El Gobierno ha adoptado la decisión de revertir a la Administración General del Estado los 10 contratos de concesión, a través de peajes en sombra, de las autovías de primera generación que vencen en diciembre de 2026.
El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ya ha iniciado los trabajos para preparar el traspaso de la gestión de las carreteras, que fue adjudicada junto con la construcción de las mismas a empresas privadas en 2005. Esta medida está alineada con la política del Ejecutivo de no prorrogar las concesiones de las autopistas de peaje, materializada entre 2019 y 2021 con la reversión de varios tramos de la AP-1, la AP-2, la AP-4 y la AP-7. En este sentido, hace casi un año también arrancó el proceso para revertir al Estado la AP-68 Bilbao-Zaragoza, cuyo vencimiento está fijado para noviembre de 2026. Las 11 concesiones que asumirá el Estado suman una longitud próxima a los 1.300 kilómetros. Dejarán así de estar operadas por grupos privados participados por constructoras, concesionarias, fondos e ingenierías.
El Ejecutivo descarta que el pago por uso vaya a instaurarse en la presente legislatura
De acuerdo con fuentes conocedoras, el departamento que dirige Raquel Sánchez, a través de la Dirección General de Carreteras (DGC), ha comenzado a analizar las necesidades y preparar los contratos de conservación de las 11 autovías de primera generación que fueron adjudicadas para su construcción, explotación y mantenimiento en 2007 a operadores privados con un plazo de 19 años -hasta diciembre de 2026. Estas vías están concesionadas bajo un modelo de peaje en sombra, por el que las empresas financiaron la construcción y a cambio el Estado les abona un canon por ejecutar la operación y conservación durante la vida de la concesión.
Las carreteras referidas son la A-1 Autovía del Arlanzón, entre Santo Tomé del Puerto y Burgos y cuya concesión está en manos de Sacyr y el fondo Pantheon; la A-2 Autovía de Aragón, en el Tramo 1, entre Madrid y la conexión con la R-2 (DIF, Aleatica y Typsa); la A-2, en el Tramo 2, entre la conexión de la R-2 y el límite provincial de Soria y Guadalajara (Acciona); la la A-2, Autovía de Medinaceli-Calatayud (ACS), la A-2, entre Calatayud y Alfajarín (Ferrovial); la A3, entre el límite provincial de Madrid/Guadalajara y la conexión con la A-31 (FCC); la A-31 entre la conexión de la A-3 y el límite provincial de Cuenca y Albacete (FCC); la A-4 entre Madrid y la conexión de la R-2 (Roadis, Infraestructuras Conelsán y Egis Eyser); la A-4 entre Puerto Lápice y el límite provincial de Ciudad Real y Jaén (Autovía de la Mancha C.E.S.A., controlada por Aldesa, Alvac, Azvi, Sando y Airtificial); la A-31 entre el límite provincial de Cuenca y Albacete y Bonete (Autovía de los Llanos S. A., participada por Cyopsa, Sarrión, Getinsa y Visever); y la A-31 entre Bonete y Alicante (Viario 31 S. A., de Grupo Ortiz, Construcciones Rubau, Tecopsa, Lantania y Aecom-Inocsa). En conjunto, las 11 autovías, repartidas en 10 concesiones -FCC aglutina dos en una-, suman 993 kilómetros.
Pago por uso
Aunque estas carreteras se gestionan, por tanto, sin peajes para los usuarios, el Gobierno tiene decidido que, como ocurre con las vías de pago, tampoco alargará estas concesiones, cuyo coste anual para las arcas públicas se acerca a los 300 millones de euros -se incluyen en el Presupuesto para conservación del Ministerio-. La medida, no obstante, deberá ser adoptada definitivamente en la próxima legislatura por el Ejecutivo que resulte de las elecciones generales, previstas para finales de este año. El propósito inicial es que las autovías de primera generación pasen a estar bajo la órbita directa de la DGC, que instrumentaría su conservación a través de contratos con empresas privadas como ya ocurre con las carreteras que no están concesionadas.
Ahora bien, el actual Gobierno, en el marco del compromiso con la Comisión Europea, tiene en el horizonte la implantación del pago por uso en la red de carreteras de alta capacidad del Estado, y estas autovías, una vez sea efectivo, se integrarían en ese sistema. De cuándo se instaure dependerá, por tanto, el modelo por el que se regirán a partir de finales de diciembre de 2026. La Secretaría de Estado de Infraestructuras ha encargado a Ineco y KPMG la elaboración de un informe para definir, en consonancia con los ministerios de Hacienda y Asuntos Económicos, el mejor sistema de pago por uso con el que el Gobierno pretende hacer sostenible la red estatal de carreteras -en la actualidad acumula un déficit de conservación que roza ya los 10.000 millones de euros-. Por el momento, el Ejecutivo ha descartado que el pago por uso vaya a instaurarse en la presente legislatura, por lo que la decisión final corresponderá al próximo gobierno.
La Comunidad de Madrid analiza el futuro de la concesión de la Ruta de los Pantanos
Además de la reversión de las autovías de primera generación, en la próxima legislatura se levantarán las barreras de una autopista de peaje más: la AP-68 Bilbao-Zaragoza, que explota Abertis -a través de Avasa- y tiene una longitud de 294 kilómetros. Su vencimiento está fijado para el 10 de noviembre de 2026. Transportes formalizó en febrero de 2022 un contrato de servicios para redactar el estudio previo sobre análisis de distribución de demanda de tráfico tras la supresión del peaje. Anticipó así la preparación de la reversión para evitar incidencias como ocurrió con otros procesos en el pasado. En 2018 el Estado ya asumió la gestión de la autopista AP-1 de Europistas (Itínere), en 2019 de varios tramos de la AP-7 y la AP-4 de Aumar (Abertis) y en 2021 de otros de la AP-7 y la AP-2 de Acesa (Abertis). Asimismo, la Generalitat de Cataluña hizo lo propio con las autopistas de Invicat (C31, C32 y C33) en 2021. Las reversiones ejecutadas entre 2018 y 2021 han limitado la red de autopistas de peaje en España a 2.161 kilómetros, representando el 12,5% del total de vías de gran capacidad, según los cálculos de Seopan.
Las autovías de primera generación y la AP-68 suman 1.287 kilómetros que pasarán a estar gestionados por el Estado. A ellos podrían sumarse los de otras autovías de titularidad autonómica cuyas concesiones vencen en los próximos años -son 30 con más de 1.100 kilómetros y plazos entre 2024 y 2042-. La primera es la de la Ruta de los Pantanos, M-40 a Quijorna (M-522), de 21,4 kilómetros y que está operada con peaje en sombra por Globalvia. Finaliza el contrato en noviembre de 2024. El Gobierno de la Comunidad de Madrid analiza el futuro del proyecto.
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