mejorasen la eficacia en la distribución de agua y, por otro lado, que las fórmulas de financiación no se limitasen a préstamos con el ICO, sino que se evaluasen otras alternativas, para lo cual el sector propondrá al Ministerio fórmulas alternativas en las que estamos trabajando.
¿Qué impacto está teniendo el cambio climático y la proliferación de fenómenos extremos como la DANA de Valencia?
Lo sucedido en Valencia ha sido una tragedia sin precedentes: la avalancha de agua dejó sin agua potable a más de 600.000 personas y colapsó la capacidad de los sistemas de saneamiento.
La asociación se puso en marcha rápidamente y nuestros asociados se volcaron para ayudar a los operadores que prestan servicio en las zonas afectadas. En 48 horas se enviaron a Valencia 300 brigadas de empresas de toda España que han estado allí cerca de un mes contribuyendo con recursos humanos y materiales a reconstruir y restablecer los servicios de abastecimiento y saneamiento. En poco más de una semana el 90% de los usuarios volvía a tener suministro.
Esto ha aportado una gran solvencia al sector, que ha demostrado que es capaz de responder con rapidez y eficacia ante una emergencia.
¿Cómo están afrontando las empresas la adaptación a los nuevos retos legislativos que llegan desde Europa?
La transposición de las directivas europeas es algo que nos va a tener muy ocupados en los próximos años porque los procesos necesitan una adaptación razonable al marco competencial que tenemos en este país, y no es tarea sencilla.
Por ejemplo, el reglamento sobre reutilización de agua supone una oportunidad importantísima para un país seco como es España y ya se está trabajando en su implantación. El problema es que no hay una unificación de criterios entre las comunidades autónomas y esto complica enormemente el proceso de implementación.
Y ocurre lo mismo con el tratamiento de los fangos, una medida que viene impuesta por Europa pero que no se puede implantar de forma igualitaria en todo el territorio porque muchas comunidades todavía no tienen suficiente capacidad de tratamiento.
¿Cómo va a influir la entrada en vigor de la Directiva sobre el Tratamiento de Agua Residuales Urbanas (TARU)?
El impacto va a ser importante porque actualmente las empresas no están 100% preparadas para asumir determinadas exigencias y los plazos de adaptación son muy ajustados.
La transposición de esta directiva implica un gran reto de gobernanza y un importante desafío económico, ya que será necesario hacer una gran inversión para renovar las infraestructuras o construir nuevos sistemas de aguas residuales que puedan realizar tratamiento cuaternario, que en España a día de hoy prácticamente no se hace. De hecho, será necesario contar con ayudas que permitan la adaptación, porque no todas las compañías van a tener capacidad de hacerlo con recursos propios.
Estoy convencido de que la aplicación definitiva de la directiva va a suponer un punto de inflexión porque va a impulsar la adopción de cambios necesarios para hacer un uso de las aguas residuales diferente, y esto es algo muy positivo que aportará beneficios tanto a los ciudadanos como al sector del agua en general.
¿Puede generarse un proceso de concentración empresarial para hacer frente a las exigencias del nuevo entorno regulatorio?
Ya se están produciendo movimientos en el sector que pueden estar detrás de la implantación de esta normativa y es posible que en los próximos meses este tipo de operaciones se sigan incrementando.
¿Qué efectos ha tenido en las compañías la Ley de Desindexación de la Economía Española?
Es un asunto que en su momento se resolvió mal y creo que hoy en día tendría que volver a debatirse porque sacó del mercado a muchas empresas que de otra forma todavía continuarían operando. Nosotros seguimos planteando la necesidad de crear mecanismos que permitan adaptar los contratos y también las tarifas a las condiciones que marquen la evolución del mercado.
La subida desmesurada de la energía en un momento determinado ha hecho que dejaran de ser rentables contratos que antes lo eran y no se puede abocar por fuerza a una compañía que se encuentra con una situación sobrevenida a seguir trabajando bajo las mismas condiciones. Es necesario tener cierta flexibilidad.
¿Qué potencial de negocio tiene la generación de biogás en las depuradoras para las operadoras de ciclo del agua?
Las depuradoras se están convirtiendo en biofactorías y esto genera una buena oportunidad para que el sector pueda entrar en nuevos negocios. De hecho, a día de hoy el binomio energía-residuos es casi inseparable y las exigencias de las normativas europeas están obligando a que las depuradoras cambien el planteamiento y se convierta en lugares donde producir energía, residuos que sean reutilizables y agua regenerada.
Por tanto, el papel de las depuradoras que antes únicamente era limpiar el agua y devolverla al cauce en unas condiciones razonables, hoy en día está generando nuevos productos y subproductos que pueden dar lugar a cosas muy interesantes.
La energía que se produce en la depuradora todavía no ha llegado al nivel de productividad de un negocio per se, pero muchas plantas ya producen por encima de lo que consumen y se va a seguir avanzando en este ámbito; prueba de ello es que muchos gobiernos autonómicos están apostando fuerte por el por el biogás y por el hidrógeno.
¿Qué medidas plantean para adaptarnos a situaciones de estrés hídrico que, según las previsiones, van a ser de carácter cíclico?
Precisamente, tenemos en marcha un proyecto que esperamos lanzar el próximo mes de octubre sobre la gestión de los servicios públicos frente a los momentos de crisis. El objetivo es concienciar sobre la necesidad de racionalizar la gestión hídrica y poner de manifiesto que el momento de reivindicar es cuando tienes los pantanos llenos, no cuando te enfrentas a la sequía más absoluta.
Ahora que no tenemos problema de agua es cuando hay que ponerse a trabajar para diseñar los mecanismos que minimicen los riesgos y ayuden a prevenir las situaciones de emergencia.
España es líder mundial en cuanto a regeneración y desalación de agua y cuenta con una tecnología muy avanzada que es capaz de producir agua reciclada de muy buena calidad. En este contexto, lo ideal sería que el país contase con un protocolo prediseñado que pudieran activarse en caso de emergencia. También sería conveniente adaptar la política hidrológica para asegurar un reparto de agua equitativo en todo el territorio.
