El concurso para la nueva Ciudad de la Justicia de Madrid ha quedado definitivamente desierto, tal y como adelantó ayer este diario. Ninguna de las constructoras que habían mostrado interés en participar presentó oferta dentro del plazo establecido por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, que concluyó en la medianoche del jueves -el pasado 20 de octubre ya había tenido que ampliarlo-. Las condiciones económicas del contrato, valorado en 2.100 millones de euros, lo han hecho inviable, a ojos de las constructoras.
Ahora, la Comunidad de Madrid, al no haber recibido ninguna oferta económica en la licitación para la construcción, mantenimiento y explotación de la Ciudad de la Justicia, "empleará los cauces legales establecidos para este tipo de circunstancias". Conforme a la Ley que regula la contratación pública en los casos en los que queda desierto un concurso público, la norma prevé la posibilidad de llevar a cabo un procedimiento negociado, siempre y cuando las condiciones esenciales del contrato no sean alteradas, como, por ejemplo, el presupuesto base de licitación.
Ante esta situación, el Ejecutivo autonómico iniciará en los próximos días los trámites legales pertinentes que permitan seguir avanzando en el proyecto. De este modo, sacará un nuevo contrato y contactará con las empresas que cumplan los criterios de solvencia requeridos -la ley fija en que sean al menos tres- para cursar invitación e impulsar así un procedimiento negociado.
