El Gobierno de la Comunidad de Madrid invitará al nuevo contrato de concesión para la construcción, conservación y explotación de la Ciudad de la Justicia de Madrid a las empresas y UTES (uniones temporales de empresas) que mostraron interés en la primera licitación del proyecto, que quedó desierta a comienzos de noviembre pasado -tras una ampliación de la fecha original-. El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso lanzará un procedimiento negociado sin publicidad para el que aspira a que participen las seis grandes constructoras españolas (ACS, Ferrovial, Acciona, FCC, Sacyr y OHLA).
El Gobierno autonómico ha mantenido diversas reuniones en las últimas semanas con responsables de las empresas interesadas para tratar de diseñar un pliego que permita a las constructoras presentar una propuesta, después de que las condiciones de la licitación original hicieran, al menos a su parecer, inviable el proyecto. El consejo de gobierno aprobará en su reunión de este miércoles o en la de la próxima semana el nuevo procedimiento. Posteriormente remitirá las invitaciones a todos los grupos que cumplen los criterios técnicos y de solvencia para arrancar las negociaciones en firme. La ley establece que en los negociados sin publicidad han de participar al menos tres candidatos.
El procedimiento modificado elimina la obligación de incluir una empresa de seguridad
De acuerdo con fuentes gubernamentales, el nuevo pliego mantendrá las características básicas del original, con un presupuesto inalterado de 507 millones de euros para la construcción de la Ciudad de la Justicia y un plazo máximo para la operación de 40 años, de manera que el valor total se situaría en 2.848 millones. El Ejecutivo regional ha incorporado para este nuevo proceso las especificaciones técnicas que ya fue publicando en el Portal de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid durante la fase de consultas en la primera licitación y otros cambios acordados con las empresas. Entre ellos figura la supresión de la obligación de incluir en las ofertas una empresa especializada en seguridad.
Son modificaciones que impactan de manera limitada en la tasa de retorno de la inversión para las empresas. El bajo rendimiento ofrecido fue el principal motivo para que la licitación quedara desierta en noviembre. Las fuentes empresariales consultadas indican que las constructoras aceptarán participar en el proceso, si bien advierten de que las dudas respecto a la viabilidad del proyecto no se han disipado y, de hecho, hay compañías que se descartan si no mejoran más las condiciones económicas. El objetivo del Gobierno madrileño es adjudicar el contrato antes de las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo.
Las empresas que mostraron su disposición a ofertar el pasado otoño por el proyecto de la Ciudad de la Justicia, aunque finalmente no lo hicieron, fueron FCC y los consorcios formados por Acciona y ACS, Ferrovial y Sacyr, OHLA, Azvi y TIIC.
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