El Gobierno redobla su presión sobre la dirección de Ferrovial para que rectifique en su decisión de trasladar la sede social de Madrid a Ámsterdam. La medida, anunciada por la compañía el pasado 28 de febrero, desató una ola de ataques de la primera línea del Ejecutivo, con su presidente, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, a la cabeza. Ahora, Moncloa utiliza una vía más diplomática, a través de una carta, para tratar de que el grupo de infraestructuras recule, si bien la decisión última corresponderá a sus accionistas, que votarán al respecto en la junta general de este jueves.
El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital se ha puesto en contacto con Ferrovial para recordarle que Bolsas y Mercados Españoles (BME) y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) no han identificado ningún obstáculo que le impida a la empresa cotizar en Estados Unidos sin cambiar su sede social a Países Bajos.
El Gobierno ha trasladado estas conclusiones en una carta remitida por el secretario de Estado de Economía, Gonzalo García Andrés, al consejero delegado de la compañía, Ignacio Madridejos, según han informado a Europa Press fuentes del departamento que encabeza Nadia Calviño. El Ejecutivo pretende que la empresa informe a sus accionistas en la junta sobre las conclusiones del estudio llevado a cabo por BME y la CNMV, ya que cuestionaría la motivación económica alegada por la compañía para el traslado de su sede a Países Bajos.
Asuntos Económicos también ha recordado que el análisis concluía que no existe ninguna diferencia entre países de la Unión Europea (UE) en cuanto a los requisitos de admisión establecidos por las bolsas estadounidenses a través de dual listing (cotización simultánea). "Tanto el Gobierno como la CNMV y BME estamos comprometidos y dispuestos a impulsar que las empresas españolas tengan el mejor acceso posible a dichos mercados con las acciones que sean oportunas", señalaron las mismas fuentes.
La misiva del Gobierno a Ferrovial se produce a apenas tres días de la celebración de la junta decisiva. El consejo de administración propone la fusión por absorción de Ferrovial SA por Ferrovial International, que ya está radicada en Ámsterdam, y el posterior salto al parqué neerlandés (Euronext), si bien seguirá cotizando en las bolsas españolas.
El grupo ha reservado 500 millones para compensar a los accionistas que rechacen la separación de las acciones, lo que equivale a aproximadamente el 2,5% del capital -no ampliable-. Los inversores que voten en contra tendrán un mes para ratificar su negativa, por lo que hasta mediados de mayo podría no saberse si la operación sale adelante.
Por el momento, varias asociaciones de accionistas minoritarios han mostrado su apoyo a Ferrovial, defendiendo su derecho a decidir sobre el traslado de sede social a Países Bajos, al mismo tiempo que han hecho un llamamiento a los poderes públicos para velar por el cumplimiento de la ley. En concreto, además de la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (Aemec), la asociación internacional World Federation of Investors (WFI) y la europea Better Finance han remitido un comunicado en defensa de la compañía.
Estas organizaciones han reiterado la importancia de garantizar los derechos de los accionistas como propietarios de la empresa, manifestando las ventajas del proyecto propuesto por Ferrovial. Para las asociaciones internacionales, esta propuesta de fusión transfronteriza supone "ventajas", no solo por "la mayor dimensión internacional y notoriedad" que esta operación daría a la marca Ferrovial, sino porque consideran que, con el traslado a Países Bajos, la compañía accedería "a una mayor liquidez, con una mejora de las condiciones de financiación y a una plataforma óptima para operar en Estados Unidos".
Tanto la federación europea como la internacional han subrayado la garantía de las libertades fundamentales de la UE, como son la libre circulación de capitales y la libertad de establecimiento reguladas en el Tratado de Funcionamiento de la UE, de forma que cualquier limitación de los mismos "va directamente en contra de los intereses de los accionistas de Ferrovial". También han recordado que los poderes públicos "deben velar siempre por el cumplimiento de la ley y de los derechos fundamentales europeos, que incluyen el respeto de los derechos de los accionistas y, en consecuencia, de la voluntad social de las empresas".
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