El Ministerio de Transición Ecológica y el Ayuntamiento de Madrid mantienen paralizada una inversión de al menos 1.200 millones de euros para ampliar y mejorar las depuradoras de La China, Sur y Butarque, en Madrid. Detrás de este bloqueo se encuentran las discrepancias entre los departamentos que dirigen Teresa Ribera y José Luis Martínez-Almeida para fijar el modelo para financiar las obras. La disputa está dilatando la ejecución del proyecto, que se declaró de interés general en 2009, y que de no materializarse España se arriesga a sanciones por parte de la Comisión Europea, ya que estas depuradoras, las más grandes de España y que dan servicio a más de siete millones de madrileños, incumplen la normativa comunitaria.
Las cuencas vertientes al río Manzanares (a excepción de la correspondiente a la depuradora de Sur Oriental) desaguan a través de dos grandes colectores denominados de 'margen' situados en paralelo al cauce. Las aguas residuales recogidas en el colector margen derecha se tratan en la depuradora de Butarque, mientras que los correspondientes a la margen izquierda lo son en las depuradoras de Viveros de la Villa, China, La Gavia y Sur.
La finalidad del proyecto por el que confrontan Ministerio y Ayuntamiento es proporcionar la infraestructura necesaria para el tratamiento de las aguas residuales que son conducidas a las depuradoras de China, Butarque y Sur hasta alcanzar la calidad requerida para cumplir con el buen estado de las aguas del río Manzanares, tanto en tiempo seco como en tiempo de lluvia.
La reforma de las EDARs La Chica, Sur y Butarque es un proyecto declarado de interés general
Una vez superada favorablemente la tramitación ambiental en diciembre de 2022, el Ministerio de Transición Ecológica redactó y aprobó en mayo de 2023 los anteproyectos de adecuación del tratamiento de las depuradoras de La China, Sur y Butarque, así como el anteproyecto del tanque de tormentas Sur y de los colectores asociados, con la inversión total referida de 1.200 millones de euros. Sin embargo, transcurrido casi un año, no ha habido avances en su tramitación.
"Desde entonces el Ministerio, con el objetivo de acometer cuanto antes estas actuaciones de cara a conseguir que las tres aglomeraciones depuren adecuadamente sus aguas residuales, está trabajando con el Ayuntamiento de Madrid para fijar el esquema de financiación de las mismas ya que, si bien los proyectos para reformar las EDARs (estaciones depuradoras de aguas residuales) se están llevando a cabo a iniciativa de la Administración General del Estado (AGE), debe aplicarse el principio de recuperación de costes fijado en la Directiva Marco del Agua", señalan desde el departamento de Ribera.
Este último punto implica que los costes de inversión en las obras han de ser repercutidos posteriormente en el recibo del agua de los madrileños durante los próximos 30 años. Y es aquí donde surgen las diferentes visiones. Así, el Ayuntamiento de Madrid rechaza firmar el convenio propuesto por el Ministerio de Transición Ecológica. Desde el consistorio que dirige Martínez-Almeida inciden en que en 2009 el antiguo Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, dirigido entonces por Elena Espinosa, y el Ayuntamiento, con Alberto Ruiz-Galladón como alcalde, suscribieron el Protocolo General de Colaboración 2009 para la ejecución del Plan Nacional de Calidad de las Aguas: Saneamiento y depuración 2007-2015, "por el que cada Administración tiene contraídas unas obligaciones de inversión en depuradoras; son obligaciones del Ministerio ejecutar y financiar las depuradoras", explican fuentes oficiales. E insisten: "las obras están declaradas de interés general. El Ministerio, por esta razón, se comprometió a ejecutar las obras y su financiación le compete al Estado español, no a los madrileños".
La eficiencia de los fondos
La sociedad pública Acuaes, dependiente de Transición Ecológica, es la encargada de proyectar, financiar y ejecutar las obras con fondos provenientes de la adenda financiera del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea. Sin embargo, Acuaes no podrá licitar las obras sin tener el convenio firmado con el Ayuntamiento de Madrid, que rechaza el principio de recuperación del 100% de los costes. Las tres depuradoras son gestionadas por el Canal de Isabel II, empresa dependiente de la Comunidad de Madrid.
Las discrepancias entre el Gobierno y el Ayuntamiento están provocando que se dilaten los plazos para la ejecución de una iniciativa de interés general. Por el momento, el proyecto no está elaborado, cuando debía estarlo antes de final del pasado año. Y a medio plazo, la amenaza de sanciones para España es creciente por el incumplimiento de estas depuradoras de la normativa europea en materia de aguas residuales. Por ahora, según aclara el Ministerio, "no nos consta que esté incursa en ningún procedimiento sancionador de la Unión Europea".
Transición Ecológica sí ha logrado firmar convenios con distintas entidades locales y gobiernos autonómicos en materia de agua que sí repercuten las inversiones en los recibos del agua. Así, Acuaes lo ha hecho con la Diputación de Jaén, con una inversión de 200 millones de euros, o con los Cabildos de Tenerife y Lanzarote. También tiene en curso sendos convenios con la Diputación de Sevilla y el Cabildo de Gran Canaria o en análisis con el Principado de Asturias, por un importe de 200 millones. Ahora bien, el Ayuntamiento de Madrid sostiene que, por el contrario, Acuaes también ha llegado a acuerdos en los que las entidades locales no aplican la recuperación del 100% de los costes de inversión.
Con estos convenios el Gobierno considera que se gana eficiencia en la utilización del Fondo de Resiliencia Autonómico de la Adenda Financiera en el ámbito de las Comunidades Autónomas y Entidades Locales. El Ministerio observa poco eficiente vincular los 20.000 millones de euros de este Fondo con proyectos del ciclo integral del agua titularidad de las Autonomías y Corporaciones Locales, al limitar más la escasez de recursos técnicos en dichos ámbitos que las restricciones de presupuesto. El departamento que lidera Ribera estima que el modelo más eficiente es promover convenios, de forma que el asume y financia la redacción de los proyectos y su construcción hasta la recepción final de las obras, momento a partir del cual asume su operación la la entidad autonómica o local, debiendo aplicar siempre el principio de recuperación del 100% de los costes.